La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Concepción del Uruguay declaró la nulidad absoluta del decreto DEM Nº 213/2024, mediante el cual la Municipalidad de Concordia había dejado sin efecto, en sede administrativa, la incorporación a planta permanente de un agente.

El fallo remarca que, en el derecho provincial y municipal de Entre Ríos, la administración no puede revocar “por sí y ante sí” un acto administrativo que otorgó derechos y adquirió firmeza, aun cuando alegue supuestas irregularidades en su origen.

Los abogados patrocinantes del trabajador, María de los Ángeles Petit y Matías Llados, explicaron que ante cuestionamientos por razones de legitimidad, la Constitución de Entre Ríos (art. 60º) y la legislación vigente establecen que es el Poder Judicial el único competente para invalidar el acto. Por lo tanto, el municipio debió promover una acción judicial de lesividad y no ejecutar la baja de forma directa.

Conclusión sobre el empleado municipal

La Cámara concluyó que el decreto derogatorio incurrió en graves vicios de competencia y objeto, al arrogarse facultades reservadas a los jueces y vulnerar la estabilidad de los actos administrativos firmes y manda, no solo a reponer en el cargo, sino a abonar los haberes dejados de percibir con una actualización del 8% mensual más la Tasa Activa del Banco Nación desde febrero de 2024 hasta la fecha de efectiva reincorporación.

El pronunciamiento deja asentado un criterio sobre los límites de las potestades revocatorias del Ejecutivo y la plena vigencia de las garantías del debido proceso.

“Los procesos contenciosos son muy largos, recién empiezan a resolverse demandas del año 2024, pero entendemos que antes de la finalización de esta gestión, la municipalidad tendrá que enfrentar los resultados de una política de ajuste sobre el empleado público totalmente ilegitima y responder con sumas millonarias la improvisación legal del tratamiento de este tema”, expresaron.