La multa era por el presunto incumplimiento de cumplir una conciliación obligatoria dictada en diciembre de 2017.
Las camaristas Gloria Pasten de Ishihara y María Cecilia Hockl resolvieron que la sanción al gremio estuvo "incompleta" y que en lugar de calcular el castigo por el total de camioneros afiliados, solo corresponde estimar el monto sobre la cantidad de trabajadores que poseen las cuatro empresas inspeccionadas.
"No tenían permiso para ejecutar ninguna orden (de embargo) porque estaba mal confeccionada", dijo Daniel Llermanos, abogado de Moyano, a este medio. "Si le corresponde la multa es por las cuatro inspecciones, donde constataron la supuesta violación a la conciliación", agregó.
Un mes atrás, el juez laboral de primera instancia José Ignacio Ramonet autorizó un embargo preventivo a la Federación de Camioneros e hizo lugar al pedido de ejecución de la sanción impuesta. Ramonet libró oficios al Banco Provincia, Banco Nación, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro a fin de que "traben la medida" por una suma de $ 266.930.023, que se calcula para responder intereses y costos, y así la multa al gremio de Moyano superaría los $ 1.000 millones con los intereses. Ahora, la Cámara ordenó levantar el embargo de inmediato y reponer las cuentas bancarias de la organización.
Desde Sichoca aseguran que las cuatro firmas transportistas representan el 0,03% del total de choferes sindicalizados. Si la multa se aplica sobre el 50% del salario mínimo, vital y móvil por cada chofer de las empresas inspeccionadas, el monto de la "factura" se calcula en apenas $ 1 millón.
Al mismo tiempo, el letrado defensor recordó que en otra causa que tramita el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello, el ministro Triaca fue "imputado" por varios delitos el delito, tras la aplicación de la multa. (Ambito)
