Miradas

Hay que escuchar a la gente

Entre la frialdad de la discusión política y las necesidades de la gente, los gobernantes siguen enfocados en la rosca. Demandas sociales que no pueden esperar.

Martes 22 de Noviembre de 2022

La discusión política en Entre Ríos está más fría que nunca. Y me refiero al debate en términos electorales respecto de las propuestas que tiene cada uno de los partidos y sus precandidatos para la provincia que viene. Sobran los postulantes pero lo que faltan son propuestas serias que atiendan las necesidades básicas de la gente, que giran en torno al aspecto educativo, la creciente demanda laboral y por mejores salarios, y una respuesta para los problemas estructurales en la prestación de servicios. Es una realidad que está a la vista de todos.

Por más que se quiera pregonar el alcance del plan de obras de la actual gestión, sobre todo en las ciudades de mayor densidad poblacional como lo son Paraná y Concordia, la otra cara de la moneda es el sostenido avance de la pobreza en esos dos grandes centros urbanos. La pobreza estructural es un problema que excede al actual gobierno, pero que en el fondo expone la falta de voluntad política para diseñar medidas que puedan revertir un proceso de exclusión de miles de cientos de entrerrianos. La oposición –que como único argumento sostiene que el PJ es Gobierno hace 20 años– también es responsable por los entrerrianos que se quedaron fuera del sistema.

En el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se refleja un estado de situación angustiante: si bien la medición del índice de pobreza tuvo un leve descenso en Concordia, es una cifra que sigue siendo preocupante. En el primer semestre de 2022 en ese departamento entrerriano la situación de pobreza pasó del 51,1% al 49,2% en comparación con el mismo período de hace un año.

En ese relevamiento también se dio a conocer el estado de situación, que abarca a la capital entrerriana y a las localidades de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda. Allí, la pobreza registró un descenso al compararlo con el mismo período de 2021 al pasar del 37% al 35,3%.

El diagnóstico, por donde se lo mire, es realmente dramático, y en cierta medida lo que sucede en Entre Ríos es un pequeño recorte de lo que sucede a nivel nacional..

Mientras tanto los dirigentes que nos gobiernan, o los que aspiran a sucederlos, pregonan una agenda de temas que lejos está de los intereses de la gente.

¿Cuáles son esos temas? Pasemos lista.

La estrategia del oficialismo provincial fue siempre la misma: manejarse con cautela y guiarse por el plan programático de su líder natural dentro del Partido Justicialista.

El gobernador Gustavo Bordet es quien marca el camino cuando se trata de propuestas electorales, y en esa línea se ha instalado con fuerza la posibilidad de reformar el sistema electoral. Si se hiciera una encuesta entre los entrerrianos seguramente la mayoría no pondría reparos en que se hicieran cambios, porque a decir verdad a la mayoría no le interesa.

La idea que está ganando adhesiones en el partido es implementar el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones provinciales, así por lo menos le dejaron trascender fuentes allegadas al gobernador.

La oposición se presta al juego de la pirotecnia verbal, en relación a la conveniencia o no de cambiar las reglas del juego del sistema electoral, pero relega a un segundo plano las verdaderas preocupaciones de la gente.

La ciudadanía necesita que se escuchen sus problemas y que la clase política –que se jacta de transformar con sus decisiones la realidad social–, pueda tomar esas inquietudes. El sistema educativo siempre expone sus debilidades en relación a la posibilidad de reducir el margen de deserción escolar en todos los grupos etarios. Un mayor presupuesto educativo, garantizar más días de clases y seguir atendiendo las demandas edilicias de las escuelas, son medidas que tienden a fortalecer la calidad de la enseñanza.

Se demanda trabajo, pero que sea de calidad. Las oportunidades son pocas y el acceso al mercado laboral es un sueño para pocos: las empresas sólo incorporan mano de obra calificada, mientras que el sector público no tiene como política ampliar su planta de personal.

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