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Comprometida situación de Ana D’Angelo por afiliaciones truchas

La excandidata a gobernadora del FAP GEN es quien firma las afiliaciones de radicales que recurrieron a la Justicia. Avanza una causa por supuesta falsificación de instrumento público.

Martes 20 de Noviembre de 2012

Raúl Alberto Acosta es afiliado radical desde 1972. Fue concejal de Nogoyá, candidato a diputado provincial suplente en la última elección y ha sido autoridad partidaria en numerosas oportunidades. Fue uno de los primeros en denunciar ante la Justicia Electoral que aparecía como afiliado al partido GEN (Generación para en Encuentro Nacional) pese a que nunca se afilió a esa fuerza.
 

Cuando concurrió a la sede judicial observó su supuesta ficha de afiliación, con una firma que no solo no era la suya, sino que además era parecida a otras fichas presentadas en su momento por el partido Encuentro Amplio Entrerriano (EAE).
 

Pasado el plazo para que las autoridades del entonces EAE (hoy fusionado al GEN de Entre Ríos) hicieran su descargo, y sin que estas se presentaran; la Secretaría Electoral le devolvió su anterior afiliación y le restituyó la antigüedad como afiliado.
 

El caso se repitió por centenas, sin embargo la Secretaría Electoral no lo denunció a la Justicia Federal, teniendo en cuenta que se trataba -al menos aparentemente- de un delito.
 

La situación fue hecha pública por autoridades del radicalismo, entre ellos el titular del Comité de Paraná campaña Eduardo Ruda, y el diputado provincial radical Fuad Sosa. Según Ruda, los afectados de los que él tiene conocimiento, son 197. Pero se estima que , en realidad, son varios más, entre ellos muchos que tal vez todavía no sepan que fueron cambiados de partido sin su consentimiento, y otros que al conocerlo volvieron a afiliarse al radicalismo sin formular denuncia alguna.

Cuestionada
Hasta ayer, el caso era motivo de comentarios de vez en cuando, como por ejemplo ocurrió el domingo 11, cuando algunos viejos afiliados radicales no se encontraron en el padrón a la horade intentar votar en la interna partidaria.
 

Sin embargo, al conocerse ayer la renuncia de la exdiputada provincial Ana D’Angelo al FAP- GEN, la fuerza política que la llevó como candidata a gobernadora en 2011, la cuestión pareció reavivarse.
 

Sucede que la exlegisladora radical entre 1999 y 2003, y luego diputada por el EAE entre 2007 y 2011, es nada más ni nada menos que quien firmó las fichas cuestionadas.
 

Las firmas que aparecen al pie de las fichas del partido EAE son justamente las de D’Andelo y del contador Santiago de León que trabajaba junto a ella en el bloque legislativo,
 

Según pudo determinar UNO, D’Angelo y De León no se presentaron a reconocer las fichas cuestionada en ninguno de los casos de personas que se presentaron ante la Justicia Electoral denunciando que les habían falsificado la afiliación.
 

El dirigente del GEN entrerriano Néstor Golpe confirmó ayer a este matutino que diariamente recibe la notificación de dos o tres ciudadanos que se presentan a la Justicia para reclamar por estos casos.
 

“Todas las afiliaciones son de los años 2008 y 2009, por lo que corresponden al partido Encuentro Amplio Entrerriano y no tienen nada que ver con nosotros. Lo que sucede es que como después nos fusionamos, esas afiliaciones aparecen ahora como si fueran del GEN”, señaló lamentando lo ocurrido.
 

“Hasta el momento tengo más de 100 denuncias de gente que dice que no se afilió a ese partido. Lo denuncian a la Justicia y citan a los que firmaron eso, que tienen un plazo para ir y decir si la ficha es auténtica o no. Al no presentarse nadie, la Justicia Electoral resuelve automáticamente anular la ficha y volverlo al partido de origen”, indicó.

Una causa en marcha
Más allá de que entiende que la Secretaría Electoral debió denunciar la situación a la Justicia Federal -y como no se hizo-, el abogado Baraldo Fernández se presentó ante los tribunales federales denunciando lo que su criterio son graves delitos.
 

