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Causa Gusmán: la investigación pasa a manos de la querella

La jueza Zilli dispuso la conversión de la acción pública en privada en la causa por el homicidio de Gabriel Gusmán. La Fiscalía apelará la medida.

Viernes 23 de Abril de 2021

Elisa Zilli, jueza de Garantías N° 6 de Paraná, ordenó la conversión de la acción pública en privada en la causa por el homicidio de Gabriel Gusmán, ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, en un hecho que la familia de la víctima y los organismos de derechos humanos califican como un caso de gatillo fácil. La resolución implica que la acusación estará en manos de la querella en forma autónoma, sin intervención de la fiscalía, la cual anunció que apelará la decisión.

De esa manera, la magistrada ratificó su decisión anticipada la semana pasada, cuando emplazó por cinco días al Ministerio Público Fiscal para que informara si dispondría la reapertura de la causa, o mantendría lo resuelto el 4 de noviembre de 2020. Ese día, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull decidieron el archivo provisorio de la causa, bajo el argumento de no haber encontrado elementos para probar un accionar por fuera de la ley por parte de los dos agentes de policías involucrados, Diego Íbalo y Rodrigo Molina.

La nueva resolución de la jueza, a la que tuvo acceso UNO, ordena: "Declarar convertida la acción pública en privada en el presente proceso, en cuanto a la atribución que por el hecho se formula a Diego Sebastián Ibálo y Oscar Rodrigo Molina, conforme artículos 73, segundo párrafo del Código Penal y 210 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, quedando en consecuencia la parte querellante habilitada para continuar con la acusación en forma autónoma". También decidió "tener presente lo expresado por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que habrá de recurrir a la Alzada y asimismo la reserva formulada de recurso Federal".

Gusmán
La familia Gusmán y los organismos de derechos humanos sostienen que fue un caso de gatillo fácil. La Fiscalía tiene otra mirada.

La familia Gusmán y los organismos de derechos humanos sostienen que fue un caso de gatillo fácil. La Fiscalía tiene otra mirada.

Se trata de una decisión novedosa en Entre Ríos, puesto que permite que la investigación sea llevada adelante por la parte querellante. Este fue un pedido de los abogados de la familia Gusmán, José Iparraguirre y Lucía Tejera, quienes evaluaron esa opción como una posibilidad de sacar a la causa del estancamiento en que se encuentra a casi tres años del asesinato. En todo este tiempo, los acusados de haber disparado por la espalda a Gabriel Gusmán no fueron citados a declarar por la Fiscalía y el archivo del proceso fue confirmado por el Procurador General.

"Un logro colectivo"

La abogada querellante Lucía Tejera, en diálogo con UNO valoró lo resuelto por la jueza: "Es un logro que vivimos colectivamente, porque hubo una decisión de los organismos de derechos humanos de Paraná de acompañar a la familia Gusmán en este proceso de búsqueda de justicia". De la misma manera destacó el acompañamiento de las organizaciones sociales de la ciudad.

Asimismo, Tejera resaltó la importancia de que "se llegue a una exhaustiva investigación en hechos que involucran a las fuerzas de seguridad y en donde resulta asesinado un pibe de 20 años, como tenía Gabriel". Y valoró "la perseverancia y la paciencia de la familia Gusmán, intentando comprender los tiempos judiciales, que no son los tiempos que demanda el dolor, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho ocurrió hace tres años y jamás se llamó a indagatoria a los acusados".

La posición del Procurador

En nombre de la Fiscalía, el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, manifestó disconformidad con la conversión de la acción pública en privada y reiteró que el archivo de la causa fue por considerar que no había elementos para llamar a indagatoria a los policías sospechados del crimen.

García expresó "su oposición de manera enfática" a la posibilidad de que se haga lugar al planteo de conversión, entendiendo que ante su definición como autoridad máxima del MPF, "no es factible al Juez de Garantía ordenar la conversión". Asimismo anunció que recurriría a la alzada, dejando reserva del recurso federal. "Se trata de una situación de gravedad institucional, que hace al rol constitucional y convencional del MPF, que no han delegado, ni pueden hacerlo", expresó el Procurador según transcribió la jueza en su resolución.

Zilli no compartió lo dicho por García y, citando su anterior resolución, reiteró que no permitirle a la querella la conversión de la acción pública en privada y obligarlo a esperar que la Fiscalía reabra la causa, implica un riesgo de que se extinga la acción penal. Esto significaría "tornar en letra muerta el derecho que la ley otorga a la víctima de continuar con la acusación en forma autónoma, a su riesgo, y tomando a su exclusivo cargo impulsar el trámite del proceso". A eso sumó que "resulta difícil suponer que puedan eventualmente 'aparecer' nuevos elementos que permitan modificar el criterio sustentado por la Fiscalía".

La jueza también sostuvo que la cuestión "involucra el derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, que tienen rango constitucional por estar reconocidos en la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos)" y "deben ser entendidos como el derecho que tiene el ofendido de un delito a poder acceder a un tribunal independiente en procura de justicia".

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