Concejales sancionaron la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en Paraná

En la última sesión ordinaria del ciclo legislativo 2017 del Concejo Deliberante de la capital entrerriana, el cuerpo legislativo interpeló al secretario General y de Derechos Humanos del municipio, Eduardo Solari, sobre aspectos vinculados al funcionamiento del área a su cargo y, en particular, a actos vinculados a situaciones de violencia contra la mujer, en virtud de un cuestionario elevado por las concejales Cristina Sosa y Stefanía Cora (Frente para la Victoria).

Al invitar al funcionario a responder el interrogatorio de la interpelación a la que fue convocado por el parlamento local, en el marco de lo dispuesto por el Nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos, en su artículo 95, inciso J, la presidente del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, calificó el hecho como "un acto de fortalecimiento institucional en el marco del control republicano de gobierno, por parte del poder legislativo".

La viceintendente explicó que la intención del cuerpo legislativo paranaense fue aguardar que culminara el tiempo electoral, para que dicha interpelación "fuera esencialmente una cuestión de gestión y de fortalecimiento democrático".

"Ojalá esta administración pueda volver a épocas de control republicano, sin miedos, buscando un lugar amigable donde todos podamos rendir cuentas de lo que hacemos con nuestro trabajo", anheló.

En la oportunidad, Etienot recordó que desde la recuperación de la democracia, en el año 1983, ésta es la segunda interpelación que se realiza a un funcionario del municipio, precisando que la primera fue en 1984, al entonces secretario de Hacienda.

La interpelación

Las edilas Sosa y Cora se alternaron en la formulación de las preguntas al secretario General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari, siendo una de las que integraron el cuestionario la vinculada con el funcionamiento de la "Casa de la Mujer".

Al respecto, Solari sostuvo que la misma "funciona plenamente y con absoluta normalidad, desarrollándose allí un trabajo complejo y delicado, el cual se lleva adelante con mucha dedicación por parte de los profesionales que integran el equipo interdisciplinario con que ésta cuenta".

Precisó que en la referida dependencia se alojan mujeres con sus hijos, que en muchos casos han sufrido violencia de género, derivadas por la justicia, y acotó: "También se atiende a mujeres asistidas directamente por la Subsecretaría de la Mujer municipal".

"Viven en la Casa durante las veinticuatro horas, se alimentan e higienizan, siendo atendidas hasta que superan el problema según la justicia nos indica o de acuerdo a la evaluación que hace nuestro equipo interprofesional", explicó.

Situación de funcionarios municipales

El interrogatorio incluyó también preguntas vinculadas al desempeño de funcionarios municipales.

Tal fue el caso del responsable de la planta de clasificación y tratamiento de residuos "Manuel Belgrano", ubicada en el exvolcadero, Guillermo Aizcorbe, acusado de agredir a mujeres que allí se desempeñan.

Solari respondió que al tomarse conocimiento del hecho "éste (por Aizcorbe) fue separado inmediatamente de la planta", acotando que desde el punto de vista administrativo se obró en consecuencia.

Respecto a otro integrante del gabinete municipal, Javier Tenca, responsabilizado de agredir verbalmente a la periodista María Belén Bustamante, de Canal 9 Litoral, indicó que administrativamente no hubo intervención alguna "en razón que Tenca pidió disculpas públicas, las que fueron aceptadas por la periodista".

Con relación a la actitud del exsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Rubén Amaya, quien calificara a la dirigente vecinalista Alicia Glauser de "comunista y atea", Solari hizo público su "profundo cariño y respeto por una mujer que ha sabido llevar con orgullo sus banderas toda la vida", precisando que la Secretaría a su cargo no tomó intervención, ya que a su criterio las afirmaciones de Amaya "no constituyeron un insulto" hacia la persona de Glauser.

Sin embargo reflexionó: "Seguramente nosotros nunca hubiéramos usado estas palabras para hablar así de una persona".

El cuestionario incluyó también una pregunta involucrando a Amaya y al exsubsecretario de Planeamiento, Adrián Bassi, recabando conocer si la Secretaría a su cargo analizó la posibilidad de aplicar un tratamiento o protocolo de actuación "que los limite en sus momentos de agresividad descontrolada".

Sobre el particular, Solari respondió: "Como el interrogatorio no acompaña ningún informe psiquiátrico, ni especifica cuáles fueron los episodios que habrían sido protagonizados por estos dos funcionarios, para nosotros, hechos de tal naturaleza no existen y, en consecuencia, situaciones de agresividad descontrolada".

Al concluir el interrogatorio, el secretario General y de Derechos Humanos Municipal sostuvo: "Este acto que acabamos de protagonizar junto a los ediles, habla muy bien de este cuerpo y de su presidente (Josefina Etienot), pues se trató de una práctica democrática que debiera ser más repetida, pues no solo los concejales, sino también la ciudadanía, deben estar permanentemente enterados de todo lo que se hace en la administración municipal".

"Me voy complacido de haber asistido a esta interpelación, que nos permitió no solo responder las inquietudes de los legisladores, sino también explicar las políticas que se llevan a cabo desde la Subsecretaría de la Mujer, que depende la Secretaría a mi cargo", finalizó Solari.

Leasing por 170 millones de pesos

Durante el plenario, el parlamento municipal dio aprobación a un proyecto de ordenanza elevado por el bloque de Cambiemos, extendiendo de 80 a 170 millones de pesos el importe de una operación de Leasing por parte del Departamento Ejecutivo con "Nación Leasing S.A." u otras entidades financieras.

El monto inicialmente previsto se asignó a operaciones de Leasing para el arrendamiento con opción a compra de rodados, maquinarias y herramientas con destino al equipamiento de distintas dependencias del municipio, para una más eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo.

El presidente de la bancada oficialista, Carlos González, al fundamentar las razones de la ampliación de tal operación financiera indicó que esos mayores recursos se orientarán a la compra de lámparas LED con destino al alumbrado público local, en el marco de un convenio oportunamente celebrado con la empresa "Enersa".

Precisó que "inicialmente se había acordado adquirir por porte del municipio 5.000 unidades LED, cuando Paraná cuenta con 36.000 luminarias y columnas", y comentó: "Quedaba un saldo que debíamos cubrir, y es por ello que ahora se decidió ampliar esa compra en aproximadamente 18.000 lámparas".

González aseveró que la incorporación de esta nueva tecnología tiene la ventaja que con el ahorro del costo de energía que ello traerá aparejado se amortiza el crédito, con lo cual casi se autosustenta el sistema, ya que el Leasing se podrá pagar entre tres y cinco años.

Prohibición del uso de Glifosato en Paraná

Luego de dos cuartos intermedios para analizar el tema, los ediles paranaenses sancionaron por unanimidad una ordenanza, presentada "in voce" por la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), mediante la cual se prohíbe el uso de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados".

Según se fundamenta en el texto normativo, "el objetivo es asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente".