La Cámara de Casación Penal Sala Nº 1 de Paraná, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti, resolvió este miércoles anular la audiencia de juicio abreviado contra el ex diputado provincial y líder de UPCN Entre Ríos, José Allende, en las causas que lo procesaron por corrupción (enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública) y amenazas a la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, y el periodista Martín Carboni.

La nulidad del acuerdo entre la Defensa y la Fiscalía la había dispuesto en primera instancia el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los vocales José María Chemez, Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno.

La Cámara de Casación, en segunda instancia, resolvió reenviar los expedientes a la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) a fin de que, una vez integrado un nuevo tribunal, se renueve el acto procesal.

La defensa de José Allende, ejercida por Leopoldo Lambruschini, y la Procuración General de la provincia, a cargo de Jorge Amílcar García, habían presentado el recurso de casación para intentar sostener el acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado pero que había sido rechazado por el tribunal de primera instancia.

Entre los fundamentos del recurso, las partes entendieron que Allende se encontraba en mejores condiciones que nadie de explicar su propio patrimonio, razón por la que su defensa pidió expresamente que se le otorgara la palabra. Debido a que la alocución le fue negada por el tribunal, consideraron que el ex legislador sufrió “un agravio”.

La Cámara de Casación entendió que no se otorgó a Allende la oportunidad de hacer operativa su Defensa en juicio como exige el proceso legal, “razón por la que cabe receptar el pedido de nulidad efectuado por los recurrentes”. Así las cosas, se deberá conformar un nuevo tribunal que resuelva la aceptación o rechazo del acuerdo entre ]Allende y el Ministerio Público Fiscal.

Sin abreviado

En la audiencia ahora anulada los jueces Chemez, Cánepa y Castagno no habían avalado la calificación legal que le dieron los fiscales a los delitos que Allende admitió cometer. En el acuerdo, Fiscalía había reemplazado la figura de Coacciones agravadas por la de Amenazas, que fueron cometidas contra la ministra Velázquez y el periodista Carboni.

En cuanto a los presuntos hechos de corrupción, los jueces cuestionaron que no se presentó suficiente prueba respaldatoria en el informe pericial tomado de referencia para el acuerdo. Objetaron que los fiscales no incluyeron embarcaciones, autos y caballos de Allende entre los bienes a decomisar.

Los abogados de Allende habían alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, mediante el cual el ex diputado del PJ aceptaba la responsabilidad de los delitos por los cuales fue acusado, a cambio una pena dos años y ocho meses de prisión condicional, la entrega de dos casas en Paraná y una multa de 3 de millones de pesos.

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