Alquileres
Jueves 15 de Noviembre de 2018

Alerta y preocupación de los corredores inmobiliarios por la nueva Ley de Alquileres

La iniciativa del Gobierno ya tiene media sanción. Busca extender el plazo mínimo del contrato e impide el cobro de aranceles a los inquilinos

Colegios de Corredores Públicos Inmobiliarios de todo el país se encuentran en alerta y preocupados por el avance de un proyecto de Ley de Alquileres, que ya tiene media sanción de Senado y que antes de fin de año, podría tener aprobación definitiva de la Cámara de Diputados de la Nación.
La norma impulsada por el gobierno nacional establece, entre otros puntos, la extensión del plazo mínimo de un contrato de alquiler, que actualmente es de dos años, a tres años; y también elimina la obligación de aranceles y comisiones al inquilino, entre otros puntos.
El sector profesional inmobiliario viene manteniendo en las últimas semanas distintas reuniones. En ese marco, el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (Ccpier) José María Armándola dijo que se trata de una propuesta legislativa que parte de dos datos falsos: por un lado, que en el país hay siete millones de inquilinos, cuando a su criterio, el déficit habitacional es de 3,5 millones de personas, número que incluye familias propietarias, pero en condiciones precarias. "El otro dato –disparó–, es que el mercado está conflictuado, y no es así: "Nosotros hemos averiguado en Entre Ríos –y otros colegios en cada provincia– con nuestros matriculados y con Defensa del Consumidor, y el nivel de conflictividad no llega al 1%. Para que un mercado esté conflictuado tiene que llegar al 10% o al 20%. Si el 99% funciona perfectamente quiere decir que en el mercado locativo nacional no hay ningún tipo de inconvenientes como se está tratando de imponer".
Armándola, junto al secretario del colegio entrerriano Benjamín Ledesma, y el asesor legal Julio Budasoff, fueron entrevistados en el programa Ahí Vamos, de 91.7 Radio La Red Paraná.
En el inicio de la charla, Armándola tomó recientes declaraciones del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkratz sobre el accionar de los jueces, en este caso para advertir a los legisladores: "Los legisladores que se dejan presionar con datos falsos o por la tribuna, tienen que irse a su casa. Para legislar hay que informarse a fondo; porque sino, no están preparados para ocupar el lugar que ocupan".
Armándola insistió en que la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial en 2015, llevó 20 años de estudio y trabajo de juristas y especialistas. Allí, por ejemplo, se determinó que el contrato mínimo de alquiler es de dos años, y por ejemplo se prolongó el máximo, que era de 10, ahora a 20 años. "Hemos consultado y nadie recibe el planteo del inquilino cuando viene a contratar, que quiere un plazo más largo. Es más, es mejor para el inquilino un contrato más corto, porque a veces necesita mudarse porque cambian los chicos de escuela, porque mejora su condición económica o empeora".
Acto seguido, dijo que el Código Civil y Comercial estableció un régimen que funciona perfectamente bien, porque en el caso de la vivienda protege mucho más al inquilino, y en lo que es el alquiler comercial protege mucho más al propietario. "Si viviéramos en un país que funciona a la perfección, dos, tres, cinco o 10 años no preocuparían a nadie. Pero no hay previsibilidad; entonces por qué vamos a tener que creer que el país está más previsible a un plazo más largo. Si el mercado está funcionando bien así, dejémoslo así".
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Por su parte, el asesor legal del Colegio Julio Budasoff sostuvo que el proyecto tiende a resolver conflictos que pudieron haber ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. "Esto es hijo del abuso que ocurre en Buenos Aires, pero es totalmente diferente a lo que ocurre en el resto del país. De manera que cargar a una sola parte el costo de los honorarios, las firmas, las certificaciones y todo lo demás, es consecuencia de la imprevisión y frustración de la realidad. Acá lo que estás pretendiendo ante una situación de crisis es resolver tratando de pasarle la carga al propietario que es el único que invierte para inmuebles en alquiler, porque el Estado no lo hace. Hoy la rentabilidad es del 2% o 3%, que es la más baja promedio de los últimos 30 años; nunca hubo una rentabilidad tan baja y los contratos se están conviniendo de común acuerdo entre locador y locatorio, para lo cual la función del corredor es decisiva, porque se están ajustando los alquileres en función de la variación salarial, y no del índice de precios al consumidor".
Y explicó e insistió que se quiere trasladar una norma local de Buenos Aires, a todo el país. Por ejemplo, dijo que en el interior no se usa el mes de depósito, o de garantía. En Buenos Aires sí, y las inmobiliarias la toman como honorario propio.
Finalmente, dijo que tras una cumbre federal en Mendoza, realizada por colegios de todo el país hace un par de semanas, se definió una estrategia judicial común, si hipotéticamente la ley viera la luz. Será tomando la figura legal de la acción de clase.

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