Miradas
Domingo 06 de Enero de 2019

Iglesia y Estado por separado

Un día antes de que comenzara un juicio para la diócesis católica de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, el cardenal Roger Mahony aceptó un acuerdo extrajudicial por el que debió pagar 660 millones de dólares a 500 personas que fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de esa congregación. El suceso, de 2007, sacudió en especial a las arcas del clero, que enfrentó los pagos. Para entonces, según fuentes reveladas por el diario español El País solamente en Estados Unidos abonaron indemnizaciones por más de 1.400 millones de dólares.
A Mahony le hacía falta el acuerdo si quería evitar el incómodo relato de cientos de víctimas dispuestas a detallar los abusos y la falta de reacción de la Iglesia. El cardenal habría sido llamado a declarar para explicar por qué él personalmente cambiaba de parroquia a los sacerdotes acusados y no comunicaba las denuncias a la Policía. Uno de esos sacerdotes, Michael Stephen Baker, le había confesado a Mahony los abusos que había cometido sobre varios niños. El cardenal trasladó a este sacerdote a 17 parroquias distintas a lo largo de los años, en las que siguió cometiendo abusos sobre más de 20 niños. Tal era la trama de encubrimiento que el 75% de las parroquias de Los Ángeles han estado asignadas en algún momento a un sacerdote acusado de abusos sexuales con el conocimiento de sus superiores.
La bola de nieve se agrandó tanto que acabó por aplastar la credibilidad de religiosos en todos los continentes. En la provincia conmovieron los procesos a Justo Ilarraz y Escobar Gaviria, pero no fueron más que emergentes. Aquí no hubo arreglo económico extrajudicial para apagar la voz de las víctimas, y luego de las condenas penales se abre el juego para pedir el justo resarcimiento económico para los que sufrieron los ataques sexuales de los delincuentes.
En ese escenario, Francisco eligió el camino de no entorpecer las investigaciones judiciales y denunciar él mismo los abusos. No fue suficiente, y en más de una oportunidad volvió sobre sus propios pasos para ser más vehemente, como en su visita pastoral a Chile. Las quejas por su tibieza al declarar merecieron que el pontífice acusara recibo y multiplicara su energía al pedir acción y condenar a los culpables. Pero el viernes otra vez le estalló una bomba diplomática y política.
La agencia AP informó que el Vaticano confirmó que un obispo argentino que renunció en 2017 por motivos de salud y luego obtuvo un importante trabajo administrativo en la santa sede se encuentra bajo investigación luego de que sacerdotes lo acusaran de abuso sexual. El portavoz vaticano, Alessandro Gisotti, subrayó que las acusaciones contra el obispo Gustavo Zanchetta, exobispo de Orán, surgieron en los últimos meses, casi un año después de que Francisco creara la nueva posición para él como asesor de la oficina financiera de la santa sede.
Un problema más que se suma a la mochila del jefe de la Iglesia, que parece signado a responder con palabras ante la sucesión de denuncias por abusos, violaciones y ataques sexuales de sus conducidos. Y a ese escenario se incorpora la obligación de dar satisfacción también a las demandas por daños físicos y psíquicos de las víctimas. El combo constituye una razón más para abordar políticamente la opción de separar en la Argentina a la Iglesia del Estado.

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