Se desarrolló la tercera jornada del juicio oral y público contra Juan José Canosa, el expresidente de la tarjeta Sidecreer durante el período 2007-2015 que está imputado por el delito de supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. De esta manera se completó la etapa de producción de pruebas: en la audiencia de ayer la declaración de tres testigos propuestos por la defensa, mientras que los alegatos de parte fueron programados para el jueves a las 10. A lo largo del debate se pusieron en tensión dos teorías; la de los acusadores que sostienen al momento de presidir la tarjeta, Canosa era funcionario público, y esa es la explicación por la que está en el banquillo de los acusados. Para defender esa estrategia se basan en varios elementos, como por ejemplo la testimonial del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, hasta el hecho de haber presentado declaraciones juradas de su patrimonio.

Si bien los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo habían adelantado que pedirán una condena de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos, el monto de la pena dependerá de los atenuantes y agravantes que se puedan valorar en la etapa de juicio.

Canosa, que ha tenido una profusa participación en este debate, volvió a sostener su inocencia y tal como lo hizo en la apertura de las audiencias insistió con el argumento de que Sidecreer es una empresa privada y que él no revestía la condición de funcionario público.

Ante el tribunal conformado por Alejandro Grippo (presidente), Gustavo Pimentel y Alejandro Cánepa, dijo sentirse perseguido y reiteró que había sido designado por el directorio de la empresa para ejercer el cargo de presidente.

Tres testigos propuestos por la defensa cerraron la ronda de testimoniales. En primer lugar lo hizo Gabriela Vergara, gerenta general de la tarjeta; le siguió Juan Andrés Rabbia, jefe del área financiera de Sidecreer y finalmente lo hizo Laura Rodríguez, asesora legal del organismo.

Vergara protagonizó un extenso testimonio y en determinado momento los fiscales pidieron su detención por falso testimonio. "La discusión estaba dada por los expedientes de compra de Sidecreer, que forman parte del legajo judicial, y lo que decía la testigo bajo juramento. En esos expedientes de compra –a partir de los cuales se contrató a empresas de familiares de Canosa–, las invitaciones dirigidas a las firmas para que participaran de las licitaciones llevaban la firma de Vergara y del propio Canosa. Por eso los fiscales le preguntaban a la testigo si Canosa invitaba o no a las empresas a participar de licitaciones", registró el sitio Análisis Digital.