La zona de seguridad del túnel subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis, sobre la cabecera santafesina, deberá quedar despejada a mediados de junio, para dar cumplimiento a una decisión de la Justicia de la vecina provincia, tras la audiencia entre el gobierno y un ocupante privado que fue imputado de causar eventuales daños en la protección del viaducto.
La Justicia santafesina ordenó despejar la zona de seguridad sobre el túnel
Es sobre el acceso al viaducto, que ya fue desalojado aunque quedan allí corrales para ganadería que construyó un privado, acusado por daño calificado.
14 de mayo 2013 · 20:23hs
Hugo Alberto Teodoro Rodríguez era el propietario en la isla Santa Cándida, de lotes linderos a la cabecera del túnel subfluvial. Durante la gestión de Hermes Binner -en 2008- Santa Fe expropió 83 hectáreas ubicadas entre la ruta de acceso al túnel y el río Paraná.
Rodríguez tenía una explotación ganadera en el lugar, y llegó a construir corrales, mangas y cargadero de hacienda, así como caminos y zona de maniobras para camiones jaula, sobre la zona de seguridad del túnel e incluso arriba de una plataforma con estructuras de hormigón que fueron dispuestas como protección del enlace subfluvial y que llegaron a ser perforadas para las instalaciones de explotación ganadera, publicó El Litoral.
En 2009, a instancias del por entonces director santafesino del túnel, Erwin Zwiener, el ministro Antonio Ciancio denunció a Rodríguez por usurpación. Si bien la provincia de Santa Fe o el ente interprovincial no actuaron como querellantes, en el juzgado de instrucción sexta a cargo de Sergio Carraro (se hizo cargo del despacho en 2010) se activaron las actuaciones en los últimos meses.
La fiscal Mariela Giménez reformuló la acusación ante la eventualidad del delito de “daño calificado” y uso de material del túnel. Solicitó la audiencia -concretada el 18 del mes pasado- entre representantes del gobierno santafesino y de Rodríguez, quien ya había declarado como imputado en el expediente.
Allí se consensuó que el actor privado, aún cuando ya no ocupa efectivamente el lugar, tiene un plazo de dos meses para “despejar” lo que dejó ilegalmente plantado.
Mientras tanto, la justicia entrerriana debe resolver sobre el barrio privado que se comercializa sobre la otra cabecera del túnel, que incluye una caleta para resguardo de embarcaciones, excavada sobre la zona de seguridad del viaducto.
La zona de seguridad del túnel fue contemplada en el acuerdo interprovincial vigente, un texto que data de 1976 y es ley tanto en Santa Fe como en Entre Ríos. El 1 de setiembre de 2003 y previo dictamen jurídico y técnico, el Consejo Superior Interministerial del ente del túnel -integrado por dos ministros por provincia- a través de la Resolución nº 08/03, ratificó la delimitación administrativa de esa zona, con una “restricción absoluta” 50 metros a cada lado del eje del túnel, una zona de seguridad física hasta 100 metros.