Juicio a Urribarri: severos cuestionamientos a la Fiscalía

En la continuidad de los alegatos defensivos en el marco del juicio complejo que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri, las presentaciones tuvieron como objetivo demostrar la inocencia de los acusados por supuestos delitos de corrupción. Durante cinco horas se escucharon fuertes críticas al Ministerio Público Fiscal, básicamente por la formulación de las imputaciones y el modo de producción de la prueba.

Este jueves dieron a conocer la presentación de los casos, los abogados José Velázquez e Ignacio Díaz (defensores de Pedro Báez y Germán Buffa); Miguel Cullen (defensor de Maximiliano Sena y Alejandro Almada) y Marcos Rodríguez Allende, en representación de Juan Pablo Aguilera y de Luciana Almada.

Se preveía que el comienzo de los alegatos comenzará con la exposición de Raúl Barrandeguy (defensor de Urribarri), pero finalmente su participación se tuvo que postergar para el lunes. El hisopado al que se había sometido dio negativo, pero de todos modos presentó un certificado médico con una licencia válida por cinco días.

Alegatos

Durante seis horas se escucharon los alegatos de los abogados defensores, aunque quedó pendiente la presentación de Raúl Barrandeguy con licencia médica por un problema de salud. Si bien algunos abundaron en más planteos técnicos a la hora de formular sus tesis, todos los letrados atacaron la acusación del Ministerio Público Fiscal. La discusión sobre el presunto lanzamiento o no de la precandidatura de Urribarri a la presidencia de la Nación en 2015 volvió a estar presente como un elemento vertebrador. En efecto, en cada alegato se rechazó esa posibilidad y se subrayó que los imputados actuaron siguiendo los mecanismos administrativos correctos. Para el abogado José Velázquez “no se salteó ningún procedimiento; aquí lo que molestó es el poder discrecional”.

Para presentar su caso el letrado propuso como eje el análisis de los deberes positivos en contraposición con el alegato de la Fiscalía, que sostiene que los imputados quebrantaron ese rol. “Si hablamos de esto hay que buscarlo en normas extrapenales, como el derecho administrativo, el derecho penal y presupuestario”, manifestó.

Al hacer una valoración de la función que cumplía el entonces ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, reflexionó: “¿Él y el gobernador tenían que ser una especie de ángel guardián de todo el proceso administrativo, desde el inicio hasta la ejecución final? Báez está acá para responder sobre cuestiones administrativas que muchas veces van más allá del poder concreto del humano de poder garantizar el cumplimiento".

Al abordar la causa de las imprentas, donde está contenida una de las imputaciones a Báez, mencionó: “Allí se desplegó el poder o potestad discrecional de la administración ejecutiva para llevar adelante un proyecto político”. De ese modo contrasta la presentación de la presentación del caso de Fiscalía, “donde se establece como un indicio convertir el contrato directo en una regla. Estamos haciendo valoraciones subjetivas al derecho administrativo; ¿cuál es el inconveniente de la contratación directa, el poder discrecional? Si no les gusta esta modalidad de contratación, presenten un proyecto, armen un partido político”.

Y continuó: “Es imposible contratar a través de la licitación pública medios de comunicación, porque el negocio y la realidad económica te lo impide. Pese a eso en Entre Ríos se han creado Registros de Medios, se han creado planes e comunicación. Seguramente la nueva gestión lo debe estar perfeccionando más”, acotó en la audiencia que registró UNO.

Luego fue el turno del co-defensor Ignacio Díaz, quien se refirió a las causas de las imprentas, Global Means y el Sueño Entrerriano, respectivamente. Planteó que la defensa particular “va a demostrar en todas las contrataciones no hubo ninguna observación de los órganos de control”. En otra intervención sostuvo que los fiscales “denigraron” las contrataciones y además cuestionó que “en la producción de la prueba hubo tremendas violaciones a la ley de procedimiento, ha habido informes periciales que se elaboraron, con personal del Ministerio Fiscal sin designación por parte del Superiro Tribunal de Justicia (STJ) para realizarlo. Fueron realizadas por personal sin incumbencia para hacerlas”.

En cuanto al expediente identificado como Global Means se explayó acerca de las condiciones para otorgar una orden de publicidad y la situación de la empresa a la que se le otorgó el beneficio: “¿Cuál es la relación del contrato administrativo de publicidad?. La orden de publicidad no es un contrato, es unilateral, está firmada por el gobernador. Se hace por lo que se ha dado en llamar la reserva presupuestaria, para saber adonde va dirigido el gasto. En el reverso de cada orden está establecido que el Estado puede en cualquier momento dejar sin efecto la realización de la obra. La orden crea una simple expectativa de posibilidad de realización, pero no da derecho ni crea responsabilidades del Estado. Cuando se dicta el decreto la empresa en cuestión ya estaba inscripta”.

“El plumaje de la Fiscalía”

En tercer lugar fue asignado el abogado Miguel Cullen, defensor de Almada, Tórtul, Céspedes, Giacopuzzi, Sena, Cargnel y Tamay. En su introducción comparó la exposición fiscal “con un pavo real, que cuando quiere seducir abre sus plumaje y la analogía es muy similar, porque está llena de ojos que nos miran. Eso hace la Fiscalía, abre su plumaje y trata de cautivarnos. El pavo es real, llamativo, pero sigue siendo pavo”.

Acto seguido, Cullen interpretó como una “intimidación” a los testigos que deberán declarar a partir del 12 de octubre, las siguientes afirmaciones de la Fiscalía: “Les advirtió a los testigos, lo que es muchísimo más grave, que se escucharán deponentes que dirán que los procedimientos eran correctos, pero demostraremos -según los fiscales- que se trataba de la tolerancia a la corrupción”.

Siguiendo esa línea, el abogado sostuvo que este proceso “tiene una finalidad política”, y acotó que la bala de plata “no es para Giacopuzzi, Sena o Tamay. Claramente está dirigida hacia otro lado ese bala”.

Respecto a las causas en debate, se ocupó en primer lugar del legajo de las imprentas o de la denominada causa de la vaca. Allí aclaró que “no se trata de imprentas, no son una sola empresa, una empresa se llama TEP, se dedica a hacer publicidad, y no es una imprenta. La imprenta es Next. Vienen por prestanombres. Sena, empezó en la actividad gráfica, mucho antes que Urribarri fuera candidato a gobernador. La teoría de fiscalía es que estas empresas se fusionaron luego de la asunción de Urribarri para centralizar la publcidad estática en Entre Ríos”. Al sumar elementos consignó que “las empresas empiezan a funcionar en 2009, Urribarri asume en 2007. Cargnel era la contadora de Cinco Tipos, junto a Sena y Giacopuzzi. Esa es la realidad, no es una hipótesis. El tribunal debe aplicar la ley de Sociedades Comerciales”.

En otro orden negó la participación accionaria del cuñado de Urribarri en esas empresas, porque mencionó que en realidad los dueños son Maximiliano Sena, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro y Luciano Almada. “Es más fácil para la Fiscalía que son las empresas del cuñado de Urribarri”.

En última instancia formuló su alegato Marcos Rodríguez Allende, quien se encargó de demostrar que la acusación de la acusación pública se basa en una “interpretación forzada” de los hechos y que se imputa a Aguilera por la sola razón de ser cuñado de Urribarri.

“En la causa denominada de las imprentas hay muchas confusiones. Se confunde Next con Tep; una contratación directa de publicidad con una licitación y se confunden conceptos de derechos administrativos y funcionamientos contables”, manifestó.