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Causa Céparo

Causa Ceparo: víctimas del genocidio le ponen palabras al horror

El expolicía de la provincia es juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos contra tres víctimas, durante la última dictadura.

Jueves 31 de Octubre de 2019

En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná continuó este jueves el segundo juicio a Atilio Ricardo Céparo, expolicía de la provincia, ya condenado a 11 años de prisión por delitos de lesa humanidad en 2017. En esta oportunidad es juzgado por tres casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas, mientras continúa con arresto domiciliario.

En esta tercera audiencia se escucharon duros testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado que dieron cuenta del modo en que se vivía la situación de detención en la cárcel de mujeres de Paraná, y específicamente confirmaron la metodología de hacerles firmar falsas declaraciones que luego se utilizaron para condenarlas por delitos inventados.

Céparo integraba una de las patotas de la Policía de Entre Ríos que tenía a su cargo la represión ilegal durante la última dictadura cívico militar, en coordinación con otras fuerzas. Se desempeñaba en la división Investigaciones, participó en secuestro de militantes y en centros clandestinos de detención donde se practicaba la tortura. Esto fue comprobado en el juicio que hace dos años se realizó por el caso de una víctima a quien arrestó en su lugar de trabajo, sanatorio La Entrerriana.

Ahora se lo somete a juicio por su responsabilidad en las privaciones ilegales de la libertad y la aplicación de tormentos contra tres mujeres, víctimas del terrorismo de Estado, traídas desde Neuquén a Paraná: Marta Brasseur, Cristina Lucca y Graciela López. En la primera audiencia se escucharon los testimonios de dos de ellas, quienes relataron que fue Céparo quien, mediante amenazas de nuevas torturas, las obligó a firmar sin leer una declaración que luego fue utilizada en su contra en el Consejo de Guerra, una parodia de juicio que se realizó para “blanquear” la situación de los presos políticos. En esa tarea estuvo acompañado de otro policía, Carlos Horacio Zapata, quien estuvo imputado en la megacausa Área Paraná pero falleció antes de la sentencia. Zapata era oriundo de Diamante y conocido por el apodo de “Zapatita”.

Este jueves el primer testimonio fue el de Rosario Badano, quien fue detenida el 24 de diciembre de 1975 y recién fue liberada el 17 de octubre de 1983. Sus lugares de detención fueron la Unidad Penal 6, los cuarteles del Ejército en Paraná, la Casita de la Base Aérea y el penal de Devoto. Badano, como en sus varias declaraciones anteriores, habló de los "padecimientos físicos, psicológicos y espirituales", torturas y vejaciones que debió enfrentar. "Ser sobrevivientes del genocidio nos da un plus: poder narrar lo inenarrable", expresó.

Ella contó cuando llevaron a la cárcel a las tres víctimas de este juicio, en muy mal estado y "enajenadas". Dijo: "La tortura te hace creer que la condición humana no vale nada. Ellas llegaron en un estado de deterioro pero también con una marca no visible. Esa marca nos ha costado mucho tiempo poder sanar".

Acerca de los días en la UP 6, recordó que desde el 24 de marzo de 1976 pasaron a estar incomunicadas totalmente y sin momentos de ocio. "Nos sostenía la palabra y algo de lectura. Cada hecho que pasaba era un tema colectivo y cuando sacaban a alguien era tomado con un nivel de ansiedad muy grande", afirmó. Por eso recuerda cuando sacaron a las tres denunciantes de Céparo a firmar las declaraciones que luego utilizaron para condenarlas en el Consejo de Guerra.

"Somos sobrevivientes. El testimonio lo puedo dar porque estoy viva", finalizó.

Luego fue el turno de Alicia Ferrer, detenida el 22 de agosto de 1976 y liberada recién el 13 de enero de 1984, ya en plena democracia. Alicia convivió con las tres víctimas en la UP 6 y también vio cuando las llevaron a firmar bajo amenazas. "Todas tuvimos Consejo de Guerra, que fue una gran historia que se armó en base a hacernos firmar cosas que no sabíamos qué decían", señaló.

