Resulta previsible que el dictamen de la Comisión de Juicio Político sea favorable a someter al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz al proceso de enjuiciamiento. Esta alta probabilidad surge de lo que se ha desarrollado hasta ahora del trámite como la expresión mayoritaria de la comisión, aunque eventualmente no resultara la unánime.

Despejado el panorama de las acusaciones que el jueves Chiara Díaz formuló contra sus pares del STJ, y las que insinuó sobre todos los legisladores de la comisión investigadora (no por no ser importantes, sino porque no tienen relación directa con la denuncia), surgen elementos que llevan a los miembros de ese cuerpo a considerar que el magistrado mintió en algunos aspectos de su intervención, al ejercer su derecho a ser oído para defenderse.

"...Pero lo que señala este señor es porque no conoce el tema; yo realmente tendría que ser un estúpido de cobrar dos veces por lo mismo, no es así. Entonces hay un error, yo nunca cobré", explicó el magistrado al referirse a la denuncia del abogado Carlos Reggiardo. El letrado le adjudica una conducta perniciosa que consiste en utilizar gran parte del tiempo que debería dedicar a su función en el Poder Judicial entrerriano a trabajar como docente; y además, valerse de su cargo para cobrar viáticos y gastos de transporte como si estuviera realizando funciones atinentes a su rol en el STJ, cuando en realidad viajaba para dar clases, y cobrar por ello honorarios e incluso otros viáticos.

De las pruebas que recopiló la Comisión surge un patrón de conducta que se vino dando durante la última década (que es el período al que alude la denuncia de Reggiardo), durante la cual la mayoría de las ausencias de la provincia de Chiara Díaz se producen los jueves y viernes, y en la amplísima mayoría de los casos se trasladó a Buenos Aires, donde se sabe que tiene sus mayores compromisos como docente. Además, muchas veces se trasladó con viáticos y gastos de transportes (avión o auto con chofer) solventados por el STJ.

Según los datos que manejan los diputados investigadores, en 2010 faltó a su trabajo habitual en 86 oportunidades, siempre autorizado por el STJ. En 52 veces contó con viáticos y el STJ le pagó los gastos de traslado en auto o en avión. La mitad de las veces aproximadamente señaló que iba a ejercer la docencia y la otra mitad de las veces que iba a ejercer funciones vinculadas a su vocalía o con el Superior Tribunal. Según la información recopilada, no existe constancia de qué fue lo que hizo Chiara Díaz cuando alegaba como motivo de su ausencia las funciones relacionadas a su vocalía. Los diputados entienden que en muchos casos, en realidad fue a dar clases, ya que los días coinciden con sus responsabilidades académicas en diferentes universidades.

Y en los casos en que asumió que iba a dar clases, nunca informó que cobraba por esa actividad.

Es decir, un gran porcentaje de esas 52 veces que tuvo viáticos y traslado pago por el STJ, pidió permiso para dar clases, lo recibió, pero omitió decir que en esas facultades donde iba a dar clases percibía honorarios, y en algunos casos también viáticos.

En 2011 las ausencias fueron 94 en total, en 46 casos tuvo viáticos y el STJ le pagó los gastos de traslado en auto o en avión. Y así, cada año se repite más o menos el mismo esquema.

El resto de los días no trabajados en los cuales no dictó clases fuera de la provincia corresponden a licencias por compensación de trabajo durante la feria judicial, por enfermedad o por motivos especiales; aunque la denuncia de Reggiardo no alude a esas situaciones, sino que apunta a las ausencias para dar clases o asuntos vinculados a la vocalía.

Entienden los legisladores que la omisión de informarle al STJ que tenía honorarios y viáticos en esas facultades, hacía que el STJ le pagara viáticos y transporte para esos traslados.

De los informes remitidos por las distintas universidades en las que el alto juez dicta o dictó clases surge que en muchos casos cobraba por hacerlo, e incluso surge el pago de gastos de transporte en algunas oportunidades. Por ejemplo, estaría documentado que en ese período de 10 años el vocal emitió cerca de 400 facturas a la Universidad de Belgrano por su tarea docente. Para la AFIP; Chiara Díaz es monotributista.

También está en poder de la Comisión el informe de todos los años que cobró en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Surgiría de esa información, por ejemplo, que durante 2012 la UBA le pagó 15.000 pesos y que todas las veces que fue a dar clases allí contó con viáticos del STJ. O también que la Universidad de Belgrano le abonó ese año 55.000 pesos, 49.000 de honorarios y 6.000 de viáticos, a través de 16 cheques; y Chiara Díaz nunca habría informado esa remuneración para poder percibir viáticos y gastos de transporte del STJ.

En 2013 registró 92 ausencias, 49 de ellas pagas con traslados y viáticos a cargo de la Justicia entrerriana. Por citar solo un caso, los diputados habrían detectado que por dos clases puntuales le facturó a la UBA 4.000 pesos, y que esos mismos días percibió viáticos del Poder Judicial. La misma superposición se habría detectado con clases en la Universidad del Museo Social Argentino.

