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Cambio de perspectivas y prioridades

Un repaso de los anteriores mensajes de Bordet a la Asamblea Legislativa y el contexto particular de pandemia que marcó al de este lunes.

Lunes 15 de Febrero de 2021

La apertura del período ordinario de sesiones legislativas de ayer estuvo lejos de ser un hecho relativamente rutinario, en el cual la sorpresa podía estar dada por un anuncio específico que se hubiera reservado para la ocasión. Fue, en cambio, un momento de intentar despejar incertidumbres en un contexto que se caracteriza desde el inicio de la pandemia por la imprevisibilidad, donde cada nueva circunstancia enfrenta al gobierno de Bordet a la magnitud de lo que resultaba impensado.

Basta imaginar qué se hubiera pensado la vez anterior que Gustavo Bordet habló ante la Asamblea Legislativa en febrero de 2020, frente a la posibilidad de un año completo sin que los chicos asistieran a la escuela en la provincia. O frente a la posibilidad de que un virus causara la muerte de casi 800 personas en Entre Ríos.

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Bordet dio a la Asamblea Legislativa un mensaje marcado por el contexto de pandemia.

Bordet dio a la Asamblea Legislativa un mensaje marcado por el contexto de pandemia.

La pandemia cambió el mundo y la realidad provincial también escapa a los parámetros con los que usualmente se hubiera podido considerar este hecho, la apertura de sesiones, al igual que tantos otros.

En 2016 Bordet habló de las paritarias y del reclamo de fondos a la Nación. Dijo que sostendría el planteo a la Nación por la reposición del 15% de la coparticipación y que se buscaría el equilibrio en la discusión salarial que comenzaba.

En 2017 prometió impulsar una reforma en el Poder Judicial; afirmó que ningún trabajador ganaría por debajo de la pauta inflacionaria de ese año, justo cuando se conocía la decisión del gobierno de Mauricio Macri de no mejorar los recursos para Educación respecto del año anterior y de no abrir las paritarias. También Bordet anunció la devolución ese año de medio punto de los aportes patronales al Iosper para avanzar en la paulatina devolución de los puntos recortados por la ley de emergencia del exgobernador Mario Moine.

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En 2018 anunció la presentación de los proyectos de reforma de la ley electoral, de implementación de juicios por jurados y de modificación del funcionamiento del Patronato de Liberados, esto último como una las consecuencias del caso Micaela; además de reformas administrativas y resultados de gestión como una reducción del déficit primario del 30% respecto de 2016, sin recorte de las partidas presupuestarias.

En 2019 el gobernador valoró el desendeudamiento de la Provincia, el ordenamiento de las cuentas públicas, los resultados favorables de la inversión social y sanitaria en un contexto de fuerte ajuste nacional. “Logramos equilibrio fiscal y ampliar derechos sin recortes, sin despedir a nadie ni echarle culpas al otro”, fue una de sus frases.

El año pasado, 33 días antes de que comenzara la cuarentena en la Argentina, Bordet habló de la difícil situación económica de la provincia producto de las medidas del macrismo y de la necesidad de discutir la sustentabilidad del sistema previsional, además de la necesidad de sentar bases para el desarrollo provincial y reactivar la obra pública.

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Todos esos objetivos, y especialmente los de 2020, pasaron a un segundo plano ante las demandas inmediatas de la pandemia, más allá de que varios de ellos se pudieran llevar igualmente adelante.

Tanto cambió el mundo que los organismos como el FMI o el Banco Mundial –especializados en esquilmar a los países pobres y condicionar su crecimiento– pasaron a recomendar a los gobiernos que adoptaran políticas de contención del impacto social, realizando una inversión que en otro momento hubieran censurado sin pensar, preocupados por el impacto de la crisis sanitaria.

En este contexto, señalar que ningún entrerriano dejó de ser asistido por el sistema sanitario durante la pandemia significa hablar de uno de los dos o tres principales objetivos en los que se trabajó durante 2020. Un objetivo que requirió no solamente un esfuerzo administrativo, sino también del trabajo abnegado de servidores públicos que no solo demuestra el componente solidario que moviliza a muchas personas sino que también desarma prejuicios y generalizaciones sobre el funcionamiento, dimensión e importancia del Estado.

Hablar de las políticas para garantizar el empleo, aún en un contexto donde se perdieron numerosos puestos de trabajo y se precarizaron otros tantos, es poner la mirada sobre una decisión que le requirió al gobierno nacional y al provincial una importante cantidad de recursos que se volcaron para garantizar la continuidad de cierta normalidad, frente a una descomunal caída de la actividad económica.

Pensar solamente en cuántas empresas estarían cerradas si el Estado no hubiera asumido parte del pago de los salarios, brinda una idea de la profundidad de la crisis. Incluso la evaluación que pudiera hacerse sobre la reactivación y la continuidad de la obra pública –más allá de la necesidad de infraestructura y de la importancia de garantizar derechos– se centra en el rol dinamizador que puede tener sobre la economía en general. Del mismo modo que se busca dinamizar desde la base de la economía social, destacando otra vez la importancia de un Estado que acompañe y promueva la actividad económica.

Por supuesto que lo dicho por Bordet ayer es susceptible de diferentes evaluaciones del periodismo, de la dirigencia política, y de los ciudadanos en general. Es necesario, si no cuál sería el sentido de brindar el informe. Pero está claro que las categorías de análisis habituales no son hoy las adecuadas para hacerlo porque cambió el mundo que conocíamos, y también las prioridades de las gestiones.

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