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Homicidio en barrio Capibá

Causa Gusmán: fallo a favor del avance de la investigación

En un revés para la Fiscalía, que archivó la causa por el asesinato de Gabriel Gusmán, la jueza avaló que se convierta la acción pública en privada.

Martes 13 de Abril de 2021

La causa por el homicidio de Gabriel Gusmán, muerto por una bala policial en la cabeza en septiembre de 2018, se encamina salir del estancamiento en que se encuentra y podría avanzar sin intervención de la Fiscalía, luego de que la jueza de Garantías N° 6, Elisa Zilli, se pronunciara este lunes a favor del pedido de la querella de convertir la acción pública en privada. Antes de resolver esa cuestión, la magistrada pidió a las autoridades de la Procuración General de la Provincia que informen si se mantendrán o no el archivo de la causa dispuesto en noviembre.

De este modo, la causa por el asesinato del joven en el barrio Capibá de Paraná seguiría con la investigación en manos de la jueza de Garantías – ya no de los fiscales– y sería ella quien decida sobre el pedido de la querella de que se cite a declaración de imputados a los policías acusados, Diego Íbalo y Rodrigo Molina, y posteriormente se eleve el expediente a juicio.

El 4 de noviembre de 2020, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull decidieron el archivo provisorio de la causa, bajo el argumento de no haber encontrado elementos para probar un accionar por fuera de la ley por parte de los dos agentes de policías involucrados. Los abogados de la familia Gusmán pidieron la revisión de esa resolución, a lo que el procurador general Jorge Amílcar Luciano García respondió cuatro meses después, tras un reclamo de pronto despacho, confirmando el archivo.

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Acción privada

Ante eso, los abogados José Iparraguirre y Ana Lucía Tejera solicitaron que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 210 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, se resuelva convertir la acción pública en privada, asumiendo la parte querellante la acusación en forma autónoma.

En su resolución, a la que tuvo acceso UNO, la jueza dispuso: "Requerir a la Fiscalía manifieste, dentro de los cinco (5) días de notificada, y previo a declarar convertida la acción pública en privada, en relación a la atribución que por el hecho se formuló a Diego Sebastián Ibalo y Oscar Rodrigo Molina, conforme resolución de apertura de causa de fecha 25 de septiembre de 2018, si dispondrá la reapertura de la causa, o mantendrá lo resuelto en fecha 4 de noviembre de 2020 en el marco del Legajo de I.P.P. N° 87850".

Como se lee en los fundamentos, Zilli entiende que difícilmente aparezcan nuevos elementos que hagan que la Fiscalía reabra la causa, debido a que ya pasaron casi tres años del asesinato de Gabriel Gusmán y no hubo avances en la investigación, por lo que corresponde que la acusación siga en manos de la querella en forma autónoma.

Derechos vulnerados

La posición del Procurador García es que la resolución de archivo no supone un cierre definitivo del proceso con valor de cosa juzgada, y que puede ser revocada aún de oficio cuando surjan nuevos elementos probatorios. Por lo tanto, sostiene que no corresponde la conversión de la acción, porque nunca el Ministerio Público Fiscal se desentenderá de un hecho en el que se alega la vulneración de los Derechos Humanos por parte de miembros de la Policía.

Sin embargo, la jueza Zilli tuvo otra mirada. Para ella no hay obstáculo legal para dar respuesta favorable al pedido de la querella. "No comparto con la Fiscalía lo expresado en cuanto a que, al tratarse de una decisión de archivo fundada en insuficiencia probatoria y, por ello, provisoria y pasible de modificarse en caso de aparecer nuevos elementos, no corresponde la conversión de la acción".

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A criterio de la magistrada, si no se permite la conversión de la acción pública en privada y se obliga a los querellantes a estar a la espera de que la Fiscalía reabra la causa, hay "riesgo de que la acción penal se extinga". Esto "implicaría tornar en letra muerta el derecho que la ley otorga a la víctima de continuar con la acusación en forma autónoma, a su riesgo, y tomando a su exclusivo cargo impulsar el trámite del proceso", indicó.

Agregó que "resulta difícil suponer que puedan eventualmente 'aparecer' nuevos elementos que permitan modificar el criterio sustentado por la Fiscalía, no sólo en atención al tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho -cercano a los tres años-, sino también en consideración a la decisión del MPF de no continuar con la investigación y archivar el legajo, habiendo incluso ordenado restituir las armas de fuego secuestradas como así también decomisar los restantes elementos incautados, conforme los términos de la resolución de fecha 4 de noviembre de 2020".

Tras citar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), Zilli remarcó: "Se puede afirmar que el Estado debe brindarle al ofendido el efectivo acceso a la justicia y una debida protección judicial que derive en una investigación llevada adelante frente un tribunal imparcial e independiente en el marco de un proceso donde pueda ejercer plenamente su derecho a la debida defensa en juicio".

Gatillo fácil

La postura de la querella es se trata de un caso de gatillo fácil, dado que Gabriel Gusmán murió de un balazo por la espalda cuando se había entregado a la Policía. Para dilucidar qué fue lo que realmente sucedió el día 25 de septiembre de 2018, dicen los abogados Tejera e Iparraguirre, es imprescindible realizar el debate oral, porque aún si fuera legítima defensa, es importante determinar si no se trató de un exceso de la misma.

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