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Cannabis medicinal: Diputados dio media sanción al proyecto

Se aprobó el proyecto que regula el cultivo y la producción de cannabis con fines terapéuticos en Entre Ríos.-

Miércoles 14 de Abril de 2021

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio este miércoles media sanción del proyecto de ley por el cual se crea el régimen para el acceso al cannabis medicinal y a sus derivados. La iniciativa del oficialismo tuvo el apoyo de la oposición en la votación en general, pero hubo rechazo a distintos artículos. Ahora deberá ser tratado por el Senado.

La ley, en su artículo 1, dispone la creación del "régimen para el acceso seguro e informado al cannabis con fines médicos, terapéuticos y/o paliativos del dolor y a sus derivados, con el fin de garantizar y promover la protección integral de la salud de las personas a las que se les indique su uso para dichos fines".

La ley tiene como principal objetivo la protección integral de la salud, entendida como un derecho humano fundamental en el territorio provincial, mediante el acceso a la planta de cannabis y sus derivados.

El texto del proyecto aclara que la ley, una vez sancionada, y su reglamentación "deberán interpretarse en favor del acceso al cannabis y sus derivados con fines terapéuticos, médicos y/o paliativos del dolor" y que en caso de duda "siempre se debe garantizar" el acceso a la planta del usuario que lo requiera fundadamente.

Tendrán preferencia en el otorgamiento de las licencias de producción del cannabis medicinal las economías sociales y populares, así como también las economías regionales.

Autorizaciones

La norma autoriza a sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir cannabis y sus derivados, con fines terapéuticos, las personas que presenten indicación médica que recomiende tratamiento con este producto. Además se autoriza a "las personas humanas, que cultiven para sí o para un tercero beneficiario que acrediten la indicación médica; el Estado provincial, municipios y comunas; organismos de ciencia y tecnología dependientes de otros niveles de gobierno; laboratorios públicos; universidades públicas; centros de investigación; asociaciones civiles; fundaciones; mutuales y cooperativas; todas vinculadas a la materia de la presente ley y radicadas en la Provincia de Entre Ríos".

Quedan expresamente excluidas de la autorización las sociedades comerciales, las que sólo serán autorizadas a la producción de fitopreparados y formulaciones magistrales, como a su posterior comercialización si funcionan bajo la forma de farmacias.

La mirada opositora

El Interloque Cambiemos aprobó en general el proyecto, pero se abstuvo de votar algunos artículos y propuso modificaciones en otros. El cuestionamiento central giró en torno a “la falta de debate” y a las trabas que, según esta bancada, puso el oficialismo para que se puedan realizar aportes a la iniciativa.

La diputada Ayelén Acosta (PRO) destacó: “Acompañamos este proyecto en general porque es una ley necesaria, pero cuestionamos que no haya sido sometido a debate en la Comisión de Salud y el hecho de que el oficialismo haya decidido tratarlo con preferencia con o sin dictamen de la comisión, restringiendo de este modo la posibilidad que desde la oposición se puedan realizar los aportes que se consideran esenciales”.

Una de las críticas al proyecto en debate es que se basa en el decreto reglamentario 883/20 de Alberto Fernández, en el que se hace lugar al autocultivo: “Hay riesgos en este sentido porque este decreto excede lo que la ley habilita”.

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Acosta manifestó que en la iniciativa hay varias cuestiones que quedan en “zonas grises” y “se dejan libradas a la reglamentación”. Esto sucede sobre todo en varios artículos relacionados a los requisitos, alcances, controles, funcionamiento y licencias. Además, expuso sus dudas sobre el presupuesto con el que cuenta el Estado para que se pueda aplicar esta norma, puso el foco en la falta de opinión de entidades como el Iosper y criticó que el Gobierno termine delegando en asociaciones y cooperativas cuestiones que deberían estar a su cargo.

Luego consideró que el proyecto no deja en claro “cómo se controla la calidad del aceite de cannabis medicinal al que acceden los usuarios” y consideró que lo más importante de esta discusión es saber que “el Estado debe priorizar la salud del usuario, garantizando el mejor producto”.

Acosta también expresó sus dudas sobre los artículos vinculados al transporte y almacenamiento de cannabis y consideró que eso debe estar regulado por un “mecanismo transparente”, por lo que propuso modificaciones en ese sentido.

Más adelante la diputada sostuvo que la letra del proyecto “es confusa” en relación a las autoridades de aplicación, que son el Ministerio de Salud y el de Producción. Además, lanzó sus dudas en torno a las justificaciones que deben presentar las asociaciones para inscribirse en el registro de cultivadores y sobre “el alcance del abastecimiento solidario” de éstas.

Finalmente puso el foco en el artículo 24, que hace referencia al testeo del producto final del cannabis medicinal: “El testeo debe ser obligatorio y el Estado es el que debe realizarlo y Garantizarlo”.

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