Esos conjuntos inmobiliarios se definen en la norma nacional como una serie de emprendimientos tales como los clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales, en su artículo 2.063.

La legisladora resalta en su exposición de motivos que este proyecto se funda en la Constitución de Entre Ríos y en lo dispuesto por el Nuevo Régimen Municipal de la Provincia, "como así también en nuestro ordenamiento normativo, ya que las disposiciones de una ordenanza, en tanto norma de rango inferior, no pueden contener preceptos opuestos al Código Civil y Comercial de la Nación". La anterior ocasión del intento de derogación fue en el inicio de la actual gestión municipal. Los autores habían sido los concejales de Cambiemos Carlos González y María Marta Zuiani, pero dos años después esa idea del oficialismo no cosechó avances y entonces el proyecto perdió estado parlamentario.

En 2013, en otro contexto social y político en el país, Paraná siguió el rumbo de otras experiencias – como Rosario– que prohibieron este tipo de urbanizaciones. Sucedió durante la gestión municipal de Blanca Osuna. Por entonces se hablaba de evitar ámbitos de segregación y no generar mayor fragmentación urbana a la ya existente. En ese marco conceptual, los barrios privados toman forma como contrarios a la idea de comunidad, de integración e inclusión, y están asociados al neoliberalismo y a la especulación inmobiliaria.