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Desalojo: Con una cuota de drama se aplicó la ley

Tras fallos judiciales y órdenes de desalojo demolieron el carribar del Parque Urquiza. En el operativo hubo momentos de tensión y el responsable intentó resistir la medida que fue ejecutada por la comuna, con el aval de la Justicia.

Martes 19 de Noviembre de 2019

A dos años de un operativo que permitió erradicar el resto de los carribares existentes en ese sector bajo del Parque Urquiza, distintas instancias judiciales y órdenes de desalojo mediante se ejecutó ayer el desalojo del local denominado Al Paso.

Desde las primeras horas de la mañana, con personal y maquinaria de la Dirección de Alumbrado Público, Arquitectura, del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, junto a la Policía y Bomberos Zapadores, se procedió al retiro de los elementos presentes en el interior del local y posteriormente a la demolición de la estructura que se había erigido ilegalmente en el lugar.

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Previamente se vivieron momentos de tensión cuando los trabajadores se rodearon de una veintena de garrafas y quemaron cubiertas, y el propietario se atrincheró con el propósito de resistir una medida judicial que ya había superado todas las instancias.

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Cuando llegaron las fuerzas de seguridad para realizar en el operativo, en el interior del carribar había cuatro mujeres, dos hombres y dos chicos. “Luego de agotado el diálogo para llevar adelante la medida del oficial de Justicia, se aprovechó un descuido donde se ingresó al salón y se logró reducir a todos los que estaban en el interior, el propietario, mujeres y niños”, explicó el jefe de la Departamental Paraná, comisario Marcos Antoniow.

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Por su parte, el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Walter Rolandelli, recordó que este litigio llevaba dos años y hoy finalmente se logró desalojar el espacio público.

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Durante 2012 y 2013 –la gestión municipal de Blanca Osuna–, la Municipalidad relocalizó el carribar en cuestión y todos los que se encontraban en el Puerto Nuevo, en la fracción de terreno del Parque Urquiza ubicada lindante a los históricos baños, frente al balneario municipal y al Club Estudiantes, en la Costanera Baja. Entonces, se les dio suministro energético, alumbrado público y redes de agua potable.

Rolandelli, tras recordar que hace dos años, a través de un desalojo administrativo, se habían retirado todos los carribares, contó que el único que se resistió al desalojo fue el propietario de Al Paso, que interpuso un recurso de amparo que fue ganado por la Municipalidad en primera y segunda instancia. Posteriormente se inició un desalojo que llevó casi dos años, que ayer, con sentencia judicial de por medio, se procedió al desalojo definitivo.

Los oficiales de Justicia y el escribano municipal constataron las cosas que había en el lugar, que se trasladaron a un depósito municipal. Rolandelli agregó que en el interior del local se hallaron diferentes productos de alimentación que carecían de las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para ser consumidos.

“El espacio público lo tenemos que liberar porque lo tenemos que disfrutar todos los paranaenses, no puede ser que a cualquier ciudadano se le ocurra poner un comercio en un espacio público, se instale y no pase nada”, mencionó por su parte el fiscal municipal Francisco Avero.

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Explicación judicial

El Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Paraná informó que en el marco del juicio de desalojo del Carribar Al Paso (“Municipalidad de Paraná C/ Núñez Hugo Alberto y otra S/desalojo” N° 19.831) llamó a audiencia con fines conciliatorios en cuatro oportunidades y que los demandados sólo concurrieron a dos de ellas, desistiendo finalmente de arribar a un acuerdo.

Se precisó que la audiencia preliminar finalizó el 19 de diciembre de 2018 y la sentencia de primera instancia fue dictada el 19 de marzo, determinando que la parte demandada no tenía derecho a ocupar el espacio público del Parque Urquiza y dándole un plazo de 10 días para desocuparlo.

Notificados de la resolución, los demandados plantearon distintos recursos e incidentes, por lo que el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones el 17 de mayo. Agotada la instancia recursiva, la Sala Segunda de la Cámara Segunda devolvió el expediente al Juzgado de primera instancia el 8 de octubre.

En ese marco se mencionó también que la Municipalidad pidió la ejecución del desalojo el 23 de octubre, pero recién se pudo efectivizar ayer debido a que el reciente paro sindical le impidió contar con personal y maquinaria necesarios para concretar la medida.

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