Según pudo establecer este diario, la denuncia de Fernández originó una causa que fue elevado a la Cámara de Apelaciones para que resuelva sobre la competencia, entre la Justicia Federal ordinaria y la Justicia Electoral.
 

Fernández, que es autoridad del GEN a nivel nacional, dijo que presentó la denuncia como abogado (al conocer la presunta existencia de un delito) y como afiliado al GEN. “Nosotros estamos en el GEN porque creemos que es una nueva forma de hacer política y no podemos tolerar entonces estos hechos, que claramente no son de la nueva política”, indicó el letrado que se excuso de opinar sobre las declaraciones de D’Angelo luego de renunciar al FAP GEN. Una vez que se resuelva la competencia, se presentará como querellante en la causa.

Dichos polémicos
Los dichos de la exlegisladora causaron malestar entre los radicales. “Nos metieron en ese partido de prepo. Es una falta de respeto y ahora sale a decir que la gente no sabe a qué partido está afiliada. Sabemos perfectamente a qué partido estamos afiliados y que se cometió un delito”, indicó Raúl Acosta.
 

En la UCR son varios los que siguen con atención el trámite judicial.

Pasa siempre
Al referirse a la denuncia en su contra, la exdiputada D’Angelo dijo que “muchas veces pasaron estas cosas”, porque “nadie sale a ver si esa persona se afilió cuando vienen con una parva de fichas. Las autoridades partidarias firman y le ponen un sello y la mandan la Justicia y nadie sabe cómo se hicieron”.
 

Luego recordó que se han hecho planteos para una reafiliación masiva en los partidos porque “todos sabemos cómo se ha afiliado gente en su momento y debe haber gente que ni sabe que está afiliada a un partido”.
 

En tren de relativizar la acusación, dijo que la Justicia “en vez de poner el acento en cuestiones de cuántas afiliaciones tiene los partidos, debería mirar a los partidos de los países desarrollados a ver si son democráticos”.

La denuncia del abogado Baraldo Fernández
En la presentación ante la Justicia, el abogado Fernández, tras enumerar los casos de los que tenía conocimiento directo, señala “que esas afiliaciones que fueron impugnadas, no son del GEN de Entre Ríos, pertenecen a un partido denominado Encuentro Amplio Entrerriano, que actuaba en la provincia con anterioridad a la creación y posterior reconocimiento del GEN DE Entre Ríos” y que “en noviembre del año 2010, se aprueba la fusión del GEN con el Partido Encuentro Amplio Entrerriano (...) que lleva a la fusión sus afiliados, los que por tal razón quedan en el padrón del ahora GEN de Entre Ríos”.
 

“Esta situación que se plantea, pone en riesgo y menoscaba la integridad de mi partido, pues va en contra de los principios que rigen el acta fundacional y la razón de nuestra propia esencia, de transparencia en todos nuestros actos”, aclara luego el letrado.
 

Asimismo señala que “estas acciones no se pueden ni deben dejarse pasar por alto, pues independiente a la posible comisión de delitos, que de existir deben ser castigados con el mas duro rigor, atacan en el fondo a una institución democrática, como lo es un partido político GEN de Entre Ríos”.
 

En el mismo escrito, presentado recientemente, indica que los hechos denunciados, de ser probados, estarían tipificados en el artículo 292 del Código Penal “pues las fichas de afiliación, al ser un instrumento reglado por la Ley Electoral, adquieren la naturaleza de Instrumentos Públicos, por lo tanto; cualquier acto que altere esa naturaleza cae en la esfera del tipo penal mencionado. Y se agravaría pues la afiliación es una manifestación pura de la voluntad. En el caso concreto, de comprobarse los hechos denunciados como ilícitos, cosa que a mi entender ya está probada, por la presentación que hacen los afectados y obran en los expedientes en tramite, esta voluntad fue viciada dolosamente, lo que agotaría la intención material e ideológica que requiere el tipo penal; completando la culpabilidad con el dolo directo”, explica.
 

De probarse lo denunciado y ser actos ilícitos, “los hechos estarían concursando por otro delito que es suplantación de identidad, habida cuenta que alguien tomó una identidad ajena y la utilizó para su beneficio, sin el consentimiento expreso de la persona. Esto, de ser así, es punible”, concluye el letrado.

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