Miradas
Domingo 28 de Octubre de 2018

Un modelo sindical puesto en jaque

El fiscal Dato marcó dos ejes centrales en las situaciones de "aprietes" y actitudes "patoteriles" de parte de dirigentes de UPCN para vencer la voluntad de la directora Trossero.

El conflicto permanente dominaba las relaciones entre la directora del hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, y la conducción del gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en Entre Ríos.

Así quedó demostrado después de la etapa de testimoniales en el juicio oral y público a seis integrantes de la comisión directiva del sindicato y al exministro de Salud provincial, Ariel de la Rosa. Según consta en el expediente de la causa, los hechos ocurrieron entre el 5 y el 7 de junio de 2017, cuando una comitiva gremial viajó hasta Diamante para intentar, a través de "amenazas" y "presiones", que se reincorporara a Yanina Migueles, enfermera y delegada gremial de UPCN.

La trabajadora, que tenía una suplencia extraordinaria desde 2013, resultó cesanteada por la titular del nosocomio aduciendo mal desempeño, lo que generó la desmedida reacción gremial.

Lo que vino a dejar al descubierto este debate, más allá si se determina o no si hubo presiones o amenazas, es la forma de operar que tienen los gremios con mayor representación, con prácticas propias de una forma de hacer política añeja que contradice los principios de estas organizaciones: defender los derechos de los trabajadores.

Allí quizás radica una de las principales razones por la que la clase sindical carga con una alta imagen negativa. "El modelo sindical argentino es autoritario, burocrático y, en muchas ocasiones, violento", escribió en su libro Kamikazes el periodista Reynaldo Sietecase. No quiero generalizar con esta frase, ni abarcar a todos los dirigentes y a su estructura, pero al menos tienen en su forma de conducir métodos reprochables y casi nefastos.

Los acusadores públicos, Gamal Taleb y Laureano Dato, no anduvieron con rodeos cuando tuvieron que formular los fundamentos de su alegato. Dato, un fiscal joven pero que se desenvolvió con autoridad, dijo que se podía resumir en dos ejes centrales: marcó como fundamento principal las situaciones de "aprietes" y actitudes "patoteriles" de parte de dirigentes de UPCN para vencer la voluntad de la directora Trossero que había despedido a una trabajadora que era delegada gremial.

Esa hipótesis fue avalada por la propia Trossero cuando aseguró que desde que asumió en el cargo fue víctima de maltratos y atropellos.

El despido de Migueles generó la violenta reacción de la organización que conduce el diputado José Allende, y de hecho el 7 de junio el grupo integrado por Zarza, Monzón, Domínguez, Suárez y Barreira fue detenido en Diamante en medio de un escándalo.

Otro de los que está siendo juzgado es el exministro de Salud, Ariel de la Rosa, a quien se le imputa el delito de coacción agravada y coacción agravada en autoría. La apertura de esta causa penal y su posterior imputación le significaron a este médico un costo político bastante alto: tuvo que presentar su renuncia a la cartera de Salud, aunque trascendió que su salida habría sido a pedido del gobernador de la provincia Gustavo Bordet.

La participación de De la Rosa en este debate quedó expuesta en el testimonio de la directora del nosocomio diamantino. Trossero, entre lágrimas, contó que el exfuncionario la había amenazado durante una comunicación telefónica en los siguientes términos: "Dejate de joder, no hablés con los medios. Reincorporá a Migueles y hacé lo que yo te diga. No te metás en problemas. Ya te perdoné porque me quisiste pasar por encima y quisiste hablar con el gobernador, así que me debés una".

Esta tarde se conocerán los alegatos de clausura, donde toda la atención estará puesta en la participación de los fiscales, ya que es posible que revisen el monto de la pena pedida durante la etapa de elevación a juicio.

Al menos es una posibilidad que se podría dar cuando desplieguen su valoración del caso para intentar demostrar que se produjeron situaciones de "aprietes" y "amenazas" por parte de los dirigentes sindicales y De la Rosa. Por lo pronto, para el exministro, Zarza, Domínguez, Santamaría y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pidieron siete años y seis meses de prisión. En tanto, para Monzón y Barreira adelantaron que iban a solicitar un año y medio de prisión.

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