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Legalizar, pero antes invertir en salud

Jueves 26 de Diciembre de 2019

Uno de los debates que se vendrán el año próximo y fue anticipado por la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: la despenalización del consumo y cultivo personal de cannabis. A esta altura no se encuentra a casi nadie que esté de acuerdo con la persecución de quien fuma un porro, y en la Justicia se aplica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional el artículo de la Ley Nº 23.737 que asedia esta conducta. Sin embargo, cada vez que surge el asunto de la despenalización, aparecen múltiples posturas que evidencian que aún se trata de un terreno bastante escabroso, y cada una parece tener algo de razón.

“La propuesta del presidente (Alberto Fernández), que nosotros compartimos, es hacer un estudio sobre la posibilidad de regular el consumo y el autocultivo de cannabis. De drogas blandas. No de drogas duras “, dijo Frederic en diálogo con Luis Novaresio, por Radio La Red AM 910. En cambio, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, apuntó a legalizar todas las drogas: “El narcotráfico y el consumo son cosas distintas”, dijo, y agregó que “la consecuencia del narcotráfico no es el consumo” sino “la violencia, la corrupción y la ruptura del orden social de los lugares en donde se enquista el narcotráfico”. Algo muy cierto, aunque queda la incógnita de qué hizo al respecto durante su anterior gestión, cuando esas consecuencias se profundizaron.

Ambos funcionarios coinciden en que “el costo para el Estado de la persecución por tráfico de marihuana es altísimo”, según sostuvo Frederic, y Berni apuntó que “detener a una persona no punible es tiempo, plata y esfuerzo que se pierden”. Tal como se evidencia, por ejemplo, en las actuaciones policiales y judiciales en las numerosas causas que se tramitan aún en la Justicia Federal, y también en la provincial que persigue el narcomenudeo, protagonizado muchísimas veces por consumidores que venden para seguir consumiendo.

La ministra nacional propuso “hacer un debate serio con actores que ya han avanzado, pensar una regulación y tomar los modelos canadiense, de algunos lugares de los Estados Unidos, y el uruguayo para ver en qué medida nos pueden ayudar a nosotros”, y además se metió en un asunto muy discutido en la ciencia y, particularmente, la medicina: “El daño que causa (la marihuana) es menor que el que causa el alcohol”.

El contexto para estos cambios parece favorable. Hace pocos días Ecuador avanzó hacia la legalización del uso medicinal de la marihuana: “La tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o sus derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa no será punible”, sostiene en nuevo artículo del Código Penal.

En algunos ámbitos, sobre todo en sectores populares donde se sienten las consecuencias más crudas de las adicciones, no todos ven con buenos ojos la legalización de las sustancias que arruinan tantas vidas. Quizás porque la sustancia aparece como el problema y no como el síntoma. Pero es lógico el descreimiento ante el argumento de que el consumo de drogas es un asunto de salud pública. Porque algo de esto se viene repitiendo hace muchos años y las políticas de asistencia sanitaria a quienes padecen adicciones están muy lejos de la demanda social.

Las próximas reformas en este asunto, que serían un verdadero cambio de paradigma en la política de drogas en Argentina, no deberían limitarse a modificar una ley y a implementar regulaciones sobre cómo, cuándo, cuánto y dónde una persona podría cultivar una planta o consumir el vegetal.

Si no se acompaña con una inversión tan seria como el debate que se propone en materia de salud pública, a la altura de las necesidades, se trataría de una excelente política en materia de libertades al no criminalizar al consumidor, y también en cuestiones de salud ante la investigación del cannabis para uso terapéutico. Pero miles de jóvenes seguirían a su suerte, y sus familias golpeando puertas por un lugar en alguna institución. Es que sin igualdad en salud, las libertades promovidas son privilegios de quienes puedan solventar la asistencia cuando sea necesaria.

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