Senado
Martes 22 de Mayo de 2018

Distribuidoras de gas natural no podrán cortar el servicio por falta de pago

El defensor del Pueblo de Paraná valoró la medida, que regirá por 90 días. El impacto de los aumentos se sentirá en las boletas que llegarán en julio

Mientras se debate en el Senado de la Nación la suspensión de los aumentos de tarifas de servicios públicos, y la exigencia de retrotraer los valores a noviembre de 2017 –que ya tiene media sanción de Diputados–, un fallo judicial ordenó a las distribuidoras de gas no cortar el servicio por falta de pago.
La medida de un juez federal de la ciudad bonaerense de Dolores, Alejo Ramos Padilla, tiene efecto en todo el país. El magistrado hizo lugar ayer a un amparo colectivo.
La resolución dispone "como medida cautelar interina, que todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago".
"A tal efecto, la comunicación de esta decisión deberá ser llevada adelante por Enargas", el organismo que controla la prestación del servicio, argumentó el magistrado en su fallo.
La medida tendrá una vigencia de 90 días hasta que se presenten el Gobierno y el organismo de control para debatir sobre la cuestión de fondo.
El defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, confirmó ayer a UNO que en el planteo formulado por Consumidores Argentinos –una asociación para la Defensa, Educación e información de los consumidores–, participó uno de los letrados del organismo local, que también integra esa institución. "El amparo –dijo Garay– se realizó por esta vía, ya que no es posible interponer a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que está acéfala. Entonces, para evitar que el reclamo no prospere por argumentos de falta de competencia, se encaminó a través de esa asociación de consumidores".
Para Garay, el fallo es claro y contundente y estrecha cualquier margen de reacción o apelación del Gobierno.
"Esto, para que tenga efecto, tiene que notificarse a todas las partes. La medida judicial se conoció en las últimas horas, y por eso como Defensoría vamos a pedir que se notifique a todas las distribuidoras. Entendemos que se instrumentará a través del Ente Regulador de la Energía, sería lo más lógico", contó.
De todos modos, el defensor del Pueblo lamentó que se judicialicen estos temas. "Es una lástima que la Justicia deba intervenir en estos temas, que deben tener resolución política. La realidad es que la gente no está pudiendo pagar los aumentos tarifarios, no es que no quiere pagar", indicó a propósito de lo que viene sucediendo hace un par de meses con las facturas de energía eléctrica.
En el caso del gas natural, dijo que en estos días están empezando a llegar las boletas con el aumento de abril, pero no hubo consumo significativo en los hogares. Pero en realidad, los consumidores notarán claramente los incrementos a partir de julio, cuando se distribuyan las facturas con los meses de mayor consumo.
Este exponencial incremento de las tarifas de los servicios públicos, a su criterio, no debería ser resuelta en el Congreso, sino por intermedio del Ejecutivo nacional, en el marco de una convocatoria a un ámbito donde participen las secretarías de Energía de todas las provincias, los municipios y las instituciones de defensa del consumidor. "Si no lo resuelve la política, irá todo a la Justicia. Si hay que subsidiar algunos servicios, se deben subsidiar", y acotó: "Esta situación perjudica a todo el sistema, a las propias distribuidoras y a los consumidores, que no pueden pagar. Es como ya dijimos, las audiencias públicas fueron mero formalismos, donde no se atendieron las verdaderas necesidades y situaciones", explicó.
En relación a la instrumentación de los cortes de gas, a diferencia del servicio eléctrico que se produce inmediatamente con el quite de un medidor, ocurre que hay otra realidad técnica.
"Cuando se corta el servicio de gas, posteriormente se demanda una nueva verificación técnica, cambio de instalaciones, lo que hace más conflictiva la situación", indicó.

Detalles
La resolución del juez Padilla se fundamentó en la necesidad de "garantizar elementales situaciones vinculadas al acceso a este servicio público y –de este modo– proteger a los sectores más vulnerables que se pudieron haber visto afectados por el posible actuar ilegítimo del Estado".
La Asociación de Consumidores Argentinos, en su presentación, pidió declarar la "inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de gas", junto con "la suspensión de la aplicación del nuevo cuadro tarifario",
La entidad solicitó también que se "ordene al Ministerio de Energía y Minería de la Nación que convoque a audiencia para fijar el valor del gas en punto de ingreso al sistema de transporte".
El magistrado adhirió al dictamen del agente fiscal, quien se pronunció a favor de la intervención de la Justicia Federal.

Un aumento tras otro, con fuerte impacto social

La ola de aumento de la tarifa de gas comenzó a fines de 2017. Al 20% del piso mínimo establecido en diciembre se sumó otro incremento que rige desde abril, del orden del 40% para los distintos tipos de usuarios.
En el caso del gas natural, la tarifa está compuesta por el costo de extracción de gas en boca de pozo, el transporte, la distribución y la carga impositiva. En los últimos meses se han ido realizando las audiencias, por cada una de ellas, por lo que resulta imposible para el consumidor dimensionar o medir cada autorización de aumento hasta que no recibe la boleta.
Lo que está claro es que en dos años la tarifa ya aumentó un 200%, y en las boletas de julio las últimas subas autorizadas mostrarán el impacto de las variaciones tarifarias dispuestas por el Gobierno durante el verano. Será similar a lo que está sucediendo ahora con la luz.

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