El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, admitió este viernes que la demora en firmar el congelamiento por 90 días de los precios de unos 1.200 productos obedece a la falta de acuerdo con el sector empresario y amenazó con aplicar la ley de abastecimiento si no aceptan la medida anunciada para contrarrestar la inflación.
Inflación: prácticas tramposas y remedios ineficientes
Las medidas contra la inflación nunca dan en la tecla. Da la impresión de que se trata de un fantasma que aparece por obra y gracia de hechizos imposibles de conjurar. Impresiones sobre el anuncio de Roberto Feletti.
Por Luciana Actis
17 de octubre 2021 · 10:10hs
Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira
Se esperaba que en estos días los empresarios ofrecieran una contraoferta. El funcionario les puso plazo hasta el lunes para acordar el congelamiento y, de lo contrario, adelantó que tomará medidas unilaterales como aplicar la ley de abastecimiento o los precios máximos "no consensuados". "Evidentemente si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes, que yo trataba de impedir porque creo en los acuerdos sociales", señaló.
La ley de abastecimiento fue sancionada en 1974 y faculta al Estado Nacional a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. También le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.
El secretario sostuvo que su iniciativa se debe a “la inflación proyectada”, sumado a salarios “por debajo de la canasta básica alimentaria”. “La paritaria no sirvió para que el trabajador tuviera una mejora en el poder adquisitivo de alimentos”, subrayó Roberto Feletti.
Aunque por un cierto período –que, en la práctica, dudo que se extienda durante los 90 días estipulados– puedan traer un mínimo alivio, los congelamientos de precios nunca han servido para controlar la inflación. Son un parche para tapar un dique, y cuando el parche se despega, la corriente arrasa con más fuerza.
Las fórmulas con las que los distintos gobiernos han querido contener la inflación nunca han tenido resultado en este país: da la impresión de que se tratara de un fantasma que aparece por obra y gracia de hechizos imposibles de rastrear y de conjurar.
En lo que todos coinciden es que no es por culpa de los productores. Según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en julio la brecha entre lo que el productor recibió y lo que ese bien cuesta en góndola fue de 5,87 veces en promedio general, aunque en los productos frutihortícolas fue de 6,56.
¿Entonces? El otro día, conversando con un pequeño distribuidor de alimentos de Paraná, obtuve un dato que desconocía, pero que un gobierno no puede desconocer: las grandes fábricas de productos alimenticios –y me refiero a las que elaboran las primeras y segundas marcas más vendidas en el país– obligan a sus clientes a comprar cierta cantidad de absolutamente todos los productos que elaboran en dicho establecimiento fabril, de lo contrario no les venden nada. En este caso específico, se trata de un gigante aceitero, que además elabora productos de maní, como garrapiñada y turrones, entre otros. Y, detalle no menor: monopoliza la compra de la materia prima. “¿De dónde saco yo la cantidad de plata que hay que poner para comprar todo eso? ¿y dónde coloco 50 cajas de maní con chocolate en esta época?”, se preguntaba el distribuidor que sólo necesitaba comprar aceite de girasol.
Dadas las condiciones, los únicos con capacidad para afrontar –y negociar– esos volúmenes de compras y de productos son los grandes supermercados, que al final terminan monopolizando la venta de los mismos y, por ende, su precio. Entonces, ¿por qué no se empieza por controlar esas prácticas tramposas en el segundo eslabón de la cadena productiva?
Y para cerrar, el congelamiento de precios para nada contempla otros dos importantes componentes que suelen comerse el mayor porcentaje de los salarios de un trabajador: los alquileres y los servicios que aumentan exorbitantemente. En un contexto en el que es imposible acceder a la vivienda propia y donde la telefonía e internet están monopolizadas por dos o tres empresas, ¿cómo ponerle un alto al abuso sistemático? Ese será tema para tratar en otra oportunidad.