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Ciudades del país denuncian el despojo del borde costero

La lucha desatada en Paraná encuentra un eco generalizado. Ningún particular o propietario está autorizado a impedir el ingreso a las márgenes de los cursos de agua, pero algunas concesiones precarias se hacen permanentes y sobreviene la usurpación

Lunes 26 de Noviembre de 2012

Tirso Fiorotto/De la Redacción de UNO
tfiorotto@unoentrerios.com.ar

Despejar la costa, de eso se trata. Recuperar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los ambientes costeros, quitar muros, alambrados, rejas, todo tipo de obstáculos colocados por propietarios privados en muchos segmentos de los ríos de la provincia y también en otros lugares del país.


En Paraná, los vecinos que vienen de largas luchas ambientales están en estado de alerta y difunden las normas que definen con claridad la existencia del llamado camino de sirga, de 35 metros de ancho junto a la orilla.
 

Pero la disputa es severa, porque algunos particulares ya tomaron la costa, cortaron literalmente el camino, se adueñaron, y ahora en vez de esperar el desalojo, se hacen esperanzas en un proyecto que tienen en manos los legisladores nacionales para achicar la lonja a menos de la mitad: de 35 metros de ancho a 15 metros.
 

El pueblo perdería así, en manos de unos pocos, 20 metros (a lo largo de miles de kilómetros) que pertenecen a todos. Y los particulares podrían jugar allí con la altura cambiante del río para quedarse, al fin, con el acceso al río e impedir, lisa y llanamente, el paso y el disfrute de la ciudadanía de un ámbito que legítima y ancestralmente le corresponde.
 

El caso tiene aristas graves: en algunas provincias hay antecedentes de personas que fueron víctimas de homicidio, por ejercer el sencillo derecho de pescar en la costa.
 

En Paraná se constituyó la Asamblea Ciudadana “El Río es de Todos”, y está formando conciencia sobre el valor social, espiritual, histórico, económico y ambiental del camino de sirga, para el aprovechamiento múltiple y gratuito, con vistas a la comunicación, el esparcimiento, el deporte, el desarrollo de la naturaleza, por ejemplo, en miles de kilómetros en todo el país, pero más en Entre Ríos que tiene un territorio avenado por los ríos como ninguna otra.
 

Lo cierto es que la comisión bicameral para la reforma del Código Civil, que integran altos magistrados nacionales, pretende legislar bien lejos del interés de provincias con una red de ríos y arroyos. Por un lado, frente a una variedad de posibilidades, en el artículo 1974 del Proyecto restringen el interés en el camino de sirga exclusivamente a asuntos de navegación y ocultan los otros numerosos fines de esa franja. Pero además, lo reducen de 35 a 15 metros en una insólita concesión gratuita a empresarios que tienen posesiones en la costa.
 

El proyecto, en este punto, es repudiado por muchos entrerrianos, sea en organizaciones sociales como en partidos del oficialismo y la oposición.
Los integrantes de la Asamblea Ciudadana El Río es de Todos sostienen han comprobado la adhesión generalizada a lo largo de sus campañas de recolección de firmas que se oponen al proyecto. También alertan sobre un negocio inmobiliario de gran envergadura en desmedro de los intereses de todos los ciudadanos.

Son bienes públicos
La exmagistrada Laura Bertellotti de Schaller explicó que los bienes del estado tienen como atributos que son inalienables, no se pueden vender ni embargar; son imprescriptibles, es decir, el estado los puede reclamar cuando sea; y además, de uso gratuito.
 

Llevadas estas condiciones al borde costero, diremos entonces que aquellas personas o empresas que construyeron en el borde costero no tienen derecho, aquellos que alambraron tampoco, los que impiden el paso están fuera de la ley, y el estado tiene el derecho y la obligación de abrir esos pasos sin indemnización, porque en el fondo lo que hay es una usurpación.
 

Es que el estado puede haber permitido el uso de los bienes públicos en algún caso, pero siempre en forma precaria, y jamás para cerrar el paso.
Dice Bertellotti: “el uso que puede hacerse por los particulares está sujeto a la autorización que el Estado puede dar, pero ello se refiere al uso que siempre es precario o a las concesiones que se rigen por el derecho administrativo y siempre son por tiempo determinado, nunca a perpetuidad”.
 

