Impulsan una amplia ley de regularización dominial

La Cámara de Diputados analiza aprobar la adhesión a la Ley nacional Nº 24.374. ¿De qué se trata? De abrir un mecanismo amplio de regularización dominial que favorezca a cientos o miles de familias entrerrianas que hoy no cuentan con la posibilidad, o al menos con un acceso sencillo, al mecanismo para regularizar la tenencia de su vivienda, en la que habitan tal vez hace décadas.

La Ley Pierri estableció, en 1994, un mecanismo para que regularicen la situación “los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres  años con anterioridad al 1° de enero de 2009, respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente...”. En la provincia abarca a las viviendas construidas en terrenos fiscales, a muchas casas en localidades del ámbito rural que fueron ganándole espacio al campo, a muchos de los propietarios de las viviendas del desaparecido Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda), entre otros casos.

La norma elaborada entonces por Alberto Pierri es sencilla y especifica en su artículo 6 lo central del procedimiento. Los beneficiarios deberán presentar ante la autoridad de aplicación, una solicitud de acogimiento al régimen, con sus datos personales, las características y ubicación del inmueble, especificando las medidas, linderos y superficies, datos domiciliares y catastrales si los tuviese, y toda documentación o título que obrase en su poder; además de una declaración jurada en la que conste su carácter de poseedor del inmueble, origen de la posesión, año de la que data la misma, y todo otro requisito que prevea la reglamentación. Luego fija los plazos y la forma de corroborar la existencia de eventuales propietarios y la manera en que se otorgará la escritura de propiedad.

Quien advirtió que Entre Ríos nunca adhirió a esa ley, y elaboró el proyecto de adhesión que ayer se trató en comisión, fue el diputado justicialista Diego Lara.

El exintendente de María Grande elaboró un proyecto de ley para adherir a la norma nacional en beneficio de los ocupantes de inmuebles urbanos que sean casa habitación única y permanente, estableciendo como autoridad de aplicación al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios  de la Provincia. Se encargará de implementar el procedimiento establecido en el nombrado artículo 6, a través de una Unidad Ejecutora que “se relacionará con la Escribanía Mayor de Gobierno y los registros notariales habilitados conforme al convenio que se instrumentará con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos, al cual podrán adherir todos los notarios que acepten las condiciones establecidas”.

El proyecto de Lara también establece la gratuidad “en todos los actos y procedimientos que fueren necesarios realizar para el cumplimiento de dichos objetivos y que sean de jurisdicción provincial”. No serán impedimentos para la regularización la existencia de deudas tributarias, impositivas o de tasas que  recaigan sobre el inmueble. Esta excepción tampoco implica la condonación del impuesto Inmobiliario o tasas adeudadas.

Finalmente se indica que la inscripción registral oportuna del título deberá hacerse en los asientos dominiales del folio real y tendrá los efectos del justo título, importando la consolidación del derecho emanado del título inscripto transcurrido el plazo de 10 años desde su registración.

En comisión

Ayer la Comisión de Legislación General de Diputados recibió al director de la Carrera de Especialización en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Luis Daguerre, quien explicó los beneficios de esta legislación. 

Tras la reunión, Lara destacó que además de ser una medida que propende a la justicia social, no escapa del análisis de la situación que existen numerosas familias que permanecen en situación de precariedad respecto de la titularidad de la tierra.

“Siempre han existido impedimentos de diversas índoles que han obstaculizado tanto la necesidad de acceder a una vivienda digna como en la regularización de las propiedades, provocando un vacío en las bases de datos y falta de información en los municipios y en la Dirección Provincial de Catastro, repercutiendo en una correcta determinación del avalúo fiscal provincial. Es decir, que la regularización dominial permite no solo una actualización y uniformidad de la información catastral de la Provincia y de los distintos municipios, sino que  permitirá un incremento en la recaudación de la ATER por el impuesto Inmobiliario y de los municipios a través de las tasas municipales”.

También señaló: “La experiencia demuestra que la concreción de la regularización dominial con la consecuente titularización de la propiedad de la tierra, repercute positivamente en el ánimo del propietario, fomentando a que realice las mejoras, ampliaciones y terminaciones de la vivienda, y por otra parte, permite mejorar la recaudación impositiva de la Provincia ya que se grava en forma directa al titular del inmueble”.