Hoy por Hoy
Viernes 09 de Febrero de 2018

Más Estado de Derecho para frenar las balas

Vivimos días convulsionados con una fuerte campaña a favor de la mano dura. "Hay que soltarle las manos a los policías", repite la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, una y otra vez. La solución parece ser más Luis Chocobar, el policía que mató por la espalda a un joven que supuestamente participó de un violento robo a un turista en La Boca. La eficacia policial en el mundo no se evalúa por la cantidad de muertos que tiene por año, sino por la cantidad de conflictos que logra resolver de manera profesional, o sea, reduciendo al delincuente para que luego un fiscal con las pruebas recolectadas le pida a un juez que lo juzgue y lo condene.
En poco menos de un mes un policía murió en Gualeguaychú a manos del dueño de una casa donde se ejercía la prostitución y se vendía estupefaciente, y lamentablemente otro resultó gravemente herido en Santa Elena por cazadores furtivos. Los entrerrianos no estamos acostumbrados a este tipo de episodios. Si bien el trabajo policial es muy riesgoso, es poco frecuente que un efectivo policial sea baleado. A lo sumo que la información se oculte y estemos ante un problema de dimensiones inimaginables. Sin embargo, hay funcionarios que se encargan de tergiversar la realidad instalando la idea de que durante el kirchnerismo existió un garantismo que llevó a darle impunidad a los delincuentes y que la alternativa a ello es soltarle la mano a la Policía para que actúen sin respetar las reglas. El tire y después pregunte, pero ojo, siempre y cuando el que reciba el tiro no sea un familiar.
La ministra de Seguridad habla de invertir la carga de la prueba y plantea la flexibilización de los controles judiciales y políticos sobre los funcionarios. Sin ponerse colorados y sin ninguna estadística oficial que los avale asegura ante los medios de comunicación que la situación no da para más. Según publicó el CELS "no se sabe cuántos policías mueren cada año porque el Estado nacional y las provincias no publican ese dato". Sin embargo, hay un dato que indica que "en el Área Metropolitana de Buenos Aires más del 70% de los policías muertos desde 1996 estaban fuera de servicio". Por lo tanto, la reducción de la mortalidad policial no dependerá de que puedan disparar sin control, sino de que se trabaje sobre las formas de reaccionar y de intervenir por ejemplo en los policías que no se encuentran en servicio.
Contrario a lo que se cree Argentina está muy lejos de vivir una situación similar a México, Colombia y Brasil, donde los ataques a integrantes de las fuerzas de seguridad es común y los uniformados muertos se cuentan de a cientos. En 2003, que fue el peor año en Argentina, murieron 62 uniformados. En 2013 la cifra bajó a la mitad: 33. Ayer en las redes sociales muchas personas festejaban que un policía del Grupo Halcón había matado a un adolescente de 17 años por la espalda. El oficial, según Clarín, aseguró que el joven le había intentado robar el celular en un semáforo. Le disparó cinco veces y le acertó dos por la espalda, aún cuando estaba desarmado.
Estamos en un momento donde como sociedad tenemos que pedir a los funcionarios encargados del funcionamiento inteligencia, cordura y mesura con sus palabras y acciones a tomar. Entre Ríos tiene la suerte en este momento de tanta sensibilidad de tener a cargo de la conducción política de la cartera de seguridad a una mujer que tiene apego por los derechos humanos y el respeto a las normas. Por eso sería interesante aprovechar este momento para analizar estos episodios y sacar conclusiones que vayan más allá de mandar balas a diestra y siniestra. El jefe de Policía, Gustavo Maslein, al igual que la ministra, tienen la obligación de tomar cartas en el asunto y ver si se están cumpliendo con las directivas de, por ejemplo, cómo se debe concurrir a un operativo. También es importante saber si el personal cuenta con esa indumentaria para trabajar. Uno entiende el dolor que causan las muertes, pero no hay que permitir que ese sufrimiento sea utilizado para instalar un discurso de violación de las normas.

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