Corría el año 1996, había más de dos millones de desocupados producto de la “Modernización del Estado” y las privatizaciones que El Riojano no había -ni por asomo- prometido en su campaña presidencial. Estudios sociales dan como origen de los planes sociales en Argentina a una respuesta del gobierno de Carlos Menem al levantamiento de Cutral-Có y Plaza Huincul, en Neuquén, tras la privatización de YPF y todos los conflictos sociales que trajo aparejado, incluida la muerte de Teresa Rodríguez, en 1997. Se creó entonces el Plan Trabajar, al que le siguió el Trabajar I, II y III generalizados hacia las provincias y repartidos por punteros políticos, a través de los intendentes. Eran alrededor de 120.000 pero llegaron a 206.000 un año después, y los desocupados que se quedaron afuera, por no pertenecer a ninguna filiación política, fueron un caldo de cultivo para incipientes organizaciones piqueteras que empezaron a exigir su parte.

(Pero un poco de memoria no estaría mal: Si de dádivas se trata el Programa Alimentario Nacional, más conocido como Caja PAN, incluía en pares, paquetes de leche en polvo, harina, polenta y aceite de girasol, y unidades de fideos, arroz, porotos y carne enlatada, para que una familia en situación vulnerable “tirara un mes”. Fue durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín. En esa época no había memes pero la memoria no olvida ni los chistes ni la discriminación en torno a esa caja rotulada que su portador cargaba como un símbolo de pobreza).

Después de Menem llegó La Alianza. Fernando De la Rúa recortó los planes en plena crisis sin generar empleo. Tuvo su “salario de ciudadanía” muy limitado en alcance y tiempo, condicionado a contraprestaciones que nunca se controlaron. Los repartió a través de ONG y le echó más nafta al fuego de la protesta social que fue in crescendo hasta el estallido de 2001. Antes de dejar el gobierno había decretado un “Sistema Integrado de Protección a la Familia” que nunca llegó a implementarse.

En 2002 Eduardo Duhalde le dio forma al Plan Jefas y Jefes de Hogar que tuvo varias versiones y 2 millones de beneficiarios -desocupados y con hijos en edad escolar. Los bancos fueron los más beneficiados, pues allí comenzó la bancarización compulsiva. El plan exigía una contraprestación de trabajo al titular, muchas eran mujeres. Pero los manejos discrecionales, los retornos que pedían los punteros y la falta de monitoreo fueron corrompiendo el sistema.

En 2006, el presidente Néstor Kirchner reemplazó el "Jefes" por el Plan Familias que era más o menos lo mismo, conducido desde los municipios. Una docena de proyectos se presentaron en el Congreso para darle a los planes un carácter de ingreso ciudadano y universal, pero ninguno prosperó. En 2009, Cristina Fernández dispuso la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un ingreso mensual para menores de 18 años a familias que no contasen con cobertura social y se encontrasen en situación de vulnerabilidad, hasta un límite de cinco hijos por grupo familiar. Para 2015 había 3.500.000 beneficiarios.

A pesar de las críticas a los planes cuando era oposición, en 2016, el gobierno de Mauricio Macri amplió la AUH al integrar a monotributistas y subió los montos, además de crear los planes Primera Infancia, Creer y Crear y Pensión Universal por Adulto Mayor; Ingreso Social con Trabajo y otra veintena de planes. Para 2018, 3 de cada 10 familias argentinas recibían alguna asistencia del Estado, en un contexto con un 33% de desocupación, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Desde 2021 Alberto viene anunciando la conversión de los planes sociales en empleo genuino pero sin ningún resultado. El año pasado había 1,3 millones de personas en el Plan Potenciar Trabajo de las cuales solo 1,2% había pasado a un empleo formal.

“La economía popular es un fenómeno que ha llegado para quedarse", admitió, en junio, Alberto Fernández y la frase avizora una nueva naturalización de la pobreza.

Hay unas 3.200.000 personas anotadas en el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatep) de las cuales casi 60% son mujeres, la mayoría tiene entre 18 a 35 años y más del 60% no tiene el secundario completo. Se estima que estos trabajadores informales son más del doble que los incluidos en este registro si se toman en cuenta los datos arrojados por las personas que se anotaron para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia. Más que un fenómeno, la economía popular es una consecuencia de décadas de políticas sociales y económicas desacertadas.

En este escueto resumen histórico (hubo muchos más planes en este período de 40 años) se evidencia la incapacidad de sucesivos gobiernos de prescindir del círculo vicioso de los planes, que son una manera precaria de subsistencia, que no terminan con el desempleo, que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de las familias ni preparan a las personas para obtener un trabajo formal, que contribuyen -en parte- al estancamiento del empleo privado, como lo demuestran los datos de la década, si se tiene en cuenta el crecimiento de la población.

Se pueden seguir enumerando intentos políticos para paliar la desocupación y la pobreza pero, históricamente, hay un denominador común sobrevolando cualquiera de estos flagelos: el endeudamiento externo y el sometimiento al FMI que muchos desmemoriados atribuyen a gobiernos democráticos, negando el terrible deuda y condicionamiento que le dejó la dictadura cívico militar a la democracia, a partir de 1983.

Hasta el momento, ningún gobierno ni color político ha tenido la capacidad de generar respuestas de trabajo genuino en lugar de propiciar planes asistecialistas, unos más discrecionales y dadivosos que otros, pero todos incapaces de sacar a los sectores más vulnerables de la precariedad. Ninguno ha ayudado a las personas a tomar las riendas de su vida y a dejar de ser rehenes del clientelismo político.