Hoy por Hoy
Miércoles 14 de Marzo de 2018

Más cárceles con pobres y menos trabajo

A tono con el clima de época, la provincia avanza con una norma represiva para atacar un problema que se solucionaría en gran medida con la creación de oportunidades de trabajo y educación. Ya es Ley el proyecto para atacar el narcomenudeo. Senadores y diputados han hecho declaraciones elocuentes sobre la problemática del narcotráfico y las adicciones.
La sanción fue unánime, no se escuchó ni una voz crítica respecto de un tema sobre el que pareció mejor posicionarse con discursos políticamente correctos. ¿Quién se puede oponer a que se ataquen los puntos de venta de droga? Nadie, salvo aquel que entienda que esta acción represiva, por más que sea justa en la medida que sanciona un delito, va a traer más dolores de cabeza que soluciones.
En la mayoría de los juicios en el Tribunal Oral Federal de Paraná, se puede observar quiénes son los que pagan con la cárcel. Los hay pudientes y organizadores del negocio, pero son superados por quienes llegaron a vender drogas en sus domicilios como salida fácil y rápida ante la necesidad de un ingreso de dinero para subsistir. Para algunos, el consumo fue una puerta de entrada a la venta; para otros, una conocida y tentadora oferta; también están los que entraron porque todos entran, como si se tratara de algo que está mal porque está prohibido y no por el daño que ocasiona. A una persona que condenaron por narcomenudeo, la excarcelaron y le prohibieron estar cerca de gente vinculada a las drogas. "¿Y cómo hago si todos están metidos?", me preguntó después.
Desocupación, changas, trabajos precarios o mal remunerados, escolaridad incompleta, adicciones, necesidades habitacionales urgentes, son algunas de las condiciones de vida de los encarcelados que se pueden escuchar cuando un juez los interroga. Y todo esto en un contexto cultural donde muchos se identifican, se crea una trama compleja de relaciones y sentidos de pertenencia, allí donde el Estado se ha retirado hace ya mucho tiempo.
Ante las perspectivas de mayor empobrecimiento, no les faltará mano de obra a los empresarios del mundo narco. Irán cayendo los kiosqueros de droga pero habrá quienes los reemplacen. Deberán hacer lugar en las unidades penales, ante el crecimiento de la población carcelaria producto de las razias.
Que no parezca una premonición. En las provincias que adhirieron a la persecución del narcomenudeo, como Córdoba y Buenos Aires, el resultado ha sido espantoso: proliferación de drogas, disputas mortales, grandes narcos impunes y las policías como reguladoras del negocio, con competencias y celos, y la filtración de información de las investigaciones. Un festín para los narcotraficantes.
Hay sectores que están de parabienes. El negocio no será solo de los peces gordos del narco: vendrá dinero de la Nación y se adecuará el presupuesto para cargos policiales y judiciales, de fiscales y defensores. ¿Por qué no se invierte ese dinero en mejorar, capacitar y modernizar la estructura actual? Si con muy poco, cuando quisieron, pudieron dar golpes importantes.
Ni hablar de la inversión en prevención, salud y derechos de niños y adolescentes. Para esto pretenden destinar el dinero decomisado en los procedimientos: es ínfimo e insuficiente lo que puede haber en un kiosco.
Los diputados y senadores provinciales han demostrado que no tienen ni la menor idea del tema sobre el que legislaron. Y si la tienen, han actuado con malicia en pos de decir en la próxima campaña electoral que algo hicieron respecto a uno de los mayores problemas sociales. Malicia y descaro, ya que, tal como se evidenció en varias causas penales en el fuero federal, los partidos gobernantes son los primeros en arreglar con los narcos para caminar los barrios. ¿Tendrán el mismo apuro y preocupación a la hora de pensar una Ley que regule el financiamiento de sus campañas electorales?
De Ángel Giano a Raymundo Kisser, de Diego Lara a Ayelén Acosta, del PJ a la UCR y el PRO. Un acuerdo, la pesada herencia del futuro.

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