La Provincia
Domingo 17 de Junio de 2018

Contratados de obra, la cara de la precarización en el Estado provincial

Radiografía de los agentes más vulnerados dentro de la administración pública. Gremios exigen que se avance en una política de regularización

Los trabajadores con contratos de obra en la administración pública entrerriana representan a uno de los sectores más precarizados dentro del campo laboral. Tanta es la informalidad en la que se desempeñan que carecen de todo tipo de derechos, que van desde la diferencia salarial con el resto de la planta permanente, la falta de obra social, la imposibilidad de acceder a licencias especiales, además se deben costear las cargas fiscales, no están cubiertos por ningún seguro de riesgo de trabajo ni de responsabilidad civil, lo que aumenta el desamparo y la flexibilidad.



Ni el gobierno ni los gremios estatales cuentan con cifras oficiales que reflejen la cantidad de trabajadores en esta situación, más allá de que ha sido una inquietud debatida en el marco de la negociación paritaria. Es una preocupante realidad que viene siendo una constante en diferentes reparticiones gubernamentales, y en muchos casos los contratados esperan muchos años para mejorar su situación de revista. "Nosotros tenemos el Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev), creado como un organismo autónomo, donde el total del personal –unas 40 personas– son contratados de obra. Están todos precarizados. En cada paritaria que vamos, en cada reunión con funcionarios les decimos que tienen que parar de crear organismos sin prever los cargos presupuestarios.


Porque después los llenan con compañeros que están en esta situación. O leyes que después no se cumplen. Hay una ley que crea el servicio de guardaparques provinciales, donde prevé una escuela de capacitación con gente armada y no tiene un cargo presupuestario, por lo tanto no puede cubrir un servicio", señaló a UNO el secretario de Organización de ATE Entre Ríos, Víctor Sartori.


El diagnóstico desde el gremio es que sostener esta figura profundiza la precarización, y aún más cuando desde hace tres años se congeló la creación de cargos presupuestarios y de leyes especiales para generar nuevos cupos especiales. "Se crean nuevos establecimientos con los mismos cargos, lo mismo pasa en Salud, con una recarga impresionante de los compañeros que están trabajando.


Se enfrenta la situación de emergencia con los compañeros que están contratados de obra", advirtió el integrante de la cúpula sindical. El gobernador, Gustavo Bordet, insiste en que en su gestión "los trabajadores no serán la variable de ajuste", pero como contrapartida en algunas dependencias hay agentes que llevan más de 10 años con la modalidad de contratados.


"Hay dos formas de solucionarlo; una, que es la que correspondería, es que el Estado cree los cargos que se necesitan, que se determine cuáles y cómo son las plantas, de acuerdo al servicio que se preste, y desde ahí comenzar a regularizar. Y la otra, es que a través de la modificación paulatina de la planta, que se dé a partir de los que se van jubilando, por renuncias o la muerte, vaya habiendo corrimiento de los contratados de servicio a planta permanente y contratados de obras que pasen a ser contratados de servicios. Pero esto no se está dando", graficó el dirigente.


Sartori dijo que la demanda por un avance en la regularización de este universo de trabajadores está siempre en la agenda de encuentros con el gobierno, sobre todo por el estado de vulneración y desamparo en que se encuentran. "Son muchas veces los que soportan la carga más pesada. Son los que se pueden sacar de encima más fácilmente, porque los que están en planta tienen estabilidad, los contratados de servicio con más de un año de antigüedad pasan a estar regularizados.


En los últimos años los contratos siempre se vencen en diciembre de cada año y resulta que tardan entre cinco o seis meses para volver a cobrar. Una suma que es totalmente insuficiente para sostener la vida propia y la de sus familiares", advirtió Sartori. El sueldo promedio de los contratados es actualmente de 12.000 pesos mensuales, pero después del último acuerdo salarial esa cifra se elevará en julio a 15.000 pesos. En el marco de la crisis y la pérdida del poder adquisitivo, el ingreso de este sector tuvo un importante progreso en comparación con 2016, cuando percibían 4.000 pesos "Es una figura que raya el fraude laboral y que los compañeros deberían estar en planta, pedimos además de la regularización que como mínimo que perciban lo que se acuerde en paritarias para el resto de los escalafones.


En términos relativos ha sido importante la recomposición salarial de esos compañeros y que se lo ha reconocido", señaló. Denuncian precarización En un comunicado de prensa un grupo de trabajadores profesionales de la salud pública de Entre Ríos, nucleados en ATE, denunciaron "la creciente precarización laboral" por el cual alrededor de 700 profesionales de la provincia se encuentran ocupando "contratos de obra, de servicio, suplencias (extraordinarias y de cargo vacante) regímenes de programas nacionales y adscripciones ad honorem, sin lograr acceder a concursos en condiciones justas, ni ninguna forma de garantía de estabilidad a pesar de que la antigüedad en algunos casos es más de 15 años". En un mensaje dirigido a la comunidad se dejó entrever que "los profesionales quedaron excluidos de las acciones de pase a planta permanente de manera injusta y arbitraria a pesar de cumplir con todos los requisitos estipulados para dicha acción".


Las áreas donde se reclaman por reivindicaciones laborales

La mayoría de los contratos de obra del Registro Civil no son abonados desde principio de año, según la denuncia formulada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Es uno de los frentes abiertos dentro de la administración pública provincial y que no se destraba por la falta de cumplimiento del Estado ante algunos planteos gremiales. "A partir de la regularización de los contratados de servicios con la aplicación del instructivo que firmamos a fines del año pasado esperemos que se concrete el corrimiento o los cupos que se liberan por haber pasado a planta permanente los compañeros más antiguos, y sea ocupado por los contratos de obra de los agentes más antiguos", señaló a UNO la secretaria gremial de la organización, Carina Domínguez.

La dirigente puso como ejemplo lo que sucede en la Secretaría de la Producción, donde el Gobierno puso a disposición el listado provisorio y se entiende que en el corto plazo va a surgir el decreto para las designaciones, tanto para la planta permanente como de la estabilidad. "Cuando se da el hecho de la designación planta permanente y se liberan cupos de contratos de servicio, es donde queremos sumar mesas de trabajo por jurisdicción o por área. La primera etapa de trabajo debe ser utilizar esos cupos para los contratos de obra más antiguos y después hacer un plan para regularizar los casos que no van a tener respuesta", subrayó Domínguez. El impacto de la problemática atraviesa a todo el sistema público y las cifras que lo puedan reflejar todavía son inciertas, ya que al igual que ATE el gremio de UPCN también carece de estadísticas oficiales. "Muchos prestan servicios cumpliendo horarios, pero con esta modalidad que condiciona sus derechos o le pone algunos límites", señaló.




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