La Provincia

Causa Harguindeguy: pidieron 25 años de prisión para dos represores

En el primer día de alegatos, los abogados Marcelo Baridón y Álvaro Piérola, representantes de César Román y Carlos Martínez Paiva, solicitaron además que la prisión sea efectiva en cárcel común. Los acusaron de cuatro delitos de lesa humanidad. Luego Guillermo Mulet, representante de Juan Carlos Romero, adhirió al mismo pedido de pena. Los alegatos continuarán este jueves.

Miércoles 28 de Noviembre de 2012

En la primera jornada de alegatos del juicio por la Causa Harguindeguy, los abogados querellantes Marcelo Baridón y Álvaro Piérola, representantes de lo testigos víctimas de Concepción del Uruguay, César Román y Carlos Martínez Paiva, solicitaron 25 años de prisión en cárcel común para los imputados Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, exmiembros de la Policía Federal Argentina. Luego el abogado Guillermo Mulet, por la víctima Juan Carlos Romero, adhirió al mismo pedido de condena y subsidiariamente solicitó 25 años para Rodríguez y nueve para Crescenzo. Los represores fueron considerados responsables de los crímenes que sufrió un grupo de estudiantes secundarios durante la última dictadura cívico-militar en La Histórica.

Tras exponer sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal –que integran Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros–, Piérola fue el encargado de pedir al tribunal que se condene a ambos represores a 25 años de prisión de cumplimiento efectivo en un instituto carcelario del Servicio Penitenciario Federal y a inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por los delitos de Asociación ilícita, Tormentos, Allanamiento ilegal de domicilio, y Privación ilegal de la libertad; este último delito agravado por su condición de funcionarios públicos, por haberse ejecutado mediante el uso de violencia y amenazas, por la condición de detenidos políticos de las víctimas y, en el caso de Martínez Paiva por haber durado más de un mes.

Para los querellantes, ambos imputados son coautores directos de los delitos mencionados, en concurso real. Además consideraron a esos crímenes como de lesa humanidad.

Por otra parte, solicitaron que se agilice la búsqueda del represor prófugo José Darío Mazzaferri, y que se remitan testimonios a la Fiscalía, con el fin de investigar si se cometieron delitos contra la integridad sexual de algunos de los estudiantes secundarios que fueron víctimas del terrorismo de Estado en Concepción del Uruguay en julio de 1976.

Mulet adhirió al pedido de pena de 25 años para ambos represores, responsabilizándolos de los mismos crímenes contra los estudiantes. Pero, sin perjuicio de ello, para el caso de que el tribunal no lo entienda así, solicitó 25 años de prisión para Rodríguez y nueve para Crescenzo, ya que este último solo fue acusado de ser miembro de una asociación ilícita en el requerimiento del fiscal que elevó la causa a juicio.

Además de Crescenzo y Rodríguez, en el juicio están acusados los exmilitares Naldo Dasso, Juan Miguel Valentino y Santiago Kelly del Moral, y los expolicías provinciales Juan Carlos Mondagón y Marcelo Pérez. Asimismo, durante el proceso falleció el exministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, y fue apartado por enfermedad quien fuera comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone.

Los argumentos


Baridón inició su exposición con una contextualización histórica, tras señalar que los imputados son los autores de allanamientos ilegales y tormentos contra sus representados.

En este sentido, señaló que los hechos ocurrieron tras el golpe de Estado de 1976, en el que se gestó un “plan para aniquilar a la subversión” aplicando el terrorismo de Estado.

“El Proceso de Reorganización Nacional convirtió al Estado de Derecho en un Estado terrorista. Y quienes tomaron el poder no hicieron reformas de leyes ni códigos, sino que mediante normativas secretas formaron asociaciones ilícitas, grupos de tareas que se abocaban a sercuestrar, torturar, y desaparecer a miles de personas utilizando recursos del Estado”, dijo y señaló que Crescenzo y el represor prófugo, Darío Mazzaferri eran integrantes activos de esos grupos de tareas.

Asimismo, argumentó que el accionar del gobierno de facto se asentó en dos directivas: “La primera fue la Doctrina de Seguridad Nacional, un concepto que los Estados Unidos impartió a los ejércitos latinoamericanos y que promovía la violación de los derechos humanos en pos de luchar contra una supuesta subversión. Se sindicaba como subversivo a cualquiera que disputara espacio en el terreno de las ideas, extendiendo exponencialmente el espectro subversivo hacia gran parte de la población argentina”, reflexionó.

Mencionó que la segunda directiva fue la Teoría de la Guerra Total, una doctrina aplicada por el ejército francés que promovía la utilización de torturas para obtener información. Especialistas franceses en guerra antisubversiva instruían a los militares estadounidenses y argentinos.
 

Destacó además que en el país se aplicó -tal como lo promovía dicha teoría- la represión organizada de acuerdo a una división del territorio en zonas, subzonas y áreas.

Para Baridón, esto demuestra la responsabilidad de los jefes militares, ya que el poder de decisión sobre cada allanamiento, detención o acción represiva lo tenían ellos. “Todo se hacía bajo sus órdenes”, dijo y trajo a colación lo dicho por el imputado Juan Miguel Valentino, exjefe del Área 223 de Gualeguaychú, quien dijo: “En Gualeguaychú mandaba yo”.

Por su parte, Piérola detalló la conformación de un grupo de tareas en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, que en julio de 1976 secuestró y torturó a un grupo de estudiantes secundarios. Esa "patota", que se hacía llamar "Los machos de la Federal", estaba integrada por el prófugo Mazzaferri, Rodríguez –conocido como Moscardón Verde– y Crescenzo. El abogado explicó que el prófugo y Rodríguez participaban siempre de las torturas, que se aplicaban en sus diferentes y salvajes métodos sobre los detenidos.

También destacó que no hubo ninguna orden judicial de allanamiento en las detenciones y que los acusados eran "concientes" de la ilegalidad de los procedimientos y por eso intentaron ocultarlos.

Por su parte, Mulet destacó que ese grupo de tareas no limitaba su accionar a Concepción del Uruguay, sino que se extendió a otras localidades de la región. Calificó a Mazzaferri como "el torturador, el que tomaba las decisiones"; a Crescenzo como "el torturador intelectual, el que los hablaba para que confesaran", y a Rodríguez como "la mano de obra pesada, el tipo que iba al frente, pateaba y golpeaba".

Destacó también que el motivo de las detenciones era la miltancia política de los jóvenes y su pertenencia a los centros de estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad y a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Los alegatos de las querellas continuarán este jueves desde las 11. En primer término concluirán las exposiciones sobre los hechos sucedidos en Concepción del Uruguay y luego se hará lo propio con los crímenes de Concordia. Para la semana que viene, el tribunal programó los alegatos de la Fiscalía.

¿Te gustó la nota?

Dejá tu comentario