La Coordinadora Basta es Basta, que agrupa a organizaciones ambientales, gremiales y políticas, y que es parte involucrada en el amparo colectivo donde se plantea la inconstitucionalidad y la nulidad del decreto provincial Nº 2239/19 respecto a las fumigaciones en proximidades de escuelas rurales, reiteró la necesidad de que se avance hacia un nuevo modelo productivo. En una extensa carta donde abundan los argumentos para dejar de este modelo, se denunció que los productores entrerrianos están cayendo “en la más absoluta dependencia productiva, técnica y económica; que los ha endeudado y ha acelerado en forma abismal el éxodo rural, junto a la desaparición de diferentes actividades y de los pequeños y medianos productores”.
Ambientalistas exigen un nuevo modelo productivo
En esa línea de razonamiento se recordó cómo quedó trunco el proyecto del Foro de Agroecología Provincial: “Se cajonearon las capacitaciones anunciadas en cinco ciudades de la provincia y tampoco se inició el prometido diplomado en Agroecología que logró la aprobación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y jamás fue financiado por –Secretaría– de Producción”.
Según la publicación, el gobierno entrerriano “insiste en un modelo caduco y que alimenta a pocos”.
Las nuevas pruebas
En relación a este proceso, el camarista Virgilio Galanti rechazó la medida cautelar interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), pero no resolvió aún sobre el amparo. Tiempo después el magistrado, en una medida inédita en este tipo de causas, decidió ampliar la producción de pruebas y convocó a las partes para que presenten nuevos informes técnicos científicos. La Coordinadora informó que un comité de seis científicos convocados para aportar información en el expediente, explicaron “por qué la deriva de agroquímicos es incontrolable”.
“En cambio, junto al fiscal de Estado, en representación de la Provincia y de los vendedores de agroquímicos, apenas si se presentaron dos opiniones profesionales. Y una de ellas era parte interesada ya que proviene de la Cámara que nuclea a las empresas que comercializan agrotóxicos. ¿Qué imparcialidad puede tener la opinión de quien pierde un modelo de negocios?”, se preguntaron los amparistas.
En el mismo tono destacaron que en otras provincias ya se hicieron eco de estos amparos, como ocurrió con un fallo federal que amplió las distancias de fumigación en la localidad bonaerense de Pergamino. “Los fallos judiciales logrados en Entre Ríos son citados por otros tribunales; son considerados “leading case” en ciudades que sufren los mismos efectos dañinos del modelo agroindustrial. Así sucedió en provincia de Buenos Aires, en Pergamino, donde se prohibieron las fumigaciones a 1.095 metros de distancia de la población con el ejemplo de Entre Ríos”, se mencionó. En aquella resolución se hace mención al dictamen del juez Oscar Benedetto, uno de los primeros en hacer lugar a un amparo ambiental colectivo.
“De confirmarse el tercer fallo judicial, el gobierno entrerriano habrá dejado pasar un tiempo precioso para implementar políticas públicas. Esto genera una incertidumbre y desazón aún mayor entre los ya castigados productores”, advirtieron. Como era lógico, a la par del pleito judicial, se escucharon voces a favor y en contra en relación a la problemática. Pese a que las posturas parecen irreconciliables, en las últimas semanas hubo un acercamiento entre Agmer y ruralistas de Crespo.