El proyecto propone penas más graves por cuatrerismo y sanciones para quienes compren, faenen o vendan ganado robado y productos de faena clandestina.
17:46 hs - Viernes 20 de Noviembre de 2026
Como productor rural, conozco de cerca las dificultades que enfrentan quienes viven y trabajan en el campo. Detrás de cada animal hay inversión, esfuerzo familiar y años de trabajo. Por eso, cuando un productor sufre el robo de su hacienda o encuentra sus instalaciones destruidas, el perjuicio va mucho más allá de una pérdida económica.
La seguridad rural tiene particularidades que muchas veces no se dimensionan desde las ciudades. En el campo, las distancias son enormes, los destacamentos policiales están lejos y los recursos, tanto humanos como materiales, son escasos. No siempre hay móviles disponibles para recorrer territorios tan extensos y, cuando ocurre un delito, la respuesta puede llegar cuando el daño ya está hecho.
El abigeato dejó de ser un simple robo de animales. Detrás de estos hechos pueden operar organizaciones que cuentan con transporte, herramientas especializadas y circuitos de faena y comercialización clandestina. El problema no termina con la sustracción del ganado: también compromete la producción, genera riesgos sanitarios y afecta a toda la cadena agropecuaria.
Abordaje de los delitos
Durante mucho tiempo, el abordaje de estos delitos estuvo condicionado por una mirada que podríamos definir como garantismo ideológico, que en ocasiones termina poniendo el foco en evitar las consecuencias penales para quien delinque, sin darle la misma dimensión a los derechos de las víctimas. Las garantías constitucionales son fundamentales en un Estado de Derecho, pero no pueden convertirse en una excusa para relativizar el delito ni para dejar desprotegidos a quienes trabajan y producen en el campo. También hay que garantizar los derechos de las familias rurales que sufren estos hechos y que muchas veces sienten que están solas frente al delito.
Tampoco podemos permitir que se utilicen argumentos vinculados al supuesto consumo de subsistencia para minimizar o justificar conductas delictivas. Una cosa es atender situaciones reales de necesidad y otra muy distinta es utilizar ese argumento para encubrir la sustracción de ganado. Hay que terminar con interpretaciones que, por considerar insignificante determinada cantidad de animales, terminan desconociendo el perjuicio que sufre el productor. En el campo, incluso la pérdida de uno o dos animales puede representar un daño económico importante.
Las cifras disponibles muestran la dimensión de esta problemática. En Santa Fe se registraron 998 legajos por abigeato durante 2023 y 2.422 ingresos por abigeato y/o delito rural en 2024. En Entre Ríos, los fundamentos del proyecto que presenté en el Congreso dan cuenta de entre 70 y 80 animales faenados en pocos meses en zonas del departamento La Paz y alrededores de Bovril. Son situaciones que reflejan el impacto que estos delitos tienen sobre los productores y las economías rurales.
El cuatrerismo en la provincia
Frente a esta realidad, presenté el proyecto de ley 6090-D-2026 para modificar el Código Penal y endurecer las penas por abigeato, contemplando las nuevas modalidades del delito y las estructuras que participan de su organización. La iniciativa establece penas más severas cuando intervienen varias personas, se utilizan vehículos motorizados, se destruyen alambrados o tranqueras y se emplean estructuras logísticas para cometer estos hechos. También propone penas de hasta quince años de prisión para las bandas organizadas dedicadas habitualmente al robo de ganado y al comercio de sus productos.
El proyecto, además, incorpora sanciones para quienes adquieran, faenen o comercialicen ganado y productos cárnicos provenientes de circuitos delictivos, sin los controles sanitarios obligatorios. También propone multas económicas significativas, que pueden alcanzar hasta quince veces el valor del ganado sustraído. Porque combatir el abigeato significa perseguir tanto a quienes ejecutan el robo como a quienes integran la cadena que permite que ese delito sea rentable. Y significa, además, proteger la salud de los consumidores.
Camino rural
Sabemos que no es posible tener un patrullero en cada camino rural ni un policía en cada establecimiento. Por eso, además de fortalecer la prevención y la investigación, necesitamos que la ley contemple esta realidad y establezca penas acordes con la gravedad de los hechos. La respuesta del Estado debe alcanzar tanto a quien ejecuta el robo como a las organizaciones que lo planifican y se benefician de él.
El campo no puede quedar a la buena de Dios. Detrás de cada establecimiento hay familias, trabajadores y productores que todos los días generan alimentos, empleo y desarrollo. Protegerlos también es defender la producción y reconocer que la seguridad de quienes viven y trabajan en nuestras zonas rurales debe ser una prioridad.
Por Francisco Morchio – Diputado Nacional por Entre Ríos
