Integrantes del Tribunal Oral Federal fueron amenazados de muerte

Los integrantes del Tribunal Oral Federal de Paraná Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia Carnero, y el fiscal Ignacio Candiotti, sufrieron graves amenazas telefónicas en los últimos días.

El hecho motivó la denuncia del caso ante el juez federal Leandro Ríos y generó la preocupación de autoridades nacionales, quienes ordenaron que personal de Gendarmería se ocupe de las respectivas custodias domiciliarias.

Según Análisis Digital, el acusado de las intimidaciones sería Carlos Montiel, oriundo de Concordia, quien la semana pasada fuera condenado a cuatro años de prisión condicional por trata de personas y existirían elementos técnicos que demostrarían su accionar.

Al parecer Montiel en persona habría llamado a los teléfonos particulares de Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia Carnero en varias instancias y el mensaje mafioso también comprendía al fiscal José Ignacio Candioti. De todos los llamados, únicamente pudo comunicarse con la doctora Berros, a quien amenazó de muerte, días antes de que se conociera la resolución condenatoria.
 

El TOF de Paraná condenó al concordiense Carlos Montiel a la pena de prisión de 4 años por la explotación sexual de una menor misionera, pero aún goza de libertad porque la sentencia no está aún firme. La decisión del Tribunal se conoció la semana pasada, pero antes que ello ocurriera cada uno de los jueces fueron recibiendo, uno a uno, amenazas de muerte en forma telefónica.

“Van a ser boletas si me condenan por la cantidad de años que pidió ese fiscal. Mejor que dicten la falta de mérito”, les habría dicho el propio Montiel a un familiar de la vocal Lilia Carnero y su colega, Noemí Berros, quien incluso entabló un corto diálogo amenazante con el imputado. En ambas oportunidades, también se le envió un mensaje al fiscal José Ignacio Candioti, en igual sentido que a los anteriores, tas algunos llamados infructuosos a idénticos apellidos que figuran en la guía telefónica, pero que nada tienen que ver con el funcionario judicial.

A quien nunca pudo ubicar el intimidante fue al doctor López Arango, pero también le envió un mensaje mafioso a un familiar que atendió el teléfono: “ya sé que no está en Paraná y que se encuentra en…”, mencionando la localidad donde se encontraba en ese momento, en la vecina provincia de Santa Fe.

La magistrada Berros acudió al despacho del juez federal Leandro Ríos y concretó un pormenorizado relato de lo sucedido, tras lo cual se adoptaron una serie de medidas. Incluso, la vocal habría reconocido la voz del amenazador, pero de igual manera se esperaban pericias de voz para determinar si tal registro corresponde al de Montiel. En tanto, se habría podido determinar, en la investigación, que algunos de los llamados fueron realizados por el condenado desde un domicilio de Concordia que, precisamente, fue consignado en la causa como uno de los lugares donde se iba a encontrar, a la espera de la confirmación de la sentencia.

Quien fue puesto en conocimiento de los hechos fue el titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), Marcelo Colombo, quien habría expresado su “preocupación” y ordenó algunas medidas, como la intervención de personal de Gendarmería Nacional en tareas de custodia de los magistrados. Colombo, como se recordará, estuvo la semana pasada en Paraná para analizar temas de su área específica e incluso fue declarado “huésped de honor” por el municipio.

Pese a las graves amenazas, el Tribunal Oral de Paraná condenó a cuatro años de prisión a Carlos Montiel y a 18 meses de prisión condicional a una mujer que colaboró en la captación de una víctima de explotación sexual. Incluso, fue en la lectura de los argumentos de la sentencia que el fiscal Candioti pidió la inmediata detención del acusado “en virtud de los hechos conocidos en los últimos días”, pero se optó por no hacer lugar al planteo.

El tribunal de Paraná entendió acreditada la situación de captación de la víctima de 19 años en un hecho que ocurrió entre el 4 y el 7 de mayo de 2009, cuando una joven radicó una grave denuncia: dijo que un hombre y una mujer la fueron a buscar a su casa en la localidad de San Vicente, provincia de Misiones, bajo la promesa de un trabajo digno, y la llevaron engañada para ejercer la prostitución en el prostíbulo El Desafío, de Concordia.