Informacion General
Viernes 01 de Diciembre de 2017

Pidieron que los bienes del Clan Ale se usen para luchar contra el crimen organizado

Fiscalía solicitó para Rubén y Adolfo Ale, 13 años de cárcel por ser los jefes de una asociación ilícita y lavado de activos

San Miguel.- El fiscal del juicio que se le sigue en Tucumán al denominado Clan Ale solicitó que se condene a los imputados a penas de hasta 13 años de prisión y que los bienes decomisados, entre ellos 60 armas y 5.500 proyectiles, sean entregados a fuerzas de seguridad para la lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado.
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, el fiscal federal Pablo Camuña pidió que se apliquen 13 años de prisión para Rubén y Adolfo Ale, como jefe de la asociación ilícita y lavado de activos, y penas de entre cuatro y 10 años –pero como miembros de la organización– para María Jesús Rivero, Víctor Alberto Suárez, Fabián González, Roberto Oscar Dilascio y Ernesto Santos Catulo. A su vez, pidió que se condene solo por asociación ilícita a Carlos Rolando Ocampos (siete años), a César Marcelo Manca (seis años) y a Sergio Francisco Parrado (tres años), mientras que solicitó cuatro años y medio de prisión para Enrique Lorenzo Chanampa como miembro de la organización y responsable del comercio de estupefacientes. Finalmente, para los otros cinco imputados, el fiscal Camuña solicitó penas de entre dos y cinco años de prisión. "Se probó la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década y de esas actividades se obtuvieron ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generarse una subestructura, cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos", señaló.
En su alegato, Camuña también pidió a los jueces María Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule que se revoquen las excarcelaciones que poseen algunos de los imputados ante el riesgo de fuga existente, debido a la expectativa de pena que tienen los delitos que se les imputan. También reclamó que se decomisen todos los bienes secuestrados en la investigación y que sean entregados a "las estructuras estatales provinciales y federales de lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado". "Esta es una metodología en desarrollo, que se está utilizando a nivel nacional, fundamentalmente en casos de decomisos en causas vinculadas al narcotráfico", sostuvo Camuña, quien estuvo acompañado por su colega ad-hoc Agustín Chit.
Según consta en el expediente, a los Ale les secuestraron 62 armas, 148 vehículos (entre camionetas, autos y motos), 46 inmuebles y más de un millón y medio de pesos que fueron incautados de las distintas cuentas bancarias que tenían los imputados. Por su parte, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, detalló las "actividades delictivas de singular gravedad", como narcotráfico y trata de personas.

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