Si bien trascendió que el gobierno Nacional interrumpió el pago a prestadores del programa Incluir Salud, cuyos beneficiarios son personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas, algunas provincias lo desmintieron. Consultada sobre el tema, Paulina Pérez Fortunato, presidente de Apana, aclaró: “La verdad es que actualmente, al menos en nuestra institución, no estamos teniendo problemas con Incluir Salud. El 5 de enero recibimos el pago correctamente de diciembre y no tenemos ningún tipo de reclamo que hacer porque están completamente al día. Lo que sí nos preocupa y por lo cual todas las instituciones nos estamos comunicando, porque es algo que afecta a todas, es por el desbalance de aranceles respecto al año anterior”.
Discapacidad: pide revisar los aranceles de las prestaciones
Advierten que la diferencia entre la inflación proyectada y la suba de aranceles para prestaciones de discapacidad es de casi 100 puntos y piden actualizarlos
13 de enero 2024 · 08:31hs
Advierten que la diferencia entre la inflación proyectada y la suba de aranceles para prestaciones de discapacidad es de casi 100 puntos y piden actualizarlos
Juan Ignacio Pereira/ UNO
Piden revisar aranceles para prestaciones para personas con discapacidad.
En este contexto, el Foro Permanente Discapacidad, promoción y derechos, que nuclea a nivel nacional a entidades de las provincias que prestan servicios a personas con discapacidad, enviaron semanas atrás una nota al Jefe de Ministros de la Nación, Nicolás Posse, en la que explicaron la alarmante situación que atraviesa la mayoría, debido a los bajos aranceles que se están pagando a los trabajadores del sector. “La situación actual por la que están pasando las prestaciones requiere de una urgente revisión de la política de aranceles. De enero a diciembre de 2023 los aumentos otorgados mediante nomenclador nacional, ascienden a 120,8%. La inflación interanual hasta noviembre 2023 es de 160% y la proyectada incluyendo diciembre estará entre el 200 y 220%. La diferencia entre la inflación proyectada y el aumento de aranceles es de casi 100 puntos”, alertaron.
En este marco, remarcaron que “compete a que el Directorio del Sistema Único sea convocado, para definir la recomposición de los aranceles del nomenclador nacional”, solicitando una reunión para trabajar articuladamente, sin respuesta todavía.
Al respecto, Pérez Fortunato confirmó: “Estamos sufriendo mucho con el tema de los costos, de los comedores, los choferes, los transportes y demás. Tuvimos una reunión por la temática de los aranceles, que están atrasados, obviamente están muy bajos, y el personal está disconforme. Si no corregimos los aranceles estamos muy ajustados, con pagos que vienen muy atrasados en algunos casos, y se nos hace muy difícil la situación a las instituciones que no tenemos ningún tipo de soporte ni asistencia del Estado, como la nuestra, que somos principalmente una asociación de padres”.
“Los salarios de los docentes de verdad son muy bajos. Esto se da a nivel general, en la provincia y el país, y ellos son personal que trabajan con chicos con discapacidad, que es una labor demandante. Pero si no se corrigen los aranceles, no podemos corregir el salario al docente, tampoco al profesional que tanto contención hacen y brindan apoyo a las familias. Las instituciones trabajamos mucho con las familias y hay mucho respaldo emocional, que por ahí no se ve desde afuera”, remarcó.
Con respecto a la fijación de aranceles, aclaró que “los pone el nomenclador”, y precisó: “La obra social va a abonar lo que el nomenclador indique, pero al mantener estos valores tan bajos, de verdad que se nos hace cuesta arriba a muchas instituciones. Y los profesionales también están en un problema, porque nosotros tenemos que abonar de acuerdo al nomenclador. Y ellos realmente le ponen mucha garra, porque todo el cambio económico que ha habido desde septiembre del año pasado a la fecha, con la inflación, estamos en un 100% abajo, y el trabajador obviamente está muy disconforme”.
“Desde las instituciones tratamos de buscar alguna forma de que nuestras voces sean escuchadas, para que nuestros trabajadores, nuestros profesionales, como son los docentes, trabajadores sociales, enfermeros, profesores de educación física, de arte, de música y demás, puedan equiparar sus ingresos”, añadió.
Acto seguido, reflexionó: “Hay que tener realmente una gran fortaleza para que el empleado entienda que no tenemos otra forma de generar dinero, y la verdad es que la inflación nos ha superado, no solamente a nosotros, sino a muchas instituciones. Muchas están teniendo grandes problemas, incluso viendo si abren o no abren sus puertas. Es difícil muy esa situación”.
Preocupación
Además del tema del desfasaje en los aranceles, Beatriz Arbasetti, integrante de la comisión directiva de la Asociación Paranaense de Síndrome de Down (Aspasid), expresó su preocupación ante las versiones que indican que el Estado interrumpa el pago a prestadores del programa Incluir Salud, ya que se trata de una población que no tiene ningún tipo de cobertura médica y necesita del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos. “Nuestra institución no tiene fondos propios, sino que se trabaja con los aportes que cada afiliado tiene de su obra social, y hay un número importante que cuenta con Incluir Salud. Si se cortan los pagos, se plantea para nosotros un problema serio. Y en el caso de los involucrados, quedarían sin cobertura tanto para los asistentes terapéuticos, los psicólogos y demás profesionales, y tengo entendido que el transporte también se vería afectado”, explicó.
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A su vez, señaló: “En Aspasid nosotros lo que ofrecemos es una formación terapéutica con una salida laboral. En otra época estábamos mejor en cuanto a financiamiento y a quienes no tenían cobertura de una obra social podíamos ofrecerles un sistema de becas, pero lamentablemente eso ya no existe más, porque la inflación nos fue afectando y en este momento no estaremos en condiciones de sostenerlo”.
“Al margen de nuestra situación institucional, hacemos votos porque ahora que se están tratando nuevas leyes se tenga en cuenta que los derechos de las personas con discapacidad, más allá de la legislación que está vigente, han sido adquiridos. Sería un retroceso espantoso que eso se pierda, porque debemos tener en cuenta que es una población que excede el 12% del total en el país, estamos hablando de más de 5 millones de personas”, dijo a modo de conclusión.