La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunió el martes para tratar un proyecto que apunta a otorgar mayor seguridad a las mujeres que buscan empleo y pueden ser engañadas por las redes de trata a través de la publicación engañosa de supuestos puestos de trabajo. La iniciativa dispone que los medios de comunicación, deberán solicitar una serie de requisitos a quienes quieran publicar un aviso. El proyecto es impulsado por el diputado justicialista Diego Lara.
Intentan prevenir la trata de personas
La Comisión observó favorablemente el proyecto y decidió remitirlo en consulta al Consejo para Prevenir la Violencia (Coprev) a fin de sumar sugerencias, si existieran al respecto.
El proyecto establece que “los avisos que se publiquen y que estén destinados a la contratación de personas para servicios laborales deberán contener el nombre del solicitante (o razón social si se tratare de una persona jurídica) e información de contacto (teléfono, correo electrónico).
A su vez señala que las empresas y/o particulares titulares de medios de comunicación deberán solicitar una serie de requisitos a quienes quieran publicar un aviso.
“Una herramienta más”
“Este proyecto es una herramienta más para prevenir la trata de personas, ya que en los últimos tiempos, la modalidad de captación a través de avisos publicitarios de oferta de trabajo ha sido el punto de partida para que muchas personas, en su mayoría jóvenes mujeres, sean engañadas por falsos empleadores, con destinos que van desde la desaparición para ser objeto de trata hasta la muerte. Uno de los casos mediáticos más cercanos es el de la joven Araceli Ramos, de 19 años, quien fue asesinada luego de concurrir a una entrevista laboral”, explicó Lara.
Los avisos, de acuerdo a informes de ONG que trabajan en la recuperación de jóvenes objeto de abuso sexual y trata, son uno de los canales de captación más utilizados.
Según la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas el 49% de las víctimas fue reclutado mediante una promesa laboral falsa, el 43% privado de su libertad, el 4% entregado por un familiar y el 3% engañado.