La intendenta de Paraná, Blanca Osuna, pidió a los legisladores nacionales que están analizando reformas al Código Civil que no reduzcan el camino costero de 35 a 15 metros, como se ha propuesto.
Dijo que en esa franja el Estado tiene derechos inalienables e imprescriptibles, y sostuvo que al angostar la franja el legislador cercenaría posibilidades de uso del espacio con fines múltiples de bien social.

Restricción al dominio
En setiembre pasado, el Colegio de Abogados de Entre Ríos defendió el camino de sirga. Puede estar bajo dominio privado, pero con restricciones. Profesionales de esa institución explicaron cómo la utilidad común se impone ante el derecho de los particulares.
El defensor del pueblo de Paraná, a pedido de los asambleístas, había requerido un dictamen de los expertos y los abogados dieron la razón a los vecinos que piden que la costa ribereña esté libre de obstáculos, como manda la ley.
 

Hoy los reclamos, públicos o no, se extienden a lo largo y a lo ancho de la provincia. En la costa del río Paraná se conocen diversos ejemplos de intrusión de familias adineradas en la orilla, o empresarios inmobiliarios y del turismo que burlan las disposiciones legales.
 

Vecinos de Puerto Brugo, por caso, explicaron sus molestias por la discriminación negativa de las autoridades. “Si un gaucho hace un ranchito en la orilla lo sacan porque es lugar público, pero vienen grandes inversores, hacen obras caras y se roban la costa con anuencia de las autoridades, entonces ni siquiera se puede caminar por la arena porque ellos hacen tapiales o alambrados”, aseguró a UNO una docente de aquella localidad cercana a Hernandarias.
 

El abogado Darío Ponte Elgotas, presidente del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados, aclaró en una entrevista extensa de la agencia APF las razones del camino de sirga. “Establecemos el concepto del camino de sirga con las aclaraciones pertinentes y tomando entre la jurisprudencia consultada la doctrina vinculante de la Corte Suprema en un reciente fallo del 2009, muy extenso, concreto y analítico. El camino de sirga es una franja de terreno propiedad de ribereños. Todos los dueños de propiedades de este tipo en el país, según lo establece el Código Civil, tienen una restricción al dominio de esa propiedad”.
 

Recordó que los propietarios tienen que dejar disponible 35 metros desde la ribera, no pueden darle a esa franja ningún otro uso “que no sea el común, destinado a facilitar la navegación y flotación”.
“Si bien es parte de su propiedad, no pueden hacer uso de esa franja porque está destinada a la utilidad pública. Esa privación del uso no es indemnizable”, insistió.

Reclamos en Paraná
Uno de los fundadores de la Asamblea Ciudadana “El Río es de Todos comentó a UNO que comenzaron la movida por el borde costero hace varios meses “cuando nos enteramos de que habían colocado un cerco en toda la franja costera más o menos desde Puerto Viejo, pasando frente a la ex-fábrica de portland y llegando hasta las casas que están entre Avenida Estrada y el río como a 200 metros aguas abajo de la portland”.


“Se nos unió al reclamo bastante gente de Bajada Grande pero, como en estos casos siempre afloran intereses subterráneos, algunos aparentemente se abrieron. Entonces formamos la Asamblea y estamos en eso. El objetivo es pelearla, apuntando a la paulatina liberación del llamado ‘camino de ribera’ o ‘camino de sirga’, habida cuenta que (la intendente) Blanca Osuna proclama lo mismo. Por ahora la vemos dispuesta a actuar en contra de los intereses en juego (particulares, clubes, intereses inmobiliarios). Y lo más aberrante: muros que separan los barrios de élite de áreas marginales, provocando claras situaciones de discriminación social y privando a los vecinos hasta del derecho a contemplar el río.”
 

“El Código Civil Argentino, Ley 17711, artículo 2639 determina que los propietarios limítrofes con el río están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros de ancho hasta la orilla del mismo (camino de sirga), sin indemnización alguna y tampoco pueden realizar construcciones de ningún tipo sobre dicha franja. Por la misma ley el río pertenece al dominio público del estado nacional, es decir: es de todos y por lo tanto no se le puede prohibir a ningún ciudadano ingresar, permanecer, transitar, embarcar o desembarcar”, insistió el vecino.
 

