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Advierten que la ley de alquileres puede desalentar la inversión

En el Colegio que nuclea al sector inmobiliario en Entre Ríos sostienen que crea mayor desconfianza. Para los inquilinos, fija equilibrio con el mercado.

Viernes 12 de Junio de 2020

El serio déficit habitacional en el país, que se fue profundizando en los últimos años con la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los asalariados, e incluso de en el caso de los profesionales, genera que cada vez más gente deba alquilar una vivienda. Según las estimaciones de la agrupación Inquilinos Agrupados, en la Argentina son alrededor de 8 millones las personas que están en esta situación.

La Ley de Alquileres modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación. Según afirman los referentes de Inquilinos Agrupados, “cambia radicalmente la forma de alquilar de los inquilinos, estableciendo un poco de equilibrio en la relación con el mercado inmobiliario”.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos aseguraron que “los problemas que existen entre las partes en Buenos Aires son totalmente distintos a lo que es la realidad en Entre Ríos, al igual que la forma de contratar en la provincia y en casi todo el interior del país”.

José María Armándola, propietario de una inmobiliaria y presidente de la entidad que nuclea a los profesionales del rubro en el territorio provincial, señaló a UNO: “Acá el mercado locativo estaba funcionando perfectamente, sin inconvenientes. Los ajustes en las viviendas iban por debajo del costo de vida y de los salarios, porque eso fue el resultado de lo que planteó la manera de contratar de estos últimos dos o tres años”.

Asimismo, manifestó: “Desde que se empezó a hablar de este tema nosotros señalamos que era totalmente innecesario producir algún cambio en este tipo de contratos privados, porque no había inconvenientes, incluso reconocido por las mismas partes que solicitaban estas modificaciones. La litigiosidad es inferior al 1%, y en un mercado esa estadística no representa un problema”.

El dirigente sostuvo que “es un tema sensible”, y subrayó que “lo que en realidad hace falta es poner el país en marcha, estabilizar la economía, bajar la inflación, incentivar el trabajo y la producción”.

“El asalariado debería tener mayor poder adquisitivo, pero cada vez está peor”, dijo, y advirtió: “A la vez, la mayoría de los propietarios son gente que ha ahorrado toda su vida en Argentina para comprar una casita o un departamento, o más si se lo permite su bolsillo, y está esperando recibir una renta producto de su trabajo y de su ahorro. O sea que es gente trabajadora y no hay que pensar en alguien poderoso, que saca la plata afuera o que hace otro tipo de especulación; sino que durante toda su vida juntó generalmente peso a peso y logró ahorrar e invertir”.

“También puede ser alguien que recibió una herencia, que es una situación similar, porque hubo alguien de una generación anterior que trabajó y ahorró, que pensó en el futuro, pensó en sus hijos, y eso es lo que nosotros nos planteamos: acá no se trata de un enfrentamiento de débiles contra poderosos”, agregó.

En este contexto, Armándola reflexionó: “Es una lástima que se toque un mercado que está funcionando, porque esto genera dudas. La gente empieza a pensar ‘para qué voy a comprar una propiedad’, porque tiene miedo de que le congelen la renta que está recibiendo. Y todos sabemos que la construcción mueve casi un tercio del país, y es el particular el que financia la construcción privada, no el Estado”.

Medidas

La ley sancionada el jueves entrará en vigencia recién cuando se reglamente. Extiende los contratos entre partes a tres años -hasta ahora eran dos- y señala además que la actualización del valor deberá ser anual y ya no semestral. Sobre este tema advirtió: “Lo ponen como un logro, pero en realidad al inquilino lo perjudican, porque a ambas partes le generan más incertidumbre, más inestabilidad. Nadie sabe bien cómo va a contratar y es muy difícil en este país prever lo que va a pasar de acá a tres años. Si pensamos todo lo que ocurrió desde 2017 a hoy, nadie imaginaba el contexto actual”.

En este marco, evaluó: “Lo mejor, para que haya confianza y que cada uno tome el riesgo, pero con la mayor certeza posible, es que no haya plazos tan largos, como son tres años”.

Por otra parte, el proyecto aprobado amplía las garantías que podrá presentar el inquilino ante el locador, al contemplar tanto la garantía propietaria, como el seguro de caución, el aval bancario, la garantía de fianza o fiador solidario y el recibo de sueldo. Al respecto, el empresario explicó que en Paraná se trabaja generalmente con la garantía propietaria o con garantes con recibo de sueldo.

Respecto de las expensas, recordó que en Entre Ríos ya se venían manejando como establece la nueva norma: a las comunes las abona el inquilino y a las extraordinarias el locador.

Por otra parte, analizó: “Los honorarios de los corredores inmobiliarios son el 5% del monto total del contrato y eso está regulado por la Provincia. En este caso ahora se va a tomar el primer mes de alquiler seguramente, multiplicado por la cantidad de meses. Y ese es un costo que en realidad aumenta: antes si uno hacía la sumatoria de dos o tres contratos, se pagaba lo mismo, pero una cosa es pagar todo junto, y ahora en vez de dos años son tres los que se suman y sobre ese monto se pagan los honorarios de la inmobiliaria y el sellado, que de este modo costará un 50% más”.

“Obviamente nosotros nos flexibilizamos, les damos todas las facilidades para que la gente pueda entrar”, dijo, y por último aclaró: “En Paraná, en lo que es vivienda, el depósito de garantía hace décadas que no se cobra, porque procuramos que ingresar a una vivienda sea más accesible para los inquilinos. Entiendo que incluso con la nueva ley acá no se va a cobrar ese concepto, porque los ingresos han empeorado en vez de mejorar”.

“Un triunfo y un derecho”

Ariel D’Orazio, integrante del Frente Nacional de Inquilinos, dialogó con UNO y consideró que la ley es un triunfo y un derecho para quienes deben alquilar. “Es una ley largamente esperada por más de 8 millones de inquilinos e inquilinas. Estamos hablando de más de 15 años de lucha y de cinco de debate en la Cámara de Diputados y Senadores”, indicó.

A su criterio, lo que aporta esta nueva ley es, entre otras cuestiones, previsibilidad económica y temporal. “Previsibilidad temporal porque se extienden los plazos de duración de los convenios y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario y previsibilidad económica porque los ajustes son sólo anuales”, explicó a UNO.

D’Orazio – también integrante de la Concejalía Popular de Rosario– fue gráfico al describir la situación de asfixia que viven los inquilinos. “Hay una diferencia cercana al 90% de dinero entre lo que empiezan pagando mensualmente y lo que abonan en los últimos meses de contrato y muchas familias deben dejar el 50% del salario en el alquiler de una vivienda”, dijo.

“La sanción de la ley es una emoción, una alegría enorme por tantos años de lucha, entre disputas legislativas truncadas por el lobby del mercado inmobiliario. Este logro le da sentido a tantos años de militancia de muchos compañeros. Es un avance que hay que defender y fortalecer con las herramientas que brinda la ley”, aseguró.

Entre otras cuestiones, la norma habilita la creación de organismos de mediación entre las partes en los diferentes distritos. “Por lo que se estará más cerca del inquilino y a la vez le dará una mirada más federal”, sostuvo D’Orazio, y añadió: “Tiene además un programa de alquiler social para asistir a los jubilados y a las mujeres que son víctimas de violencia de género”.

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