Incidentes en una protesta de ruralistas
Martes 28 de Noviembre de 2017

Causa tractorazo: se buscará una salida con la mediación penal

Dirigentes del campo están imputados por el delito de instigación a la violencia. La querella intentará la mediación y la defensa evalúa pruebas

La causa penal que investiga los incidentes ocurridos durante una manifestación de entidades ruralistas en Casa de Gobierno el 3 de setiembre de 2015 y que terminó con siete policías heridos tiene abiertos varios frentes. Por un lado se concretaron las declaraciones indagatorias de los cinco imputados por el delito de Instigación a la Violencia: el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), filial Entre Ríos, Elvio Guía; Atilio De Ángeli, hermano de Alfredo, senador nacional por Entre Ríos de Cambiemos; los dirigentes de la FAA distrito Entre Ríos, Alfredo Bel y Juan Echeverría; y el dirigente de San Gustavo, en el Departamento La Paz, Miguel Bowes. Todos al momento de declarar rechazaron la imputación, salvo Bowes que hizo una presentación escrita. En tanto, De Ángeli negó haber participado de la protesta.

Los ruralistas sostuvieron que en todo momento intentaron apaciguar a los productores, mientras acusaron a la Policía de tirar gas pimienta, lo que habría motivado la reacción de los manifestantes.

La investigación preliminar se encuentra en un punto de inflexión, ya que por un lado la querella expresó su voluntad de avanzar hacia una mediación penal, aunque como en todo acuerdo faltaría conocer la postura de la otra parte.

El abogado querellante y representante de los policías agredidos, Marcos Rodríguez Allende, dijo a UNO que está posibilidad siempre estuvo presente en la mesa de negociación. "En esta causa es la Fiscalía quien manda a intentar una solución alternativa al conflicto. Si ellos tienen la voluntad de reparar el daño a la institución y a las personas, se podrá alcanzar un acuerdo económico", indicó el letrado respecto de qué podría suceder.

En caso contrario, se llegará a juicio oral y público donde se ventilarán todos los elementos probatorios, tanto documentales como las testimoniales que se fueron recopilando en el legajo de investigación. "Tenemos fotos, videos y demás material que prueba las agresiones a los efectivos de seguridad", subrayó Rodríguez Allende.



Reparación del daño



La naturaleza de la reparación del daño está sujeta a un acuerdo de base económica, según se planteó desde la querella. Si bien el monto del resarcimiento monetario para los policías habría sido motivo de diferencias, el pedido de la querella apunta a que cada imputado abone la suma de 80.000 pesos, sumado a un pedido de disculpas por las lesiones y el perjuicio que esto ocasionó en los demandantes. "Dado el tiempo transcurrido se tiene que solucionar esta incertidumbre, pero depende de la buena voluntad de las partes a someterse y a acogerse a estas condiciones", consideró el penalista. Ahora será el fiscal Santiago Brugo el encargado de enviar el legajo de la causa a los representantes del instituto de mediación del conflicto.



"No nos cerramos a nada"



La defensa de los cinco imputados admitió que la mediación penal fue una alternativa que "ya se exploró" anteriormente en el proceso. Por lo pronto, los abogados pedirán la producción de nuevos elementos de prueba: buscan examinar filmaciones que se encuentran en poder de la Fiscalía, con el objetivo de establecer la presencia o no de un dirigente el día de los hechos, y quien niega haber estado ese día en Casa de Gobierno. También se quiere determinar la responsabilidad de una persona a la que se le endilgan una multiplicidad de agresiones "No nos cerramos a ninguna alternativa, pero nosotros como defensores asumimos recién hace un mes. Primero vamos a examinar esa prueba, y luego evaluaremos cuál será la mejor solución, que puede ser el juicio oral o algún acuerdo extrajudicial", señaló a UNO el abogado Leopoldo Lambruschini.


En aquella manifestación la dirigencia del campo le exigía al entonces gobernador Sergio Urribarri un paquete de medidas de salvataje para medianos y pequeños productores agropecuarios. Después de haberse reunido con el gobernador, la conducción de la FAA levantó el acampe tras la decisión de implementarse un acuerdo de asistencia conformado por un menú de medidas fiscales y un programa de créditos blandos.



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