Los casos más evidentes surgirían de fechas que seguramente serán consignadas en la acusación: 11 de noviembre y 14 de diciembre de 2010; 11 y 29 de marzo, 1º de abril, 7 de junio y 14 de octubre de 2011; 21 de junio y 2 de julio de 2012, entre varios otros casos. Incluso los legisladores de la comisión entienden que está probado que el magistrado extendió su estadía en Buenos Aires, cobrando viáticos y traslados, para someterse a la prueba de ADN que finalmente arrojó como resultado la comprobación de la paternidad que se le reclamaba; o que habría viajado hasta la Ciudad de Buenos Aires con viáticos, auto y chofer del STJ a concretar los trámites para darle poder al abogado que lo representó en esos trámites. Se trata del abogado Ignacio Joaquín Moro y las gestiones tienen fecha cierta, que figuran en los expedientes de esos casos.

Hay algunos meses que resultan extraños, como junio de 2012, durante el cual habría estado en el despacho solamente ocho días, de acuerdo al informe de viáticos y viajes que emitió el STJ.

En los pedidos de viáticos dirigidos al STJ los argumentos aparecen confusos, por ejemplo, en los que se señala como motivo realizar "una actividad judicial" pero en sedes universitarias. Esto probaría, a criterio de los legisladores, que existía además una determinación de Chiara Díaz de hacer pasar como situaciones no previstas lo que en realidad eran compromisos asumidos con antelación y por largos períodos.

A esa conclusión se llega de los informes de las universidades donde se observa que las tareas académicas se extendían durante varios meses corridos, como trimestres, cuatrimestres o el año completo, con días y horarios fijos. Entienden los diputados que es de sentido común que una agenda tan cargada no permite tener la dedicación suficiente a la función de vocal del STJ y también entienden que Chiara Díaz sabía, varios meses antes de la fecha, qué días iba a viajar a Buenos Aires o a otros lugares a dar clases, dado que las universidades pautan sus actividades con antelación.

Sin embargo, estiman que a los permisos para ausentarse los iba pidiendo sobre la marcha, semana tras semana, porque si decía que todo el año iba a faltar los jueves y los viernes, no se lo habrían permitido. Por esa razón los solicitaba semanalmente, y de forma imprecisa, entienden los legisladores.

En este punto el reproche no es que habría asistido a una actividad privada sin autorización del STJ, sino que asumió extensos compromisos con las universidades sin contar con la autorización y a sabiendas de que esos compromisos afectaban su desempeño judicial.

A propósito de esto, figura también en poder de los legisladores un informe de las sentencias y resoluciones no firmadas por Chiara Díaz entre 2006 y 2016 (mayoritariamente acciones de amparo) que totalizan 629 casos. Al respecto el magistrado había señalado ante los legisladores: "...si yo tengo que no integré 50 sentencias sobre 700, es un número, pero ustedes no pueden decir terminantemente de que yo en 50 casos, que para colmo no se sabe si fueron en feria o no fueron en feria, estuve mal, perjudiqué la vocalía a mi cargo o la Sala, o estaba en la Presidencia".

Los legisladores entienden que durante la década, el vocal no habría firmado aproximadamente el 15% de los amparos que firmó su sala.

Aunque posiblemente escape a los alcances de la denuncia, resulta interesante que el caso Chiara Díaz muestra una extraña idea de los viáticos a la que adhiere no solo el vocal cuestionado sino, según parece, el STJ; ya que distintas presidencias le autorizaron al juez los suyos.

Normalmente se entiende por viático pagarle a alguien para que realice su trabajo en otro lugar, no en el habitual; pero no la idea de pagarle para que vaya a otro lugar a hacer un trabajo distinto (en este caso, distinto al de juez del STJ). Según la documentación que tiene la Comisión, en los pedidos de Chiara Díaz para ausentarse de la jurisdicción no se hace mención a si resultan o no procedentes, solo se remiten los pedidos al área de Liquidaciones del Poder Judicial para que se le pague al magistrado, y nada más. Hay quienes opinan que este trámite incumple con la idea de que todos los gastos en el Estado deben estar expresamente autorizados por una norma. Es decir que también es extraña la aprobación por parte del STJ a que un juez pida viáticos -como habría ocurrido con Chiara Díaz- para los gastos de actividades de su vida privada. Sería interesante conocer con qué supuestos el Tribunal de Cuentas entendió que estaban correctamente asignados esos fondos.

Se sabe que la ley autoriza a los magistrados a ausentarse de su jurisdicción con licencias con goce de sueldo cuando lo hacen por razones académicas, pero no se sabe que además sea con viáticos y traslado pagos, cuando las actividades académicas corresponderían a la vida privada del juez. Esto, sumado a que Chiara Díaz nunca habría consignado que cobraba por esas actividades configuran la situación denunciada, ya que si hubiera informado que cobraba en esas universidades, es posible que no le hubieran liquidado los viáticos.

Es más, trascendió que existiría un caso bastante reciente en el cual tras informar correctamente que iba a dictar clases de manera rentada el STJ no le liquidó viáticos.

Los informes de las universidades y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indican que el vocal tenía relación laboral con las universidades de Entre Ríos, de Buenos Aires, del Litoral, de Belgrano, del Museo Social Argentino, entre otras ya que existiría un pago sistemático de haberes y de aportes al citado sistema.

Si bien es sabido que Chiara Díaz no paga el impuesto a las Ganancias por su sueldo de magistrado, tampoco aparece inscripto para el pago de ese impuesto por sus otras actividades. La denuncia no hace referencia a ese caso -como tampoco a la supuesta campaña de desfinanciamiento del Iosper que llevaría adelante el magistrado- pero resulta un dato llamativo.