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Romper el paradigma de la seguridad

"En los últimos meses se ha hablado bastante de la situación en Concordia, donde ha crecido la violencia con un índice de homicidios alarmante".

Sábado 26 de Octubre de 2019

Todas las políticas en materia de lo que públicamente hoy ha de llamarse seguridad, en las últimas décadas, han fracasado. Sea barriendo el problema debajo de la alfombra o con un marketing de mano dura, la violencia delictiva y el narcotráfico, fundamentalmente, se han mantenido como un mal que afecta a amplios sectores de la sociedad.

En los últimos días, en el marco de la discusión electoral, el tema no ha estado tan presente como en los anteriores comicios presidenciales (será porque a ninguno le ha convenido meterse en el asunto o porque, lógicamente, la situación económica y emergencia social se llevan puesta cualquier otra discusión). Pero al menos se ha escuchado una propuesta que parece ser algo distinta a las alternativas equivocadas que se han implementado, y en un sentido de abordar el problema en serio, con la participación de distintos actores sociales que tienen algo que aportar. Se trata del planteo de crear un Consejo de Seguridad, del cual no se conoce más que el título, pero además, la veda electoral impide divulgar algo de su contenido.

En el absurdo antagonismo de mano dura versus garantismo, se ha perdido, al menos en esta década, la posibilidad de hablar de las causas que han causado muchas tragedias. Y cuando ocurren, nadie puede ver más que la superficie del problema. ¿Qué ha resuelto la doctrina Chocobar en materia de seguridad en estos últimos cuatro años? ¿Qué garantía se protege cuando se devuelve a un adolescente que ha delinquido al lugar donde lo esperan sus regentes?

En los últimos meses se ha hablado bastante de la situación en Concordia, donde ha crecido la violencia con un índice de homicidios alarmante, en un contexto de exclusión y pobreza que aparece en el pico de los índices del Indec. Incluso investigadores que han actuado en algunos de los casos afirmaron, en off, que allí hay una problemática que excede a la Policía a la hora de prevenir. Lo mismo puede observarse en las reuniones que mantienen jefes de comisarías con comisiones vecinales de Paraná. En esas instancias, se observa el reproche a los policías por tal familia o tal grupo que los tiene a mal traer con los robos. Los uniformados culpan a la Justicia que no actúa o que los libera porque son menores, por ejemplo. La discusión entra en un callejón sin salida y el problema casi nunca encuentra solución.

El paradigma debe ser cambiado de raíz. La Policía no puede seguir teniendo el monopolio de la seguridad, cuando hace mucho tiempo que aquello que llamamos inseguridad está atravesado por causas diversas, que ninguna fuerza estatal puede ni debe afrontar, al menos con exclusividad. “Con trabajo para todos se resuelve el problema”, repiten de izquierda a derecha todos los actores políticos. A esta altura es una verdad de Perogrullo, pero una verdad al fin. Lo que no se sabe es qué hacer mientras tanto.

Muy cerca tenemos un ejemplo de cómo podría abordarse el asunto. La provincia de Entre Ríos ha sido pionera en tener un espacio institucional de discusión de políticas educativas a través de un Consejo General de Educación. Es decir, no hay un organismo con rango de Ministerio que tome decisiones en forma unilateral sino un órgano con participación de los diferentes actores que actúan en el ámbito de la educación; más allá de que lo sustancial depende del Poder Ejecutivo. Algo así parece ser la propuesta que se escuchó en el debate presidencial hace una semana en cuanto a la seguridad en la Argentina. Al menos suena como algo superador a las viejas recetas.

En esta provincia hay muchas personas que trabajan en torno a la problemática, en organismos como el Copnaf (sobre todo con el abordaje integral que realiza el área penal), el Coprev (Consejo de Prevención de la Violencia), defensorías, áreas municipales, iglesias y organizaciones sociales. Para replicar aquella propuesta aquí, quizás sea cuestión de juntarlos para abordar los conflictos en forma interdisciplinaria. Esto sí suena a prevenir, mucho más que poner más patrulleros en las calles.

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