Concejo Deliberante
Jueves 11 de Octubre de 2018

El Concejo Deliberante autorizó la construcción de barrios privados

Con el voto del oficialismo, se rehabilitó la ejecución de barrios privados en la capital entrerriana. Pese a la oposición del peronismo y otros sectores se avanzó con la iniciativa que comenzará a regir a partir de abril de 2019.

El parlamento paranaense sancionó este jueves un proyecto impulsado por la concejala María Marta Zuiani (Cambiemos) que restaura la vigencia de la ordenanza 8563 del año 2005, en sus artículos 123 a 128, derogando la ordenanza 9130/13, posibilitando de tal manera el establecimiento y/o formación de Barrios Privados y/o Cerrados y de Clubes de Campo en la ciudad de Paraná.


La medida, que entrará en vigencia el 1º de abril de 2019, fue aprobada con el voto afirmativo de los cinco concejales de "Cambiemos" (Karina Llanes, María Marta Zuiani, Carlos González, Claudia Acevedo y Emanuel Gainza); los representantes de "Paraná de Pie" (Elsa Ermácora y Santiago Gaitán) y Luis Díaz (Una – Frente Renovador), en tanto que su compañera de bancada, Silvina Fadel, no participó de la votación al haberse retirado minutos antes de la misma.


Por la negativa lo hicieron los legisladores del "Frente para la Victoria – PJ" (Sergio David Cáceres, Cristina Sosa, Stefanía Cora, Juan Enrique Ríos y Sebastián Bértoli).


Asamblea Ciudadana Vecinalista


En el espacio "Voz y Opinión Ciudadana", otorgado en el plenario de hoy a la "Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná", expusieron su opinión, contraria a la ordenanza finalmente sancionada, los arquitectos Abelardo Llosa, Mora Uriburu y Clelia Zapata.


Llosa, al sintetizar la opinión de los disertantes manifestó que "los Barrios Cerrados no son emprendimientos convenientes para un desarrollo sustentable de las ciudades, ya que fragmentan a la sociedad, tienden al aislamiento y desprecian el espacio público, cuando las ciudades del futuro deben ser ciudades abiertas, democráticas e inclusivas", para acotar que estos emprendimientos urbanísticos "no aportan a ese modelo".


Añadió que "la idea es que los mismos no proliferen, dado el escaso suelo del ejido de la Municipalidad de Paraná".


"Si tuviéramos cien emprendimientos de esta naturaleza, se agotaría el suelo disponible dentro del ejido municipal, quitando la posibilidad que el mismo quede disponible para otros tipos de uso", ejemplificó.


Llosa enfatizó que "este no es un tema menor y debió ser discutido en el contexto de una planificación urbana mayor".


Destacó que "representa un asunto importante tanto por lo social, como por lo territorial", y mencionó: "Esos son los argumentos que sostenemos, reclamando que este proyecto vuelva a Comisión, no se derogue la ordenanza 9130/13 y que apostemos a la planificación de una ciudad más integral y no con medidas tan aisladas".


Al impugnar los argumentos esgrimidos por la concejala María Marta Zuiani (Cambiemos), al sostener la iniciativa, en el sentido de que una ordenanza (Nº 9130) "en tanto de norma inferior, no puede contener preceptos opuestos al Código Civil y Comercial de la Nación", Llosa manifestó: "Entendemos que esto no es así, al tema lo hemos analizado con asesores jurídicos expertos en derecho urbanístico", acotando que "incluso dentro de la pirámide jurídica hay ámbitos de autonomía y la cuestión de las localizaciones de los usos del suelo, son parte precisamente de las autonomías municipales".


Al respecto indicó que "a esto lo reconoce la Constitución Nacional en su artículo 123 y la Constitución Provincial en el artículo 240, por lo que hay que distinguir claramente -advirtió- lo que es la figura jurídica del Conjunto Inmobiliario, de lo que son los Barrios Cerrados".


A renglón seguido, puntualizó que "el Conjunto Inmobiliario es una figura jurídica que crea el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y que se puede aplicar a un Barrio Cerrado, a un Cementerio, a un Parque Empresarial y a diferentes tipos de uso del suelo".


