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Identidad: un camino más directo para resolver las dudas

Cuáles son los alcances de la nueva ley que permite el acceso a documentación a personas adoptadas y a quienes dudan sobre su identidad.

Jueves 30 de Abril de 2020

A partir de la sanción de la denominada "Ley de Identidad de Origen", que fue aprobada este miércoles en el Senado y enviada al Ejecutivo para su promulgación, todos los entrerrianos y entrerrianas que necesiten resolver dudas acerca de su identidad podrán hacerlo de modo más directo y ágil. Este derecho alcanza a cualquier persona, independientemente de cuándo haya nacido y de si es adoptada o si sospecha que sus progenitores no son sus verdaderos padres.

La norma establece las respuestas que deberá dar el Estado a quienes tengan dudas sobre su identidad, tanto a quienes podrían haber sido víctimas del plan sistemático de robo de niños durante la dictadura, como a quienes podrían haber sido sustraídos de sus familias de origen en etapas democráticas, como a quienes habiendo sido adoptados legalmente deseen tener información relacionada con sus padres biológicos.

Algunos de los principios generales de la letra de la ley son los siguientes:

  • Toda la información en poder, custodia o bajo control de las entidades obligadas deberá ser accesible para todas las personas que lo requieran.
  • La información requerida debe proporcionarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible.
  • La información debe ser proporcionada con la máxima celeridad.
  • El acceso a la información relacionada a la identidad de origen de la persona interesada debe ser gratuito.
  • Los funcionarios y agentes públicos que intervengan en cualquier fase del tratamiento de la información personal de los interesados, están obligados al secreto profesional.

Por otro lado, la ley estable la creación de un Área de Promoción y Protección del Derecho a la Identidad, conformada por un equipo interdisciplinario, que será la encargada de llevar adelante las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos. Entre ellos: recibir las solicitudes de información y gestionar ante las entidades privadas o públicas que correspondan, el acceso a los diversos registros y archivos.

La información que se deberá aportar es aquella que esté contenida en:

  • Registros de entrada y salida de los hospitales; historias clínicas de parturientas; libros de partos, de nacimientos, de neonatología y de defunciones, archivados en cualquier establecimiento sanitario de gestión pública o privada;
  • Registros de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y/o cualquier otro organismo que pueda proporcionar información relativa a la identificación de las personas;
  • Registros del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf);
  • Actas, legajos y expedientes administrativos y judiciales relativos a guarda, tutela, acogimiento y adopción de niños y niñas de cualquier dependencia de los tres poderes del Estado Provincial y entes descentralizados, autárquicos y organismos municipales;
  • Registros y expedientes de Residencias de Jóvenes, Internados de menores, Casas de Acogida, Congregaciones religiosas, Patronatos y de todo establecimiento que disponga del servicio de internación de personas menores de edad sea de gestión pública o privada;
  • Registros del Registro Único de la Verdad, de la Subsecretaria de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia.
  • Todas las entidades privadas o públicas -oficiales o mixtas- de la Provincia o de los municipios que tengan bajo su resguardo algún tipo de registro vinculado con la identidad de las personas, quedan expresamente comprendidas en los alcances de esta Ley y en sus normas reglamentarias.

Este es el texto completo de la ley:

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Esta ley fue elaborada a partir de un proyecto de investigación denominado “No lo quiero tener más, lo vengo a devolver”, realizada por el equipo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y con la participación de integrantes de organismos de Derechos Humanos. El objeto de estudio fueron los circuitos burocráticos y administrativos de adopciones en Entre Ríos entre 1973 y 1983, a través del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, anteriormente Consejo Provincial del Menor.

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