“Esta ley está expresamente reconocida en el Código Urbano de nuestra ciudad, pero no se ha cumplido y en estos tiempos se la está transgrediendo groseramente con las construcción de tres barrios exclusivos: Amarras del Sol, de Lipschitz (un verdadero escándalo bajo protección oficial), otro pasando la Toma Vieja (Puerto Barrancas) y Puerto Urquiza donde está el cerco que mencioné al principio y donde no está claro quiénes son los propietarios e inversores. El lecho del río es propiedad pública de las provincias pero su caudal es propiedad pública del estado nacional, o sea que se está prohibiendo a los ciudadanos ingresar a lo que es de dominio público”.
 

“Estamos apoyando un tal vez utópico proyecto de aplicación rigurosa de la ley en el marco de la denominada Iniciativa Ciudadana. Este proyecto, creado por la diputada Emma Bargagna, necesita un aval de casi 4000 firmas. También hemos elevado un pedido por escrito al doctor Lorenzetti de que se revea la iniciativa de reformar el Código Civil. Hasta el presente no hemos obtenido respuesta. Nosotros vemos la necesidad también de contar con esos 35 metros como corredor ecológico, aunque sea muy angosto, de modo que la reforma daría por tierra con esa mínima posibilidad”.

Obligados a destruir
El abogado Ponte Elgotas admitió que debido a cierta modernización de la navegación, la disposición “ha caído en desuso”, pero es norma del Código Civil y “no puede ser modificada por la voluntad de las partes, porque está en juego el orden público y está para asegurar las necesidades de la navegación, pesca y flotación”.
 

Además, es público que muchos sectores defienden otros fines múltiples del camino costero, y no solo para la navegación.
“Si se da el supuesto de que alguien quiere hacer uso de esta franja de terreno legalmente autorizada, puede encontrarse con obstáculos ya sea porque los brinde el propio propietario o un tercero. Estos obstáculos deben salvarse. Se está obligado a deshacer lo hecho o destruir lo que se construyó”, dijo el reconocido experto Ponte Elgotas.
 

“La doctrina dice cuál es específicamente esta franja, dónde se empieza a contar y brinda su caracterización (no lagunas o manantiales) y que esta ‘calle’ se empieza a contar desde la ribera interna, teniendo en cuenta la normal creciente de un río”.
“Teniendo en claro cuál es esa línea y qué es lo que el propietario puede hacer, deviene el poder de policía que debe resguardar a los particulares, tanto a quien quiere hacer uso como también al propietario, protegiéndolo de invasiones, custodiando los bienes y haciendo conocer de la situación a cada ribereño respecto a esa calle pública”.
 

El profesional aseguró que nadie puede disponer de esa franja, y lo saben quienes adquieren propiedades al lado del río. Luego insistió: “está vedada para el uso de los propietarios ribereños, ellos no lo pueden usar y menos un tercero que no tiene el título de propiedad o sea una escritura pública”. Y luego, ante el conflicto desatado en Paraná, el profesional insistió: “las partes tomarán el camino que crean más conveniente a fin de que los vecinos no sean menoscabados en sus derechos. Los intereses de los particulares desaparecen porque campea la utilidad común”.

No solo de navegar vive el hombre
En una columna difundida en julio pasado, la exmagistrada y docente Laura Bertellotti de Schaller sostuvo que la ribera interior de los ríos navegables “enmarca en la categoría de bien público del Estado (Inciso. 4 del artículo 2.340 del Código Civil). ‘Las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias’.”.
 

“La ribera es la línea imaginaria que se traza en el lugar hasta el cual llegó la crecida ordinaria del río. Por lo que tanto el río y la tierra que ha sido ocupada por éste, hasta la extensión marcada por la crecida ordinaria son bienes públicos del Estado, y todo el terreno que deja el río en su bajante, hasta la línea que se traza imaginariamente en el punto hasta el que llegan las aguas en la crecidas ordinarias, pueden ser usadas por todos, por ser hasta dicha delimitación un bien público”.
 

“Además, a partir de la ribera, podemos encontrar que el terreno contiguo pertenezca a un particular, y en tal supuesto, la ley le impuso una restricción en el art. 2.639 del Código Civil. ‘Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna’”.
 

“La extensión de 35 metros desde la ribera hacia tierra firme debe estar libre de toda construcción. Tal franja si bien no es del dominio público, la propiedad del particular se encuentra afectada por una restricción a su dominio”, afirmó Bertellotti.
 

