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Apelarán cautelar impuesta a la Ley de Emergencia Solidaria

Julio Rodríguez Signes, adelantó recurso contra la medida judicial sobre artículo de la Ley de Emergencia Solidaria sobre aportes de jubilados y pensionados

Miércoles 09 de Septiembre de 2020

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, señaló que el gobierno de Entre Ríos apelará la decisión del juez Ángel Moia de imponer una medida cautelar sobre el artículo de la Ley de Emergencia Solidaria que establece un aporte de jubilados y pensionados para financiar el déficit del sistema previsional.

Rodríguez Signes explicó que la decisión del magistrado es una resolución que hace lugar a un pedido de cautelar presentada por los gremios ATE; Agmer; AMET y UDA que alcanza a los pasivos de la administración pública provincial y docentes.

“No es una sentencia, porque para que lo sea hay que correrle traslado a la otra parte, o sea al Estado, pero en este caso lo primero que hizo el juez es no correr traslado. Es decir que el gobierno está (en la causa) sin ser escuchado. A esta primera cuestión la calificaría de irregular”, afirmó el fiscal en declaraciones radiales que reprodujo APF.

“En una acción de inconstitucionalidad lo que hay que hacer es escuchar a la otra parte, que encima es el Estado. No se puede omitir semejante requisito elemental”, se quejó. Además, contó como anécdota que se enteró de la existencia de esta demanda de manera casual, un día que estaba en la Cámara de Senadores atendiendo otro tema. Allí se anotició de la existencia de un oficio judicial librado a la Cámara pidiendo la versión taquigráfica de la sesión donde se aprobó la norma. “Esto es irregular”, remarcó.

En torno a esto, recordó que las medidas cautelares se toman “inaudita parte” (sin escuchar o pedir las razones de la otra parte implicada en el proceso) cuando esto pueda frustrar la aplicación del Derecho, algo en que el Estado no puede incurrir.

“Pero lo más importante es que por el mismo caso de jubilados docentes y esta misma ley ya se expidió el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Es el caso ‘Rombolá’, que tuvo sentencia de primera instancia y del STJ hace poco tiempo. De manera que yo veo que existe un precedente directo. Llama la atención que a pocos días de esa sentencia, un juez de Primera Instancia ni siquiera considere (en su decisión) lo que ha dicho el Superior Tribunal, que establece el criterio rector en materia de control de constitucionalidad”, apuntó.

Dado lo ajustado de los plazos para que la apelación sea considerada, Rodríguez Signes evaluó que la liquidación de los haberes de septiembre que se pagarán en octubre se podría hacer sin los descuentos que fijó la ley.

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