Narcotráfico
Sábado 04 de Noviembre de 2017

Decomisos: del mundo narco a la reutilización en la comunidad

De un total de 200 vehículos incautados, alrededor de 80 fueron entregados a entidades públicas

El artículo 39 de la Ley N° 23.737, referido a los bienes decomisados y de los beneficios económicos a que se refiere al artículo 30, explicita que "salvo que se hubiese resuelto con anterioridad, la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto" del destino de esos bienes. En 2016, a partir de una resolución del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná integrado por Roberto Lóez Arango (presidente), y las vocales Lilia Carnero y Noemí Berros, con el consentimiento del fiscal José Candioti, se dispuso que los vehículos decomisados y secuestrados en causas de narcotráfico -que se tramitan actualmente o se tramitarán- sean entregados a instituciones de bien público, como lo pueden ser las fuerzas de seguridad, las instituciones de salud y educativas y reparticiones de la administración pública, entre otras. Anteriormente se actuaba de acuerdo a la ley que establecía que esos automotores debían enviarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en definitiva terminó primando el criterio de los jueces de la jurisdicción, atento a las necesidades de la comunidad, en especial de las fuerzas de seguridad, confió una fuente con conocimiento del fuero federal. En una sentencia fechada el 11 de octubre, el TOF asumió una especie de autocrítica por la "deuda del Estado -de la que es parte el Poder Judicial- en la reutilización social de los bienes presuntamente empleados para la comisión de delitos". En otras palabras, con esta medida el sistema judicial vendría a contribuir con "una pequeña reparación del daño causado en su comisión a la sociedad en su conjunto".
Bajo esa línea de razonamiento, la Justicia reconoció la "abundancia" de vehículos decomisados y/o secuestrados "depositados al aire libre por carecer de lugares habilitados al efecto, por ser excesiva la cantidad de los mismos y por seguir acumulándose en el tiempo, lo que perjudica tanto desde el punto de vista económico como en la utilidad que pueden brindar los mismos".

Del mundo narco a bien público
Desde el momento en que se adoptó esta resolución, el Tribunal se viene ajustando a lo que dicta el artículo 23 del Código Penal que sostiene que las razones para decomisar son que el bien sea "instrumento" del delito o que sea "producto" del ilícito. Siguiendo estos fundamentos se dispondrá de la entrega "en forma temporaria y en carácter de depósito judicial".
De acuerdo a información a la que accedió UNO se pudo establecer que en los últimos tres años llevan incautados alrededor de 200 vehículos.
En una de las causas más resonantes de este año por tráfico de cocaína se decomisaron tres vehículos que , se presume, los integrantes de la organización utilizaban para el traslado de la droga: una camioneta Chevrolet S-10, una Chevrolet Meriva y un automóvil Chevrolet Onix. Es el recordado debate por los narcopolicías, una banda integrada por narcotraficantes y policías que les daban protección.
En forma paulatina, y atendiendo los pedidos de organismos públicos, el Poder Judicial entrega automotores de acuerdo a la necesidad que se desea satisfacer. Hasta el momento se entregaron 80 vehículos de diferentes marcas, modelos o características, a entidades de bien público de diversos puntos de la provincia de Entre Ríos.
"La mayor cantidad de pedidos proviene de la Policía provincial", admitió la fuente consultada por UNO.
Justamente en la última sentencia del TOF se decidió que de un total de cuatro vehículos entregados, dos fueran destinados a la fuerza policial. La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de Oro Verde, recibió un vehículo marca Iveco, modelo Daily, que fuera secuestrado en la causa Sánchez, Ramón De La Cruz y Ledesma, Cristián Jesús S/Infracción a la ley 23.737.
Los jueces también hacen ciertas salvedades, como por ejemplo, cambiar el vehículo que le había asignado a determinada dependencia policial. Así lo hizo con la comisaría 20ª del Paraje El Pueblito, Distrito Don Cristóbal 1º, Departamento Nogoyá, que pasó de la pick up Ford F100 de color blanco a tener una camioneta Volkswagen Amarok 2.0, secuestrada en la causa Kreick, Jorge Omar; Arévalo, Hugo Martín; Bisogni, Fernando Daniel; Queirolo, Gonzalo Gabriel S/Infracción 23.737.
Al margen de la Policía, las instituciones educativas u organismos estatales también son alcanzados por esta normativa prevista en la legislación. Cada móvil recibido le permite a una escuela u organismo estatal poder realizar sus tareas más elementales. Es el caso de la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 51 Gobernador Maciá, de la localidad de Maciá, Departamento Tala, que recibió vehículo marca Volkswagen Amarok 2.0 TDI, lo que dejó sin efecto la entrega de una pick up Chevrolet Silverado, color gris, se indicó en la resolución judicial. En esta oportunidad la unidad había sido secuestrada en una causa por Uso de Documento Adulterado y Falsificación de Documento Automotor.
La última entrega correspondió al Programa Provincial de Acompañamiento, Asistencia y Protección a
Testigos, Querellantes y/u víctimas Operadores Intervinientes en las Causas Judiciales contra el Terrorismo de Estado, a la cual le fue reasignada un Ford, modelo Fiesta 1.6 SE Plus Poweshift, que había sido incautado en una causa por Uso de Documento Adulterado o Falso.
Cabe destacar que de 19 solicitudes de automotores, se pudo dar respuesta a cuatro casos.

"Proveer a necesidades básicas"
El Tribunal Oral Federal es claro en cuanto a la finalidad que deberá tener el automotor, por lo cual se deberán cumplir una serie de condiciones para no incurrir en delitos estipulados en el Código Penal. "Cabe señalar que su finalidad es proveer a necesidades básicas, urgentes e insatisfechas de la comunidad, por lo que solamente se atenderán bajo la modalidad mencionada situaciones en las que se provea de forma inmediata a la reparación de tales necesidades, siendo inaceptable satisfacer con tal sistema circunstancias que apuntan a superar deficiencias o fallas en la administración y/o distribución de recursos estatales, sean estos nacionales, provinciales", se consignó.
En el escrito también se puso de manifiesto que "en caso de incumplimiento de las pautas establecidas, podrían los depositarios incurrir en el delito establecido en el artículo 263 del Código Penal que, al efecto, se transcribe: "Quedan sujetos a las disposiciones anteriores (malversación de caudales públicos) los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares".
De la misma manera se hace saber que el "Tribunal desconoce el estado en que se encuentran los vehículos secuestrados, los que deberán ser puestos en condiciones de uso por quienes los reciban y mantenerlos en las mismas hasta el momento de su oportuna devolución, en atención al carácter de depósito judicial en que se concederán los mismos".

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