Argentina tiene en la desigualdad uno de sus problemas más urgentes, lo que se expresa en numerosos rostros. El 10% más rico del país se reparte el 21,8% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre puja por sobrevivir con el 3,5%, según el último dato del Indec, correspondiente al cuarto trimestre de 2021. Entre un extremo y otro de la pirámide, la brecha de ingresos es de 13 veces. Si bien estos indicadores marcan una mejora respecto de los años anteriores, todavía no se alcanzaron las cifras correspondientes a antes del 2017, es decir, antes de que comenzaran a tener efecto las políticas económicas neoliberales del gobierno de Juntos por el Cambio.

Otra dimensión de la desigualdad es la desproporción que persiste entre los salarios de los varones y de las mujeres: la remuneración media que perciben los varones era en aquel último periodo medido por el Indec de 60.132 pesos y el de las mujeres, de 45.154 pesos.

Las asimetrías entre lo que ganan los asalariados según su formalidad o informalidad y según la actividad en que se desempeñan es otra cara: los trabajadores registrados perciben en general mejores sueldos que los no registrados. A su vez, mientras en algunos sectores de la economía los sindicatos consiguen mejores acuerdos salariales en paritarias, en otros se pagan sueldos muy por debajo de la línea de la pobreza.

Como consecuencia de esta situación, la cuestión de los alquileres, tan debatida en estos tiempos, se convirtió en una problemática de difícil resolución. Sucede que el acceso a la vivienda es otro de los rostros de la desigualdad: muchísimas familias necesitan alquilar para tener un lugar donde vivir –en Entre Ríos se calcula que hay aproximadamente 200.000 inquilinos– y pocos son los propietarios de los inmuebles que se ponen en alquiler. Por lo tanto, quienes fijan las condiciones son los oferentes y quienes deben amoldarse a ellas son los demandantes. Lo que más condiciona a quienes buscan alquilar es el precio que pone el “mercado inmobiliario”, es decir, el precio que decide el propietario en función de lo que estima que es el máximo que el inquilino puede pagar. Si se busca hoy en día entre la oferta publicada en internet por las inmobiliarias de Paraná, se encuentran muy pocas casas y departamentos ofrecidos, en la mayoría de los casos a precios inalcanzables para familias que viven con sueldos medios, a pesar de que el estado de esas viviendas dista de ser el ideal y la falta de mantenimiento es evidente.

Ante la poca oferta y la alta demanda, suben los alquileres. Luego, a la hora de la actualización anual según el índice establecido por la ley vigente, se mantiene la situación en perjuicio de los locatarios. A esto se suman otros elementos como las comisiones que las inmobiliarias le cobran a los inquilinos –por un servicio que se le presta al propietario– y otros desembolsos que son requeridos a la hora de firmar contrato por primera vez o incluso para renovar y que resultan irracionales en el marco de retraso salarial existente.

La Ley de Alquileres está en debate en el Congreso de la Nación, porque a pesar de las diferentes miradas sobre el tema, hay acuerdo en que la norma actual no trajo los beneficios que se esperaban. No obstante, el problema de fondo es la caída del salario real frente a la inflación. Los sueldos medios no alcanzan para llegar a fin de mes –mucho menos los sueldos bajos– y se deslizan por el tobogán frente a la suba de precios. Medido en dólares, fuentes diversas difieren en cuanto a los números, pero coinciden en que los salarios cayeron desde 2015 hasta hoy medidos en dólares. El salario mínimo, vital y móvil se ubica en la actualidad en 38.940 pesos, el equivalente a unos escasos 195 dólares.

En este marco, la especulación del mercado inmobiliario agrava el problema y la ausencia de regulación estatal sobre lo que se cobra termina dando un golpe letal a quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna.