La idea de instaurar el sistema de juicio por jurados en Entre Ríos quedó en una expresión de deseo. Claro, por ahora. La iniciativa resurgió en el último Congreso Provincial de Derecho realizado en Concordia, cuando una comisión de Derecho Penal exhortó a la Legislatura a darle tratamiento a este instrumento que ya goza de buena salud en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. No es nueva la discusión, ni tampoco el interés en implementar una herramienta que -según los especialistas- favorecería la participación popular y el acceso a un ámbito reservado solamente para expertos en leyes. Esta metodología de enjuiciamiento está prevista en la Constitución nacional desde 1853, e incluso la carta magna provincial lo incluye en su artículo 122, inciso 23, aunque dicha normativa nunca se ha cumplido. En este contexto, el Colegio de Abogados de Entre Ríos se pronunció a favor de esta iniciativa porque sostienen que esta concepción jurídica vendría a darle mayor valor al Poder Judicial, tan vapuleado por las graves denuncias contra dos de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Valga la aclaración, no es la intención de este artículo abordar la conducta de los magistrados. En todo caso, este análisis se orienta a tratar de establecer si el sistema judicial está en condiciones de incorporar a nuevos actores, a la ciudadanía en su conjunto, desde un docente, un ama de casa hasta obreros pueden convertirse en jueces por un día, lo que significaría dar el primer paso en favor de democratizar la Justicia entrerriana.

La institución del juicio por jurado presenta diferentes particularidades, dependiendo del caso a juzgar y el criterio para fallar de los ciudadanos designados para tal fin. Es que de acuerdo a las reglas y procedimientos establecidos para cada distrito, el principal desafío del proceso está puesto en el desempeño de las personas seleccionadas para actuar como jurados. Discernir sobre la prueba, actuar con imparcialidad y además de eso asumir la responsabilidad de formular un veredicto de culpabilidad e inocencia de una persona acusada de un delito. Más allá de analizar su funcionamiento y las ventajas que tendría el nuevo sistema, en Entre Ríos todavía es una cuenta pendiente el tratamiento de un proyecto de este tipo en el Poder Legislativo.

En los dos últimos períodos de la Cámara de Diputados se presentaron dos iniciativas, aunque con el paso de los años perdieron estado parlamentario, por esa razón desde ámbitos colegiados se insiste con esta idea renovadora desde el punto de vista jurídico. De lo discursivo a la práctica hay un largo trecho y en ese tránsito parecen apagarse las buenas intenciones de un grupo de abogados y funcionarios judiciales de la provincia. Sin embargo, información de primera mano asegura que se está pergeñando un nuevo proyecto que alumbraría en el nuevo período de sesiones ordinarias. Avanzar en esta propuesta sería poder derrumbar varios prejuicios, sobre todo aquel que sostiene que el pueblo no está capacitado para juzgar a sus pares y evitar que pueda participar en uno de los poderes. Pero esto será parte del debate que se viene en ámbitos parlamentarios, entre especialistas del Derecho, y por supuesto, en el resto de la comunidad como parte del sistema democrático.