Durante estas semanas se habló muchísimo de galletitas, budines, sellos y productos de los desayunos escolares. Está bien que se discutan y se controlen. Pero hay una pregunta más importante que deberíamos hacernos: ¿qué sistema estamos defendiendo cuando nos oponemos a cambiarlo?

Durante más de 20 años Entre Ríos sostuvo un modelo descentralizado, con enormes diferencias entre escuelas y muy difícil de controlar y auditar.

El actual Gobierno no decidió cambiarlo de un día para otro. Durante más de dos años aumentó los controles, incrementó la inversión y buscó corregir sus falencias. Y llegó a una conclusión: no alcanzaba con seguir poniendo más recursos en un sistema que tenía problemas estructurales.

Esto no significa responsabilizar a los directivos. La enorme mayoría trabaja con compromiso y, además, durante años tuvo que ocuparse de comprar alimentos, buscar proveedores y administrar recursos cuando su responsabilidad principal debería estar puesta en la educación.

También se detectaron irregularidades graves que terminaron en denuncias penales. Cuando hablamos de recursos destinados a alimentar a nuestros gurises, la obligación del Estado no es acostumbrarse a que las cosas funcionen mal porque funcionaron así durante años. La obligación es cambiarlas.

Alimentación de calidad

Por eso creo que estamos corriendo el riesgo de discutir el problema al revés.

Si un producto del nuevo sistema no cumple con los estándares que debe cumplir, hay que cambiarlo. Si algo puede mejorarse, hay que mejorarlo. No hay que defender una galletita, un budín ni una marca. Hay que garantizar que todos los chicos reciban una alimentación de calidad y que cada peso destinado a ese objetivo pueda ser controlado.

El nuevo esquema, además, es mixto. Las escuelas pueden seguir incorporando frutas y alimentos frescos. La centralización busca garantizar una base común, con criterios de calidad y trazabilidad para todos.

Esa es la discusión de fondo: que la alimentación que recibe un chico no dependa de cómo se compra o se administra en cada escuela, sino que el Estado pueda garantizar un estándar para todos.

Podemos discutir cómo implementar mejor el nuevo sistema, corregir errores y exigir resultados. Lo que no podemos hacer es idealizar un modelo que sabemos que tenía serios problemas.

Cuando se trata de la alimentación de nuestros chicos, conocer las fallas y dejar todo como está sería la peor decisión.

Opinión / Carolina Streitenberger / legisladora provincial