"El municipio es quien tiene reservada la facultad de regular los usos de ese suelo y al decir que no permite Barrios Cerrados o un Parque Empresarial, lo que está haciendo es regular esos usos, no se está oponiendo a la figura del Conjunto Inmobiliario", aseveró.


El representante de la "Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná" se preguntó finalmente a quién beneficia la derogación de la ordenanza 9130, cuáles son los intereses que busca defender y en qué aporta dicha medida a superar el contexto de crisis económica y social del país.


"Seguramente no son los intereses de la mayoría de los habitantes de Paraná y mucho menos, los de las generaciones futuras como exige el paradigma del desarrollo sustentable", concluyó.


Opinión de la concejala Cristina Sosa


La referida edila del "Frente para la Victoria" ingresó en el plenario de este jueves un proyecto proponiendo el retorno a Comisión del proyecto de ordenanza finalmente sancionado, con el propósito de ampliar la participación de entidades profesionales, universidades y ciudadanía en el debate del tema.


En su exposición de motivos, Sosa afirmó que la ordenanza 9130, sancionada en la gestión municipal anterior, "tiene que ver con una política de desarrollo urbano, con una concepción ideológica, evitando que Paraná tenga ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, con una cuestión de densidad poblacional y dimensiones del suelo".


Precisó que "cuando uno habla de Barrios Cerrados, habla de una alta dimensión del suelo para una baja densidad poblacional, en resumen –dijo- de mucho suelo para pocos".


Al cuestionar la iniciativa de Zuiani manifestó que la legisladora oficialista "pone por sobre la facultad del gobierno municipal una disposición del Código Civil y Comercial de la Nación, que si bien habla de los Conjuntos Inmobiliarios, no le está indicando al estado municipal que tiene que aplicar la misma, pues quien define y aplica las políticas relativas al uso del suelo y habitacional de la ciudad, es el municipio".


"Nosotros queremos hacer respetar esa jerarquía normativa y en cuestiones que son trascendentes para la ciudad, ya que no podemos hablar de la derogación de una ordenanza (Nº 9130), cuando no hemos definido el desarrollo de hacia dónde va Paraná, a qué desarrollos aspiramos y qué ciudad queremos", enfatizó.


En este sentido, la legisladora local criticó que no se haya avanzado "un ápice en el Código Urbano de Paraná", para interrogarse luego: "En el marco de qué vamos a derogar una norma", aclarando que "no es cierto que la Comisión de Código Urbano haya pedido la derogación de la mencionada ordenanza".


Sosa lamentó que se haya obviado "la participación ciudadana en esta cuestión, ya que nuestra comunidad tiene mucha sabiduría y experiencia que pudo haber aportado al respecto".


Al rematar su posición desde la banca, dejó latente un interrogante respecto de los "intereses" a los que eventualmente podría beneficiar la norma aprobada.


Fundamentos de la concejala Zuiani, autora del proyecto


En el marco del encendido y largo debate, la concejala Zuiani fundamentó su iniciativa y refutó afirmaciones volcadas desde la oposición.


Comenzó su exposición leyendo la opinión del director de Asuntos Jurídicos del Concejo Deliberante de Paraná, Dr. Abel Lipschitz, que avala los fundamentos de la ordenanza que restituye la habilitación para la construcción de los Barrios Cerrado y/o Privados y de Clubes de Campo en esta capital.


Luego y respondiendo a las críticas vertidas desde la oposición del "Frente para la Victoria – PJ", sostuvo: "Todos los temas vinculados a las ciudades que queremos y demás, debieron haberse planteado en el Congreso de la Nación en oportunidad de tratarse el Nuevo Código Civil y Comercial, donde el Frente para la Victoria tenía mayoría parlamentaria, y dar la discusión para que esto no fuera incluido como un derecho real", reafirmando que el FpV "convalidó la sanción" del Código.


Zuiani puntualizó: "Una normativa municipal no puede ir en contra de la legislación de fondo, como bien lo dice la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este cuerpo legislativo, y todas las personas que trabajaron en la provincia en esta temática".


