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Punto final al saqueo

Por la Hidrovía circula el 20% del transporte de cargas del país y sale el 70% de las exportaciones. El final de la concesión es una oportunidad histórica.

Miércoles 24 de Marzo de 2021

El Ministerio de Transporte, junto con la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y la Marina Mercante, desarrolló la tercera y última reunión de exposiciones de cara a la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Las autoridades señalaron que se analizaron las propuestas provenientes de gobiernos provinciales, universidades nacionales, cámaras representativas del sector, organismos nacionales, fundaciones y mesas de trabajo entre otros.

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La administración de la Hidrovía permite el control sobre un recurso estratégico.

La administración de la Hidrovía permite el control sobre un recurso estratégico.

Es que el 30 de abril vence la concesión otorgada en 1995 por la gestión Menem al consorcio Hidrovía SA para los trabajos de dragado y señalización del Sistema de Navegación Troncal de Argentina, cuyo eje central es la Hidrovía Paraguay-Paraná.

El consorcio está conformado por Jan de Nul, la empresa de origen belga, líder mundial en actividades de dragado, portuaria y marítimas; y la argentina Grupo Emepa, una sociedad lobbista que se caracteriza por manejar varias concesiones de manera desastrosa, como los trenes de carga que unen Buenos Aires con Córdoba y Tucumán, y los ferrocarriles Mitre y Sarmiento. Ambas obtienen doble ingreso: por un lado facturan al Estado por los trabajos de dragado; y por otro cobran los peajes. Un negocio redondo por donde se lo mire, por eso no es de extrañar que varias empresas estén aspirando a obtener la nueva concesión: por el momento, dos holandesas, dos belgas –contando a Jan de Nul– y una china.

Hay que tener en cuenta que por la Hidrovía circula el 20% del transporte de cargas del país y por allí sale el 70% de las exportaciones. Pero, según estimaciones de especialistas en el tema, a través de los puertos privados que bordean el río, anualmente se contrabandean commodities –principalmente, granos, aunque también metales– por un total de 30.000 millones de dólares. Una suma exorbitante por la que el Estado no recibe ni un centavo.

Referentes como Alcira Argumedo, exdiputada del Proyecto Sur, socióloga e investigadora del Conicet; o Carlos del Frade, diputado provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular han alzado sus voces para instalar en la agenda la importancia de recuperar el control del Estado nacional sobre lo que los grandes agroexportadores –pools de siembra, AGD, Cargill, Vicentín, Bunge, Cofco– sacan del país de manera ilegal, dejándonos como contrapartida montes incendiados, pueblos fumigados y otras desgracias socioambientales.

De los 18 puertos del cordón industrial, 15 están privatizados en manos de multinacionales y los controles de cargas son nulos: sólo se basan en las declaraciones juradas de los exportadores; es decir un sistema de confianza ciega en la que nadie sabe a ciencia cierta qué exportan ni cuánta cantidad. Según explicó Argumedo, en los depósitos de los niveles de flotación se reemplaza el agua por granos. Se estima que de esa manera fugan entre 1.000 y 1.500 toneladas por barco. Puesto de esta manera, no es exagerado el afirmar que nuestro comercio exterior es manejado por 15 trasnacionales.

Ahora la concesión –que fue prorrogada por Néstor Kirchner y Mauricio Macri– llega a su inminente vencimiento y con ella se asoma una posibilidad histórica de establecer condiciones favorables a los intereses nacionales y ajustar cuentas con los puertos privados instalados sobre el Paraná: “En el siglo XIX los ingleses y los yankis, juntos, tomaron Malvinas en 1833, y en 1845 los franceses y los ingleses, con la Vuelta de Obligado, iniciaron lo que se llamó la Guerra del Paraná: disciplinaron los puertos del Mar Argentino y de la provincia de Buenos Aires, y después los del Paraná, destruyendo Paraguay. Ahora yo creo que es la gran posibilidad de, por lo menos, rediscutir qué es lo que va a pasar con las ganancias de esas exportadoras”, declaró Del Frade en una entrevista con el sitio Suma Política.

Nadie pide expropiaciones, ni comunismo; pero este Gobierno que se dice nacional y popular puede comenzar a demostrarlo retomando para el Estado el control sobre un recurso estratégico. Es hora de poner punto final a la oda al saqueo que los capitales trasnacionales y el cipayaje autóctono vienen escribiendo desde hace más de 200 años.

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