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Carmelitas: "Tan solo con escucharnos se reparó parte del daño"

En una sentida carta una de las víctimas agradeció por el acompañamiento. Criticó la inacción de la Iglesia y valoró el rol de la Justicia al darles escucha.

Martes 02 de Julio de 2019

El juicio oral y público a la exmadre superiora del Convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Luisa Esther Toledo, dejó al descubierto un entramado de violencia y de abuso de autoridad, según expuso la acusación pública durante varias jornadas de debate. A la hora de valorar las pruebas documentales y testimoniales se puede llegar a la conclusión de que el relato de las víctimas resultó contundente, a los fines de poder establecer la responsabilidad de Toledo en los hechos denunciados. Aunque, claro está, eso quedará a criterio de la Justicia.

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En una carta que tomó estado público ayer una de las denunciantes, Silvia Albarenque, agradeció a los medios de comunicación por el tratamiento “serio y respetuoso” del caso. También se rescató el accionar de los agentes fiscales que intervinieron, tanto en la etapa de investigación como en el desarrollo del juicio.

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En el comunicado además se hace alusión a la participación de la Iglesia Católica de Paraná, sin mencionar a ninguna de sus autoridades.

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Evitar más casos

A continuación se reproduce en forma textual la carta enviada a la prensa local y de la provincia, en relación al caso que tendrá su adelanto de sentencia el viernes.

En primer lugar, Albarenque se encargó de realizar varios agradecimientos: “A la prensa en general por el trato serio y respetuoso a un asunto complejo y delicado.

Al Ministerio Público Fiscal, por ser el motor de corrección y cambio de situaciones gravísimas e injustas. En particular a los fiscales Uriburu, Molina y Taleb por su calidad técnica, pero más por su calidad humana.

A muchas personas –dentro y fuera de la Iglesia– que nos acompañaron en el dolor y la reconstrucción de nuestros proyectos de vida”.

En cuanto al accionar de la jerarquía eclesiástica manifestó que “luego de intentar –durante años– por canales eclesiásticos, optamos por informar a la prensa lo sucedido, con el único objeto de evitar que otras chicas sufrieran vejaciones similares a las nuestras: no podíamos estar tranquilos sabiendo que puertas adentro seguía todo igual”.

“Llegamos al juicio oral y público –sin constituirnos como querellantes– para permitir que sea la Justicia la que determine si las conductas endilgadas a la imputada se subsumen o no en el delito de privación ilegítima de la libertad”, confió en el escrito.

“Más allá de una sentencia condenatoria o absolutoria, sabemos –y la inmensa mayoría de la opinión publica sabe– que lo que relatamos es veraz y bien intencionado”.

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