El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas sostuvo que "no existen elementos legales para justificar la prisión preventiva" de la dirigente de la organización Tupac Amaru, privada de su libertad en la provincia de Jujuy desde el 16 de enero pasado, a instancias del gobierno Gerardo Morales.
La resolución de la ONU será explicada durante una conferencia de prensa prevista para las 16 en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la que participarán el presidente y el director ejecutivo de ese organismo, Horacio Verbitsky y Gastón Chiller, respectivamente, además de la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.
Entre los argumentos de Naciones Unidas se sostiene que en la causa contra la dirigente "no se demostró que existe (...) riego de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad" y, en por este motivo, solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
"El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo" indica el comunicado conjunto firmado por el CELS, la organización Andhes y Amnistía Internacional, que presentaron una denuncia sobre el hecho en febrero pasado.
La ONU, además, consideró que el Estado argentino impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que, por su condición de parlamentaria del Mercosur, Sala contaba con fueros que impedían su detención.