Tras el cruce de declaraciones entre el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos e integrantes de Iosper por la solicitud de los profesionales de aumento de los aranceles el presidente de la entidad, Ricardo García, habló del conflicto por el cual el Iosper, en un comunicado, calificó el pedido como “ilegítimo e ilegal”.

Para clarificar la situación García señaló que Iosper paga al odontólogo que tiene menos de 15 años de antigüedad en la profesión, por cada consulta, $749 y, a otro grupo de prestadores de más de 15 años de antigüedad, $946. La diferencia es solo por el tiempo que lleva ejerciendo, lo que constituye un sinsentido.

Sinceramiento

García pidió un sinceramiento y describió: “La estructura de costos que el Colegio estableció como, mínimo obligatorio, en febrero de 2021, un arancel de $1.280 por consulta. Cobrar por debajo de este arancel pone en riesgo la salud bucal de la población por varios motivos: porque el odontólogo se ve obligado a acelerar los tiempos para que le rinda la jornada, lo obliga a elegir la mínima calidad de materiales para una prestación o lo obliga a trabajar a perdida”, explicó.

Como solución al problema García plantea: “Que la obra social pague lo que pueda pagar y que el convenio permita al odontólogo cobrar la diferencia”.

Estado de situación

El Colegio de Odontólogos no firma convenios con obras sociales, son los círculos odontológicos los que lo hacen. Actualmente hay 13 círculos en toda la provincia.

“La situación actual se retrotrae al inicio del Sistema de Cobertura de Obra Social para la Salud, un sistema basado en el famoso paquete de afiliados. Una obra social le dice al Círculo Odontológico que nuclea a los odontólogos: ‘te ofrezco este paquete de afiliados y te garantizo cantidad de pacientes para tu consultorio por el cual los aranceles que te pagaré te dan una rentabilidad mínima’. Hubo una época en que ese sistema tuvo cierto funcionamiento, de alguna manera cerraba para todas las partes. Pero hace 15 años que es un sistema que está acabado y es insostenible. No podemos permitir que el afiliado sea tratado como un número más. El paciente de la obra social se ve obligado a elegir entre una cartilla de profesionales o prestadores que ha aceptado cobrar aranceles que hoy están prácticamente por debajo de los costos de la prestación. Lo que pagan las obras sociales no alcanzan a cubrir lo que el odontólogo gasta por esa prestación”, describió.

Por otra parte señaló: “Desde el 2015 existe la Ley 10.377 que restituyó el carácter de orden público a los aranceles y honorarios profesionales. El Colegio empezó a trabajar en base a esa Ley y estableció lo que se llama Estructura de costo y que se utiliza para calcular el servicio y la rentabilidad”, indicó.

“La variable de ajuste para que el odontólogo tenga rentabilidad es la cantidad de pacientes como si estuviéramos vendiendo mercancías, esa es la lógica. Tenemos que sincerarnos porque hay mucha hipocresía en este sistema y con los aranceles que están pagando las obra sociales, no solo Iosper. Suiss Maedical paga $69 y Osde $851. El Colegio debe intervenir”, señaló.

Asimismo expresó que el sistema ha naturalizado la práctica: “Las obras sociales y empresas de medicina prepaga se han acostumbrado a decir que ofrecen cobertura odontológica al 100% y eso no existe más. Y la propuesta que hacemos es que los convenios que firmen las obra sociales con las entidades intermedias como los círculos odontólogicos incluyan una clausula que permita al odontólogo cobrar en su consultorio la diferencia arancelaria que la obra social no puede cubrir. Que esté establecido el monto exacto que el odolontólogo puede percibir como diferencia arancelaria”.