La presidenta de la Comisión de Legislación e Interpretación del Concejo Deliberante de Paraná, trajo como ejemplo en su exposición los decretos y resoluciones "en los que el gobernador (Gustavo) Bordet dice que es necesario hacer la adecuación de toda la normativa provincial (al Nuevo Código Civil y Comercial) e invita a los municipios a que hagan el reconocimiento de estos derechos reales".


En respuesta a los interrogantes formulados por la legisladora opositora Cristina Sosa sobre los intereses a los que respondería la restitución de los barrios privados, reafirmó: "Acá es el gobernador de la provincia quien está diciendo que hay que hacer el reconocimiento de los derechos reales en todo el ámbito territorial" de Entre Ríos.


Por último, Zuiani dijo mostrarse sorprendida al escuchar que lo que se pretendía eran "negocios", y aclaró: "Nadie está detrás de esto, más allá de los presentantes del proyecto".


Posición de la viceintendenta Etienot


La presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, viceintendenta Josefina Etienot, también sumó su opinión en el debate y al tomar el uso de la palabra desde el estrado expresó que "hubiera sido éste un tema para abrirlo a una audiencia pública, con el propósito que todos participen y opinen".


Al salvar la responsabilidad institucional del Concejo Deliberante, indicó que "la responsabilidad personal del director de Asuntos Jurídicos (del cuerpo legislativo), es una opinión personal del funcionario".


Yendo a lo medular de la discusión, reflexionó que "ni el gobernador (Gustavo) Bordet, ni quien da la opinión jurídica por el gobierno provincial, ningún abogado, ni ningún ciudadano del país, puede pensar que no haya que adecuar la legislación a los nuevos derechos", para aclarar a continuación: "Pero son derechos, no son obligaciones y eso es lo que se está discutiendo hoy acá".


Etienot formuló en la ocasión un llamado a la responsabilidad que tiene dicho cuerpo de concejales, que -dijo- derogó el Código de Edificación y tiene un compromiso con la sociedad.


"Este mismo cuerpo el año pasado quería vender a la empresa ERSA siete hectáreas y media del Parque Botánico sin un plan, y este mismo cuerpo ahora habilita un Barrio Cerrado, que posiblemente no está mal", manifestó.


Pero a renglón seguido y sobre este último tema, recordó que el artículo 2.075 del Código Civil y Comercial dice que "todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los Conjuntos Inmobiliarios se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción y en su artículo 2.079, expresa que la localización de los Conjuntos Inmobiliarios depende de lo que dispongan las normas provinciales y municipales aplicables".


Etienot consideró como una irresponsabilidad que sin un plan y sin un Código de Edificación que sustituya al que está gestión derogó, "se esté pensando en derogar otras normas, sumado a la incoherencia que ello significa".


Recordó que la Constitución Provincial reconoce como un derecho la participación ciudadana, entendiendo que si se va a decidir sobre el terreno de los paranaenses, "sería muy interesante que esto se incluya, para poder tratar y pensar entre todos una ciudad que sea inclusiva".


"Es función del estado generar que haya un espacio para todos, en esta cancha que está limitada en su superficie", enfatizó Etienot.


Propuso finalmente "la maduración de esta idea para los vecinos de Paraná y aventando cualquier sospecha sobre este cuerpo, tomar el tiempo necesario para ello y que el proyecto vuelva a Comisión".


Al concluir sus palabras, un cerrado aplauso por parte de los representantes de la "Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná", presentes en el recinto, rubricó los conceptos vertidos por la viceintendenta.


Aclaración del concejal Enrique Ríos


El concejal Enrique Ríos, quien no había asistido a la sesión por estar recientemente operado, estuvo presente en la votación de esta ordenanza, la cual no acompañó.

Luego de la sesión, el legislador explicó: "Fui a votar para no ser responsable de esta sanción, contraria al desarrollo urbano integral equitativo e inclusivo de la ciudad".

"No obedece a un perfil de desarrollo urbano integral y fue hecho sin la plena participación ciudadana. Tirando por tierra el principio de la construcción colectiva de la ciudad: entre todos y para todos", concluyó el edil.



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