"Esto dio lugar a que en los grandes diarios salieran las noticias de que nos habían condenado por subversivos y culpables del asesinato de Cáceres Monié y muchísimas cosas más", lamentó.

Ferrer, quien militaba en la Juventud Peronista, reflexionó sobre el final: "Todos los que éramos militantes políticos y sociales, éramos considerados subversivos, para ser perseguidos con el objetivo de poder implementar un programa económico en manos de las minorías".

Por su parte, Oliva Cáceres contó cuando fue apresada el 24 de marzo de 1976 en su casa de Diamante y separada de su hijo de solo tres meses de vida, a quien no pudo seguir amamantando. En la UP 6 se encontró con compañeras de militancia y también estuvo cuando ingresaron las tres mujeres traídas desde Neuquén en muy mal estado por las torturas. "En cada compañera que llegaba teníamos el reflejo de cómo habíamos llegado cada una y pensábamos: así ingresé yo".

"Detrás de los ojos estaba el dolor, la angustia y la desconfiaba, además de las marcas de los golpes y las torturas", resaltó.

Acerca del sometimiento a firmar bajo amenazas, dijo que fue una práctica que "se dio con ellas y con casi todos".

Cáceres hizo un llamado para que aquellos que tienen información sobre los genocidas, hagan su aporte: "Céparo puede mostrarnos quiénes fueron nuestros torturadores, puede colaborar activamente", indicó.

Genocidio misógino

El juicio también es importante porque permite dimensionar en perspectiva de género el horror del terrorismo de Estado, que además de la violencia típica hacia las personas detenidas por razones política, anexaba una violencia especial contra las mujeres. Dos de las testigos pusieron esto en palabras durante sus declaraciones, al afirmar que fueron vulneradas en su condición de mujer, mediante abusos físicos y psicológicos.

Este jueves, por ejemplo, la testigo Susana Richardet dijo: "Lo más terrible fue sentirme vulnerable como mujer". Relató que estando desnuda en la "parrilla" donde era torturada con picana eléctrica, además era humillada con burlas sobre su cuerpo y sufría manoseos. Recordó que le decían: "Decí quiénes son tus machos" y sobre eso reflexionó: "Si las mujeres estábamos en política era porque éramos la hembra de alguien".

El doloroso testimonio de Richardet también confirmó el método de las declaraciones falsas firmadas sin leer y bajo amenazas.

En la anterior audiencia declararon otras mujeres que compartieron cautiverio con las víctimas que denunciaron a Céparo, en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. Si bien estas testigos no pudieron reconocer al imputado, sí afirmaron que su nombre estaba en los comentarios de las internas de la cárcel de mujeres.

El caso

Céparo está en el banquillo como acusado por los casos de tres jóvenes docentes que fueron secuestradas en noviembre de 1976 en Cipolletti, Neuquén, y llevadas al centro clandestino de detención conocido como La Escuelita en donde fueron sometidas a torturas. Luego fueron trasladadas a Paraná, en donde se las mantuvo detenidas ilegalmente en un primer momento en la Unidad Familiar (o Casa del Director) de la Unidad Penal N° 1, para posteriormente ser llevadas a la cárcel de mujeres (Unidad Penal N° 6).

Según la acusación, estando en esas condiciones en la UP Nº 6 fueron sacadas de allí por Céparo y Zapata, quienes las obligaron a firmar una declaración que luego fue usada como prueba de cargo en el Consejo de Guerra al que fueron sometidas.

El juicio es llevado adelante por la jueza Noemí Berros, quien integra el tribunal una integración unipersonal. Para el próximo 13 de noviembre, se prevé una inspección ocular en la cárcel de mujeres, lugar donde ocurrieron parte de los hechos investigados.

Los alegatos de las partes, serán el próximo 21 de noviembre en el Tribunal Oral Federal de Paraná.

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