“¿Cuál fue la razón de Vélez Sarsfield de regular entre las restricciones y límites al dominio, la obligación de dejar tal camino? El Doctor Ángel B. Chávarri expresó: ‘La norma vigente (art. 2.639), no hace específica mención de que la franja esté destinada a la ‘navegación a la sirga’, aunque la ‘ratio legis’, habida cuenta de los antecedentes legislativos (existía en el llamado ‘derecho patrio’), era dicha aplicación, lo cierto es que la restricción puede interpretarse, a mi juicio, aún ‘de lege lata’, que está fundada en razones atinentes a facilitar la navegación fluvial’”.
 

Pero luego Bertellotti de Schaller mostrará que ese camino de 35 metros no debe interpretarse sólo en vistas de la navegación, o por lo menos hay diferencias en torno del uso, y aquí los entrerrianos –agregaremos nosotros- tenemos mucho que decir porque de hecho una provincia con 41.000 kilómetros de ríos y arroyos, es decir, 82.000 kilómetros de riberas, tiene especial interés que en varios segmentos de esa extraordinaria red, cuando de ríos navegables se trata, se cumpla con la legislación.
 

Sigue Bertellotti: “Lafaille señaló que tal restricción abre una vía pública, en la que se refunden los dos sistemas tradicionales, el sistema francés, es decir el camino de sirga y el destinado a los peatones, agregando luego: ‘la norma legal obedece a motivos de interés público, tanto por lo que hace al tránsito por sirga... como para la pesca y también a fin de abrir nuevas vías destinadas a la comunicación terrestre’. En igual sentido Salvat, Mariani de Vidal, Llambías y Spota”.
 

“Marienhoff sostiene que el precepto referido deviene de las Siete Partidas –que era derecho en nuestro territorio antes de la sanción del código– por lo que no se innovó en tal materia, y siguiendo al citado autor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fallo del 4 de agosto de 2009, en la causa ‘Las Mañanitas c/Neuquén, acción de declaración de certeza’ dijo: ‘en ese marco cabe poner de resalto que el Estado sólo tiene derecho a reglamentar el uso del camino de sirga con el único destino que marca la ley, que obedece a las necesidades de la navegación, de la flotación y de la pesca realizada desde las embarcaciones, es decir, en términos de Marienhoff, la ‘navegación en sentido lato’. Todo otro uso, realizado por quien no sea el propietario de la tierra, es ajeno a la institución y debe ser vedado”.
 

“En igual sentido, Borda al referirse a la restricción del art. 2.639, coincide que es a los fines de ser destinado a la navegación”.
Como puede observarse, hay estudiosos que no están de acuerdo con esa interpretación dada por la Corte.
 

Dice Bertellotti: “lo señalado demuestra que no hay absoluta coincidencia en los doctrinarios respecto de los fines que el codificador tuvo en mira al regular tal restricción –ya sea solo para la navegación o extensivo a la comunicación terrestre– permitiéndome humildemente citar a Rivera, quien pondera el elemento sociológico para interpretar la ley, como el modo de ajustar la norma a la realidad social, política, cultural, económica vigente al tiempo en que se aplica, y al respecto el doctor Chavarri sostuvo: ‘La interpretación fundada en razones atinentes a facilitar la navegación fluvial de la ley no debe hacerse sobre la base de la reconstrucción del pensamiento real del legislador en el momento en que la norma fue sancionada, sino mediante el sistema que él llamaba ‘interpretación sistemática actual’, consistente en una operación de construcción dogmática, extraída de la totalidad contextual del ordenamiento. Con ese método, podemos afirmar que en la realidad actual, la obligación de dejar una calle a la vera del río navegable, se justifica en razón de su conveniencia para la comunicación entre los lugares que se escalonan a lo largo del trayecto, la facilitación del acceso, el permitir las operaciones de carga y descarga, permitir las labores de mantenimiento y vigilancia, etc’”.
 

Y concluye la exmagistrada: “siendo que nuestra provincia se encuentra rodeada de ríos, y en especial nuestra ciudad, que es un balcón al Paraná, resulta muy caro a todos sus habitantes que la ribera, por ser bien público del Estado esté destinado al disfrute de la comunidad toda”.

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